El hotel en el que se alojó Snowden en Hong Kong. / AFP
El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado el proceso para acusar a Edward Snowden, el joven espía que desveló programas de vigilancia de las comunicaciones, de graves cargos de violación de secretos de estado, lo que podría costarle muchos años de cárcel, en caso de que antes pudiera ser detenido y juzgado en este país. Mientras tanto, el caso está provocando una reconsideración sobre los métodos de los servicios de espionaje y el manejo de los programas secretos.
La Casa Blanca sigue sin anticipar su estrategia para responder aSnowden o a los informes que desveló. El portavoz presidencial, Jay Carney, se remitió ayer a las declaraciones hechas anteriormente por el Director de Inteligencia Nacional, James Clapper, quien advirtió que “cualquier persona que tiene acceso a datos de seguridad sabe que tiene la obligación de proteger esa información y obedecer la ley”.
Snowden, probablemente, firmó con la empresa para que la trabajaba, Booz Allen Hamilton –un poderoso contratista en misiones de espionaje del Gobierno-, un acuerdo de mantener en secreto sus averiguaciones. Pero, aunque no hubiera sido así, existen numerosas leyes a las que las autoridades podrían acogerse para procesarle por diversos delitos.
Expertos legales del Departamento de Justicia trabajan junto a especialistas del FBI, según medios de comunicación norteamericanos, para construir el caso contra Snowden, paso previo a solicitar su extradición a Hong Kong o a otro país en el que pueda encontrarse. Pese a que Hong Kong es parte de China, mantiene algunas excepciones, como sus acuerdos de extradiciones, existentes desde su tiempo de colonia británica.
Los funcionarios citados en la prensa expresan pocas dudas de que el Gobierno no tiene otra alternativa más que la de perseguir a Snowden, y que, seguramente, será castigado de forma severa. Su caso, no obstante, es más complicado jurídicamente que el de Bradley Manning, el soldado que facilitó secretos a Wikileaks, ya que tendría que ser tramitado por la justicia ordinaria, con más garantías y recursos que la jurisdicción castrense. Para Manning, el fiscal ha solicitado la cadena perpetua por facilitar ayuda al enemigo, una acusación que no será tan fácil de sostener contra Snowden.
En las revelaciones de Wikileaks podría argumentarse que se pusieron en riesgo las vidas de algunas personas que trabajaban en beneficio de la seguridad de EE UU. No se ve cómo puede aludirse a eso en los secretos hechos públicos por Snowden, que únicamente tienen que ver con el espionaje de llamadas telefónicas y comunicaciones por Internet en EE UU y otros países del mundo. El propio Snowden afirma en su entrevista con The Guardian que, entre los secretos a los que tuvo acceso, seleccionó únicamente aquellos que no hacían peligrar a nadie.
Este asunto tiene otras muchas implicaciones que tardarán tiempo en concretarse. Una de ellas es la de la facilidad con la que un subcontratado de la Agencia Nacional de Seguridad y de la CIA pudo acceder a programas de espionaje que se supone del conocimiento de unos pocos.
Aunque la Dirección de la Inteligencia Nacional ha iniciado ya una investigación para responder a esa inquietud, los expertos anticipan una mayor restricción de la información clasificada a círculos más pequeños. Después del 11-S y los errores que se detectaron respecto a la falta de conocimiento de parte de ciertas agencias de seguridad sobre los datos reunidos por otras, se decidió facilitar el intercambio de información y el acceso a los archivos. Lo más probable es que ahora los servicios de inteligencia comiencen a moverse en dirección contraria, lo que no es vaticinio de más transparencia sino de más secretismo.
Por otra parte, el conocimiento público de estos programas de vigilancia ha despertado un debate sobre la necesidad de renovar la arquitectura de inteligencia puesta en marcha por medio de la Ley Patriótica, aprobada tras el 11-S. Tanto el control telefónico como el rastreo en Internet está legalmente amparado por esa ley, sobre cuya vigencia quieren debatir varios congresistas, a lo que no se opone la Casa Blanca.
Otro de los instrumentos discutibles que han aparecido sobre la mesa en esta crisis es el del tribunal secreto que firma las autorizaciones para ese tipo de actividades secretas. Ese tribunal, conocido como FISA, por las siglas en inglés de Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, no es de la época de George Bush. Fue creado en 1978 para disponer de cierto control judicial sobre los servicios secretos. Los jueces que lo integran están permanentemente en servicio para el momento en que un funcionario del Gobierno requiera una autorización para una actuación secreta. Formalmente, las peticiones se analizan y estudian, pero, en la práctica, casi siempre son actuaciones urgentes que requieren una autorización rápida, que casi siempre se otorga. Un grupo de ocho congresistas de ambos partidos ha introducido ahora una ley para hacer públicas algunas de las decisiones de ese órgano judicial, lo que incluiría conocer programas como el Prisma para el espionaje en Internet o el del control de las llamadas telefónicas.