La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que el Gobierno prepara una norma que favorece a la industria alimentaria en contra de los consumidores. Las presiones de la industria para evitar que la OCU destape nuevos escándalos y fraudes alimentarios dan como resultado una norma que limita el derecho de los consumidores a la información.

El Ejecutivo ha introducido una disposición adicional en la Ley de Cadena Alimentaria que va a hacer prácticamente imposible que se realicen análisis comparativos de alimentos en España, explican desde la OCU.

Con la excusa de que la imagen de la industria alimentaria sale perjudicada con la publicación de análisis comparativos, el Gobierno se pliega a sus intereses proponiendo una legislación que OCU considera un ataque frontal al derecho fundamental a la libertad de expresión y al derecho del consumidor a estar bien informado.

Los últimos escándalos en materia de alimentación destapados por la OCU en España no han gustado nada a Agricultura y esta disposición es la respuesta. La calidad de la leche, el fraude del aceite de oliva virgen extra o las hamburguesas con carne de caballo no han concluido en expedientes sancionadores sino todo lo contrario. El Gobierno pretende que este tipo de análisis no se vuelva a realizar y los consumidores adquieran los productos con la información interesada que les da la propia industria.

OCU añade que no existe ninguna disposición similar en Europa. Los consumidores europeos reciben y valoran este tipo de información y realizan sus compras en base a las calificaciones obtenidas por las diferentes marcas. Para finalizar, OCU recuerda que durante décadas las organizaciones de consumidores han demostrado el respeto a los principios de transparencia, contradicción y veracidad de la información que han publicado a través de sus canales de información. La industria alimentaria tiene ocasión de pronunciarse antes de la publicación de los resultados de un estudio y, en cualquier caso, cuenta con los tribunales de justicia para hacer valer sus derechos.

En este sentido, desde que en 1980 comenzara a realizar análisis comparativos, la OCU recuerda que nunca ha sido condenada en un procedimiento judicial por publicar información no veraz.

es una medida q se implantara en toda europa empezando por españa , mas tarde se esparcira por todo el mundo..