Por Thomas Gaist
En medio de las crecientes acusaciones y amenazas contra Edward Snowden (el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional convertido en denunciante), y en contra de Rusia, que concedió asilo temporal a Snowden este jueves, el gobierno de Barack Obama emitió una “alerta global” que derivó en el cierre de las embajadas de Estados Unidos en Tripoli, El Cairo, Tel Aviv, Bagdad, Riad y Doha, a raíz de supuestas amenazas de ataques de Al Qaeda.
En total, 22 embajadas y consulados serán cerrados. La alarma cubre todo Medio Oriente. Declaraciones oficiales han señalado que un contacto desde Yemen – el mismo país que ha sido víctima de bombardeos de drones estadounidenses – entregó información sobre la posibilidad de un ataque terrorista contra las sedes diplomáticas norteamericanas.
Las tres cadenas de televisión más grandes de Estados Unidos repletaron sus reportes con las afirmaciones del gobierno, otorgándoles cobertura acrítica pese a la carencia de un sustento detallado sobre la alerta. Los “expertos” en terrorismo aparecieron en pantalla, como siempre, para concitar la alarma pública.
Ninguna de las aseveraciones del gobierno debiera tomarse en serio. Coincidentemente, éstas ocurren luego de saberse el amplio apoyo popular concedido a Snowden, quien está siendo perseguido por el gobierno de Obama tras filtrar detalles sobre programas secretos de vigilancia que invaden la privacidad, y violan los derechos civiles de los estadounidenses y de millones de personas alrededor del mundo.
El pasado jueves, una encuesta confeccionada por Quinnipiac reveló que el 55% de los estadounidenses cree que Snowden es denunció delitos, mientras que el 34% piensa que es un espía o un traidor, en sintonía con el gobierno. Semanas de comunicados oficiales de Obama, altos funcionarios de inteligencia y políticos de ambos partidos, diciendo que las operaciones de espionaje son necesarias para combatir las amenazas terroristas, han sido obviamente rechazadas por la ciudadanía. Existe razón para pensar que la histeria del viernes corresponde a una estrategia que pretende desorientar y disipar la oposición a los programas ilegales e inconstitucionales de espionaje.
La administración Obama ha amenazado con cancelar una reunión planificada entre Obama y el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, luego de la próxima cumbre del G20 en St. Petersburg. Esta sería una forma de represalia contra Rusia por conceder el asilo temporal a Edward Snowden.
La decisión de Rusia de permitir que Snowden abandonara el aeropuerto de Moscú, en el que había estado confinado por más de un mes, y se dispusiera a vivir en el país durante el menos un año, provocó la furia del establishment político norteamericano. “Obviamente, no es un avance positivo”, dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, el pasado jueves. “Estamos evaluando la utilidad de una cumbre”.
El senador demócrata Charles Schumer de Nueva York dijo que Snowden era un “cobarde”, y denunció a Rusia por “apuñalarnos por la espalda”. El senador republicano Tom Coburn de Oklahoma dijo que Snowden era “un traidor a nuestro país”.
Con respecto a la decisión de asilo, Low Snowden, padre de Edward, declaró a CBS: “Es algo honorable de hacer, y no sólo como un ciudadano de Estados Unidos, sino como un ciudadano global de este planeta, un ocupante de la Tierra, así que estoy agradecido por lo que han hecho por mi hijo”.
“Como ya saben, él (Snowden) está recibiendo amenazas del gobierno de Estados Unidos cada día”, declaró Anatoly Kucherena, el abogado ruso que facilitó el requerimiento de asilo de Snowden. “La situación se está agitando… El asunto de la seguridad personal es uno bien serio para él”. Esta preocupación por la seguridad coartará los movimientos de Snowden, según Kucherena. “No podrá ir a caminar a la Plaza Roja o ir a pescar”, agregó.
La alerta terrorista del viernes se produce en medio de una campaña propagandística del gobierno para disfrazar los programas de espionaje como legales, necesarios y ya sometidos al monitoreo del Congreso. Esta semana, el Comité Judicial del Senado celebró una audiencia para escuchar el testimonio de altos oficiales de la NSA y el Departamento de Justicia en relación a los programas. La sesión recalcó la falta de “transparencia” y “fiscalización” de algunos senadores del comité, haciendo ver la falta de una oposición seria en el Congreso y la complicidad de ambos partidos y las cortes en la construcción paulatina del estado policial.
Años antes que The Guardian publicara los documentos filtrados por Snowden, el Congreso ya había sido informado sobre los programas de la NSA. Los senadores del Partido Demócrata, Mark Udall de Colorado y Ron Wyden de Oregon, han sido descritos como adversarios de la vigilancia de la NSA y defensores de las libertades civiles. Sin embargo, éstos no han representado ningún desafío serio para los programas o agencias de inteligencia que los realizan.
Su presunta oposición es cobarde y posee un doble estándar. Ninguno de ellos votó en contra de la confirmación, esta semana, de James Comey, un ex funcionario de Bush en el Departamento de Justicia que respaldó la tortura y los programas de espionaje de la NSA, para fungir como el nuevo director del FBI.
En una reciente reunión entre los congresistas “opositores” de la vigilancia y el presidente Obama, Wyden propuso la designación de un “abogado de la privacidad y los derechos civiles” para integrar la corte secreta que revisa los requerimientos de vigilancia. Los parlamentarios sólo proponen medidas para dar un marco de legalidad y constitucionalidad a los programas, los cuales está en directa violación de la Carta de Derechos.
Wyden dice oponerse a las operaciones de la NSA que recopilan todas las llamadas telefónicas en Estados Unidos, pero está a favor de iniciativas que permiten que el gobierno continúe erosionando la Cuarta Enmienda de la Constitución, la cual prohíbe los registros y allanamientos sin autorización judicial. El congresista tampoco defiende a Snowden y otros denunciantes que han expuesto los crímenes del gobierno estadounidense, como Bradley Manning y Julian Assange.
Mientras tanto, prácticamente todos los días vemos nuevas revelaciones sobre los intrusivos programas estatales de espionaje. Un reporte del medio CNET liberado el viernes revela que el FBI ha estado presionando a los proveedores de telecomunicaciones para instalar un software que permite la interceptación, en tiempo real, del “metadata” de usuarios en internet para ser transferido a agencias de inteligencia. Esto incluye direcciones IP, correos electrónicos, identidades de usuarios de Facebook y sitios visitados.
Según escribe CNET: “El gobierno de Estados Unidos está presionando silenciosamente a los proveedores de telecomunicaciones para que instalen tecnología de espionaje, en lo más profundo de las redes internas de sus compañías, con el fin de facilitar los esfuerzos de vigilancia”.