En el marco de los programas de espionaje de Washington, tanto a nivel nacional como internacional, el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de los Estados Unidos ha ordenado a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) continuar guardando sus colecciones secretas de los registros telefónicos de todos los ciudadanos de ese país.

Esta iniciativa fue anunciada la noche del viernes por la Oficina del director nacional de inteligencia del país norteamericano, James Clapper.

De acuerdo con el portavoz de Clapper, Shawn Turner, el Gobierno presentó una demanda ante el Tribunal y pidió renovar su autoridad de recopilar los metadatos de telefonía a granel; solicitud que fue aceptada.

No obstante, la vigencia de ese programa de vigilancia, según la orden, consiste en períodos limitados de tiempo y el Gobierno debe presentar nuevas solicitudes, cada pocos meses, para prolongarla.

Esta ley permite a la NSA recopilar los registros, incluidos los números de teléfono y el momento y la duración de las llamadas, de todas las llamadas telefónicas que se realicen en Estados Unidos.

En este sentido, el senador Patrick Leahy, que trabaja en una legislación que prohíba a la NSA la recopilación de datos, ha recalcado que “está claro que la transparencia por sí sola no es suficiente”.

Para este legislador norteamericano, existe un creciente consenso bipartidista que exige el cambio de esa ley y limitar la capacidad de Washington a la hora de tener acceso a los registros telefónicos de millones de estadounidenses que respetan la ley.

Esta decisión del Tribunal estadounidense tiene lugar después de las filtraciones del extécnico de la NSA Edward Snowden, sobre los programas de espionaje del Gobierno de Washington.

Snowden reveló diversos documentos relacionados con estos programas, que desataron un debate sobre temas como la privacidad y la seguridad.

El programa de espionaje de la NSA inició su andadura después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York (este de EE. UU.), bajo una autoridad reclamada por el Poder Ejecutivo.

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