Un informe filtrado recientemente afirma que el intendente del distrito Tigre y actual candidato a diputado nacional, Sergio Massa, utiliza drones con la capacidad potencial de espiar y recopilar datos de ciudadanos sin regulación legal, pudiendose violar así la privacidad con la excusa de implementar un servicio de “Seguridad Ciudadana”.
Los cuadricópteros fabricados en Holanda constituyen el primer módelo lanzado en Latinoamérica. La autonomía de vuelo es de aproximadamente media hora o 25 minutos volando constantemente y puede trasladar hasta 2,75 kilos de peso siendo la distancia máxima para operar de 2000 metros aproximadamente con posibilidad de incorporar visión nocturna infrarroja.
Cuando fueron presentados en público como argumento de combate a la inseguridad, Massa expresó: “Estamos haciendo capacitación de gente ya que en Argentina no hay experiencia en el manejo de los drones; y entonces cada uno de los estos drones tiene designado un responsable en cada una de las áreas. Hay que hacer las capacitaciones en cada uno de los cuarteles de bomberos, en la policía y en los Sistemas de emergencias de Tigre y a medida que vayamos teniendo más gente capacitada, vamos a ir incorporando más”, finalizó Massa.
De acuerdo a especialistas, la información proporcionada por un drone puede servir como evidencia para encarcelar injustamente a un ciudadano, bajo cargos de terrorismo o cualquier otro delito. Al ser un drone tiene un disco rígido donde las autoridades pueden plantar la evidencia. En Estados Unidos muchas personas fueron encerradas, según dictamen de la corte, debido al “testimonio” de un drone.
La American Civil Liberties Union (ACLU) señala que los fabricantes de drones domésticos, como los utilizados por Sergio Massa están considerando ofrecer a la policía la opción de armar sus equipos de control remoto con armas (no letales por ahora), como balas de goma, pistolas Taser y gas lacrimógeno. Según Living Under Drones “Los drones son un arma de precisión quirúrgica y eficaz que proporciona a los Estados Unidos la capacidad de asesinar selectivamente terroristas”.
Los cuestionamientos a la utilización de estos aparatos incluyen los siguientes motivos:
Los drones sólo deberían ser desplegados como fuerza de orden público mediante una orden judicial, únicamente en casos de emergencia o cuando haya motivos específicos y articulables para creer que el robot recogerá pruebas relativas a un delito específico.
Las imágenes, vídeo y sonido recopilados por el drone, sólo deberían conservarse cuando existan pruebas independientes sobre evidencia de un crimen o la relevancia de esta información para una investigación o juicio. Sin embargo, un perito independiente debería controlar la veracidad de esas imágenes, vídeo y sonido que pueden ser implantados en la memoria del artefacto.
La política de uso de drones ciudadanos debe ser decidida por los representantes democráticos del pueblo, o mejor aún, via comicios. Los drones no pueden ser impuestos por el gobierno o los departamentos de policía y seguridad. Las políticas deben ser claras, por escrito, y abiertas al público.
El uso de drones nacionales debe estar sujeto a abrir auditorías y supervisión adecuada para evitar los abusos.
Los drones municipales no deben portar armas letales o no letales.