Más de 9 millones de hectáreas pertenecientes a campesinos e indígenas en Argentina son pretendidas por el sector privado o estatal, según un estudio publicado por el Ministerio de Agricultura.

El informe señala que la tierra en disputa supera en 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los conflictos afectan a 63.843 personas.

Además, indica que en la mitad de los casos las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos y que el 64% de los conflictos comenzaron en las últimas dos décadas.

Entre las conclusiones del informe se destaca la “necesidad de implementar pasos políticos para acabar con la exclusión social en el campo”.

Por su parte, el investigador Rolando Núñez afirma que existe “toda una trama” que detecta a los pequeños productores en situaciones de crisis económica y les hace vender o abandonar sus tierras.

“Se acercan a ellos, les prometen pagar buen precio, y cuando aceptan, los desalojan inmediatamente”, explica el investigador, agregando que “cuando no aceptan, comienzan con la segunda estrategia, que es el hostigamiento”.

Muchas veces, indica Núñez, recurren directamente “a la violencia, a la presión, a la intimidación e incluso a los castigos”.

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