La Comisión Europea se defiende de la acusación de que se plegó a Washington para no dañar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos
La utilización de datos de comunicaciones de ciudadanos europeos amenaza con enturbiar las relaciones con EE.UU., en un momento especialmente sensible. Tal vez por ello la Comisión Europea calificó ayer de «extraña» la información aparecida en la prensa británica –«y aún más extraño el momento elegido para publicarlo»–, según la cual la Administración norteamericana logró gracias a presiones diplomáticas que la UE no incluyese en su propuesta legislativa de protección de datos una cláusula que habría obstaculizado el ciberespionaje masivo realizado por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) norteamericana.
La portavoz de la vicepresidenta Viviane Reding intentó desmentir esas informaciones recordando que la propuesta legislativa que está sobre la mesa establece que las empresas y autoridades estadounidenses tienen que cumplir las mismas reglas que las europeas en sus relaciones con ciudadanos comunitarios.
«Sí, es cierto que hubo inmensas presiones. No es un secreto que cuando presentamos nuestras propuestas hubo una grandísima ofensiva de grupos de presión norteamericanos, incluidas las autoridades, pero la Comisión se mantuvo firme y las presentó el 25 de febrero de 2012 después de aprobarlas por unanimidad», dijo Mina Andreeva, portavoz de la vicepresidenta y comisaria de Justicia, Viviane Reding, que este miércoles envió una carta al fiscal general norteamericano Eric Holder urgiéndole a que le proporcione «clarificaciones y explicaciones sobre el programa Prisma u otros similares que impliquen recopilación de datos así como sobre las leyes que lo autorizan».
Reding, combativa
A la vicepresidenta Reding se le atribuye la intención de suceder a José Manuel Barroso como presidente de la Comisión Europea en 2014, lo que explicaría su actitud más combativa en un asunto tan emblemático. A diferencia de otros comisarios que, según la prensa británica y norteamericana, se mostraron más receptivos con las presiones norteamericanas y tienen un especial interés en las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio. En todo caso, la respuesta oficial del ejecutivo comunitario se esfuerza en subrayar que las presiones de EE.UU. «no lograron lo que querían».
El diario «Financial Times», sin embargo, asegura que altos representantes norteamericanos visitaron Bruselas repetidas veces, hasta conseguir que la Comisión renunciase a presentar una cláusula legislativa especialmente concebida para obstaculizar el ciberespionaje masivo en la UE. Entre las autoridades estadounidenses que presionaron en Bruselas se encuentran Janet Napolitano, secretaria de seguridad interior, y Cameron Kerry, asesor de comercio y hermano del secretario de Estado, John Kerry. La mayor parte de los comisarios se plegaron a las demandas estadounidenses con el argumento de que la prioridad en estos momentos es la negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, según el diario.
Servicios «nube»
Pero la portavoz de Reding insistió en que la normativa europea deja «absolutamente claro» que las empresas estadounidenses tendrán que cumplir la ley comunitaria al ofrecer sus bienes y servicios a ciudadanos europeos, y que las eventuales solicitudes por parte de agencias de seguridad de países no comunitarios para tener acceso a datos de ciudadanos europeos «tendrían que ser canalizadas a través del marco legal existente». Según Andreeva, la propuesta de la Comisión va incluso más allá e incluye la aplicación de las mismas normas para los proveedores de servicios de almacenamiento, conocidos como «nube», que pueden encontrarse en cualquier parte del mundo o en ninguna y cuyos gestores estaban «ferozmente» empeñados en que no se aplicase la normativa europea que regula el derecho a ser «olvidado» en internet.
Hoy precisamente está previsto que los representantes de los gobiernos decidan otorgarle a la Comisión el mandato para negociar con EE.UU. un tratado de libre comercio, en el que los aspectos relacionados con internet y la industria digital están en primer plano, no solo por la cuestión de la protección de datos, sino también porque países como Francia tienen miedo de que el acuerdo provoque una invasión cultural del inglés.