La Agencia Tributaria ha comenzado a enviar cartas a los españoles que emigraron a países como Francia y Alemania. Les reclama que paguen impuestos por las pensiones que consolidaron en el extranjero. El fisco ha requirido información a Alemania, Francia, Suiza, Noruega y ha pedido datos, además, a Holanda y Latinoamérica. Como media, exige 10.000 euros por contribuyente en concepto de impuestos y atrasos.
Los marineros de Galicia y Asturias y los pescadores de Murcia que en los años 60 y 70 salieron de España para sacar adelante a sus familias son el último objetivo de la Agencia Tributaria. Desde hace unos meses están recibiendo cartas en las que Hacienda les exige el pago de las pensiones que han consolidado en el extranjero. El fisco les reclama no sólo el pago de impuestos sino también intereses de demora y sanciones por no haberlas declarado hasta ahora, en total, entre 10.000 y 15.000 euros por cada jubilado emigrado que decidió regresar a su país.
“La falta de dinero obliga a aplicar de forma estricta la ley”, dijo a los afectados el delegado de Hacienda
Hacienda nunca había reclamado esas pensiones pero –según transmitió el Delegado de la Agencia Tributaria en A Coruña a los afectados—“la falta de dinero obliga a aplicar de forma estricta la letra de la ley”. Según esa ley, los jubilados que cobran menos de 22.500 euros brutos al año no tienen que presentar la declaración. Pero si los contribuyentes tienen dos pagadores, la Agencia Tributaria exige el pago de impuestos a partir de los 11.200 euros anuales. Hacienda considera que quienes perciben fondos de la Seguridad Social española y de algún sistema de protección social extranjero tiene dos pagadores y, por tanto, debe abonar esos impuestos así como las sanciones que corresponden a los ejercicios pasados en los que no se reclamaban y que alcanzan el 50%.
La Agencia Tributaria ha enviado ya cartas a los jubilados de Galicia, Asturias y Murcia que emigraron a Alemania, Francia, Suiza y Noruega y está requiriendo información a quienes se mudaron a Holanda y Latinoamérica. Aunque hasta ahora nunca había reclamado esos fondos, el fisco ha cambiado de criterio con la crisis y está enviando cartas en las que da diez días de plazo para abonar cuantías que rondan los entre 10.000 y 15.000 euros pero que llegan a alcanzar los 110.000 euros en algunos casos.
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Los afectados superan los 80 años de edad
Maruchi Alba es la hija de una de las jubiladas que ha recibido la carta. Su madre vivió 40 años como emigrante en Alemania y decidió regresar a su país para jubilarse. Al cumplir los 65 años, las oficinas de Hacienda en la comarca del Morrazo le indicaron que no tenía que declarar la parte de su pensión alemana. Ahora, al cumplir 86 años, Hacienda le reclama 15.000 euros por los ejercicios de 2008 a 2011.
El caso de Amoedo es todavía más sangrante. Emigró a Suiza cuando en España apretaba el hambre y trabajó allí para sacar adelante a su familia. Un accidente le dejó allí inválido y la caja de seguros suiza tramitó su indemnización como a los demás trabajadores residentes del país. En su vejez decidió volver a Ponte Areas. Y allí le espera ahora una reclamación de Hacienda que le exige nada menos que 110.000 euros.
Hasta el momento, el número de afectados supera los 2.000 en las tres autonomías. Pero la cifra puede ser mucho más alta, advierten algunos de los afectados. “La gente tiene vergüenza de que se sepa que no pagó”, asegura Maruchi Alba.
Hacienda promete flexibilidad pero exige pagos
Los afectados son vecinos de las comunidades que más emigraron en los últimos años de la dictadura franquista: Galicia, Asturias y, en menor medida, Murcia y Andalucía. Algunos de ellos han constituido ya asociaciones vecinales para hablar con Hacienda como la Asociación de Emigrantes Retornados del Morrazo.
En dos reuniones con los representantes del ministerio celebradas los pasados 13 de mayo con la jefa provincial de la Agencia Tributaria en Pontevedra y 15 días más tarde con el Delegado de la Agencia en A Coruña, el fisco expresó su disposición a flexibilizar la exigencia de pagos. Sin embargo, esa promesa no se materializó. De hecho, según los afectados, incluso quienes ya se han avenido a pagar voluntariamente están recibiendo nuevas cartas en las que se les reclaman intereses de demora y sanciones.