PP y UPN votan a favor de la medida, escondida entre otras leyes, que rechazan los ecologistas por el supuesto peligro para la salud humana.
La práctica del fracking es tan polémica que el debate estaba asegurado… hasta que el PP hizo de las suyas. La discutida práctica de fractura hidráulica para obtener hidrocarburos recibió ayer la luz verde del Senado a las once de la noche, con el hemiciclo casi vacío y con la propuesta escondida de rondón en otra ley. Gracias a los votos del PP y de UPN la medida salió adelante sin debate alguno.
Esta práctica es muy criticada por los ecologistas, que creen que no sólo es agresiva para el medioambiente, sino que también pone en peligro la salud humana por la posibilidad de contaminar acuíferos y reservas de agua. Desde el sector de los hidrocarburos defiende que crearía miles de puestos de trabajo y daría independencia energética al país. El debate está servido… excepto para los senadores.
“Temerario e irresponsable”
El portavoz parlamentario de Izquierda Plural, José Luis Centella, ha calificado de “temerario” e “irresponsable” que se dé luz verde a la técnica de fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos, incluido el gas natural y ha advertido de posibles medidas jurídicas contra la ley aprobada por PP y UPN.
“Nocturnidad y alevosía”
En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Centella ha dicho que su formación “pedirá cuentas” al PP por la normativa y prevé “llevarla incluso a niveles jurídicos”. Asimismo, ha advertido que esa permisividad puede afectar al Parque Nacional de Doñana. “Se antepone el interés de la economía privada a la seguridad”, ha lamentado Centella, que también ha criticado que la ley fuera aprobada en la cámara alta en la noche de este miércoles, “con nocturnidad y cierta alevosía”.
Cantabria y Navarra
La ley aprobada prevé permitir el fracking cuando los recursos estén entre diversas comunidades. Si sólo incumbe a una autonomía, dependerá de sus leyes. En Cantabria está prohibido y en Navarra el Parlamento lo acaba de rechazar, pero sus dos presidentes, Ignacio Diego (PP) y Yolanda Barcina (UPN), se han mostrado partidarios de “estudiar” los efectos de esta práctica para ver si sería prudente revertir sus respectivas prohibiciones regionales.