El lanzamiento de bloques de hormigón al mar por parte de las autoridades gibraltareñas que este verano desencadenó una grave crisis diplomática entre Madrid y Londres podría costarle mucho a esa colonia británica en el mediterráneo. Ese gesto que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, calificó de “violación de la normativa medioambiental” y que impidió la pesca por parte de los barcos españoles, ha dado un nuevo ímpetu a la campaña por conseguir la devolución a España de ese trozo de su antiguo territorio.

Las autoridades españolas insisten en que bajo el amparo de Reino Unido Gibraltar se ha convertido en una verdadera caja de Pandora debajo de las narices de la Unión Europea. España dice que Gibraltar es un paraíso fiscal, un país que se ha situado como “la cuarta economía del mundo”, pese a no llegar a los siete kilómetros cuadrados de extensión y sin recursos naturales. Según los datos de ministerio del Interior español, en la colonia británica hay “como mínimo 30 000 sociedades”, a las que se han añadido este año otras 1075.

Por otro lado, según el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz en la frontera con el Peñón se produce un “tráfico ilícito evidente” de tabaco y acusó a las autoridades gibraltareñas de “no estar poniendo nada de su parte” para controlar ese contrabando. De hecho, reveló que en lo que va del año se han incautado casi 700 000 cajetillas.

El tráfico ilícito de mercancías fue precisamente la razón oficial para el endurecimiento de los controles españoles en la frontera con Gibraltar que llevó la última crisis entre España y Reino Unido hasta el punto de que Rajoy y su homólogo británico David Cameron han pedido mediación de la Comisión europea para salir del atolladero diplomático en el que están inmersos.

Según anunció esta semana ante el Congreso el ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, citando al expresidente socialista del Ejecutivo Felipe González “el problema de Gibraltar tiene una solución lógica, la devolución a España de un trozo del territorio español”. Para conseguirlo, el Gobierno popular considera tres vías posibles para reclamar la soberanía del Peñón: ir al Tribunal de la Haya, a un tribunal arbitral ad hoc o al tribunal del mar. “En todas estas sedes podrían dirimirse los asuntos ligados al territorio cedido en el Tratado de Utrecht, las aguas colindantes al Peñón y el istmo que nunca se entregó”, opinó esta semana el diario español El Periódico de Catalunya.

Margallo explicó que cuando llegue “el momento”, el tema requerirá el acuerdo de las Cortes y conversaciones “a nivel confidencial y no con luz y taquígrafos”. “Es evidente que la soberanía subyace en todas las discusiones sobre Gibraltar y habrá que abordarlo, aunque probablemente este no sea el momento. No, no es el momento de hablar de soberanía”, afirmó el titular de Exteriores.

Para preparar el terreno para cuando “llegue el momento” el Gobierno español se propone denunciar todas las supuestas violaciones de las normativas europeas que se llevan a cabo en Gibraltar con el consentimiento del Reino Unido. Así, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, opinó que en la misión que la Comisión Europea enviará en septiembre al Peñón pondrá de manifiesto el incumplimiento de la legislación en materia ambiental, en materia de bunkering, así como los espigones realizados en la zona de especial conservación y el lanzamiento de bloques de hormigón al mar que impiden faenar a los pescadores españoles. El bunkering es una operación de repostado de combustible de los buques en pleno mar desde un barco cisterna que resulta muy contaminante, y que es muy frecuente en el Estrecho de Gibraltar.

El Gobierno español aprobó la semana pasa en el primer Consejo de Ministros tras el receso estival el proyecto de ley de evaluación medioambiental que prevé sanciones por realizar repostajes de crudo en el mar en zonas de especial conservación. Lo que se quiere conseguir con esta nueva ley, que se tramitará por la vía de urgencia en el Congreso de los Diputados, es que “las sanciones efectivas disuadan a los operadores” por llevar a cabo elbunkering en las áreas protegidas.

radio/as/er
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