También en Inglaterra, todas y cada una de las acusaciones presentadas en virtud de los poderes extraordinarios introducidos al comienzo de la pandemia de coronavirus han sido ilegales, según los datos de la Fiscalía de la Corona.
Las 292 acusaciones en virtud de la Ley sobre el Coronavirus han sido retiradas de los tribunales, o anulados después de que personas inocentes fueran acusadas ilegalmente.
Los poderes que permiten a la policía procesar a cualquier persona “potencialmente infecciosa que se niegue a cumplir una instrucción legal” se han aplicado ilegalmente en muchos de los casos.
Uno de ellos se refería a una mujer de 41 años, Marie Dinou, que fue acusada erróneamente y multada con 660 libras en virtud de las leyes sobre el coronavirus después de que se negara a entregar a la policía su nombre, su dirección o los motivos de su viaje cuando supuestamente “merodeaba por los andenes” de la estación central de Newcastle.
La policía británica de transportes admitió que había sido acusada bajo la sección incorrecta de la Ley de Coronavirus del año pasado.
Alistair Carmichael, el portavoz de asuntos de interior del Partido Liberal Demócrata, que destacó las cifras, dijo que la Ley debería ser derogada, ya que los poderes bajo ella eran “desproporcionados, mal pensados y confusos”.
Posteriormente se introdujeron conjuntos de leyes separadas, conocidos como Reglamentos de Protección de la Salud, para imponer confinamientos, restricciones a las reuniones, uso de mascarillas, cuarentenas y otras medidas represivas.
Los datos de la Fiscalía muestran que 389 acusaciones bajo el Reglamento de Protección de la Salud también habían sido ilegales entre marzo de 2020 y marzo de 2021, el 20 por ciento del total de 1.920 casos.
En general, se identificaron 691 acusaciones incorrectas de 2.212 procesamientos utilizando todas las leyes extraordinarias, lo que significa que casi un tercio (31 por ciento) fue ilegal.
Las presuntas infracciones de las leyes sobre coronavirus se castigan principalmente con multas en lugar de detenciones y procesamientos, pero las multas que no se pagan pueden dar lugar a una acusación penal.
A principios de este año, la Comisión Mixta de Derechos Humanos del Parlamento pidió que se revisaran las más de 85.000 multas impuestas.
Los diputados afirmaron que, a pesar de que las multas por algunos delitos alcanzan las 10.000 libras esterlinas, había “altos índices de error” en su emisión y un impacto desproporcionado en diferentes grupos.
“Es posible que muchas más sanciones hayan sido pagadas por personas demasiado intimidadas por la perspectiva de un juicio penal como para arriesgarse a impugnar su multa mediante un proceso penal”, añadió la comisión.
El mismo informe afirma que resulta asombroso que la Ley del Coronavirus siguiera siendo utilizada de forma abusiva en los procesos judiciales.
—https://www.telegraph.co.uk/news/2021/09/17/every-prosecution-emergency-covid-powers-wrong-official-review/