Lleva más de tres décadas instaurado y en funcionamiento. El Estado de las Autonomías atesora más de treinta años entre nosotros y sigue siendo origen de múltiples disputas, confusiones, críticas y controversias. El denominado «café para todos» primero y el reparto dela financiación autonómica ahora están en boca de políticos y ciudadanos, pero pese a la detracción que se granjea, si hay algo que tienen claro todos los expertos consultados es que «no hay marcha atrás» en la vigente estructura de la España regional. Tiene que seguir avanzando y depurar sus carencias, limar ciertas dificultades con las que se topa todavía, como opacidad, descoordinación interterritorial y complejidad en sus mecanismos de reparto -también coinciden en esto los especialistas-, mas es el sistema, aseguran, que nos faculta «la mejor convivencia» entre las sensibilidades y territorios distintos que conforman el país.

No hay vuelta a los orígenes posible ni tampoco es conveniente.Teodoro González Ballesteros, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), señala a este periódico que una España centralizada, sin autonomías, «no es posible ante la actual realidad socio-política. Para que ello fuera posible sería necesario un cambio radical en la Constitución, o un nuevo texto constitucional». A este efecto, el profesor recuerda «el sustrato ideológico-político que colorea nuestra Carta Magna, los principios constitucionales que la fundamentan, que son: que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho; que la soberanía nacional reside en el pueblo (artículo segundo); la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado; y el Estado de las Autonomías, desarrollado después en su título VIII. Por tanto, la supresión de las autonomías exige un cambio constitucional que supondría la modificación de la vigente estructura del Estado».

Según el catedrático de la Complutense, la cuestión que ha sido problemática «reside en la deriva ocasionada por el inadecuado desarrollo legislativo del citado título VIII, y la circunstancial interpretación del mismo hecha por el Tribunal Constitucional, especialmente a través de su sentencia de 28 de junio de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña de 2006. Causas de la manifiesta trasgresión de la letra y el espíritu de la Constitución que han dado como resultado situaciones no deseadas, tal y como se deduce del debate parlamentario que originó su redacción definitiva».

«Sociológicamente sería una regresión»

Además, González Ballesteros subraya que cabe no olvidar que«sociológicamente la supresión de las Comunidades Autónomas equivaldría a una regresión política que difícilmente aceptarían los ciudadanos».

En este sentido abunda el también catedrático del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela (USC),Roberto Blanco Valdés, quien considera que «no es imposible una España sin autonomías, sino altamente improbable que se pueda imaginar». Ello no obsta, completa el profesor gallego, para que, en las oleadas de opinión del CIS, «haya cada vez un mayor número de ciudadanos que se manifiestan en contra del Estado autonómico, un porcentaje que crece de manera exponencial y no es improbable tampoco que siga creciendo. Una cosa es lo que opine en esas encuestas la ciudadanía y otra que haya marcha atrás, porque la autonomías no están dispuestas a dar ese vuelco (hay una clase política, unos parlamentos potentes, un sistema asentado…) y pensar en una marcha atrás no sería posible. Tenemos el Estado descentralizado con todos sus defectos».

Continúa el profesor de la USC: «Como razón constitucional para hacerlo requeriría de una mayoría parlamentaria que pusiera en marcha ese cambio de la Carta Magna fruto del respaldo popular mayoritario. Se debería cambiar el segundo principio de autonomía y el título octavo, pero es algo tan difícil de imaginar que lo que se necesita son ajustes, retocar el mapa actual e, incluso, se podría reducir el número de autonomías, por ejemplo, integrando en otras las uniprovinciales como La Rioja. Pero hay que señalar que las autonomías están gobernadas por partidos políticos que deberían iniciar este proceso, y es muy complicado que lo hagan».

El catedrático del centro compostelano considera que «no sería positiva una marcha atrás hacia un Estado centralizado. Hay que hacer ajustes, eso sí». Y detalla las ventajas de uno y otro modelo: «Es cierto que el sistema centralizado tiene una clara ventaja y es que es más barato», lo que en época de crisis es un argumento muy manido, si bien la discusión sobre su mayor eficiencia está abierta y como ventaja del Estado descentralizado remite a que «es indiscutible que en nuestro país y atendiendo siempre a los procesos históricos en que se basan estas realidades estructurales, ha permitido y permitió construir un sistema democrático» en una situación difícil y habilitó la convivencia democrática con realidades como las de Cataluña y País Vasco. «O descentralizaban o hubiera sido muy difícil integrar en el país esas sensibilidades nacionalistas. En España se da un fenómeno muy peculiar, una realidad única en el mundo, y es que hay fuerzas que traducen políticamente cada pluralidad desde finales del siglo XIX, algo que no ocurre, por ejemplo, en Italia», destaca.

En contraposición, Roberto Blanco sí alude a la necesidad de caminar y dar pasos adelante en la eficiencia del Estado, en la mayor cooperación interterritorial y en la coordinación interadministrativa, y el cierre expeditivo del choque competencial. «Es necesario -arenga este eminente catedrático-. Suceden cosas increíbles que se tienen que solventar».

Cambio en la Constitución o el Constitucional

Para González Ballesteros, «si la marcha atrás en la actual estructura del Estado se refiere a la mutación en el desarrollo actual de modelo ideológico-político en el que se asientan las Comunidades Autónomas, ello sería posible a través de dos vías: mediante el cambio en la interpretación que al respecto viene haciendo el Constitucional, lo que es difícilmente previsible; o modificando la Constitución, y conviene recordar que la Constitución de 1978 tiene el sentido cautelar propio de sus circunstancias temporales. Es la Constitución de la transición. Sus 34 años de vigencia nos dicen que hay dos asuntos, aparte de otros no menos sustantivos que pueden resolverse por sistemas alternativos, que deben ser constitucionalizados: la pertenencia de España a la UE, con la pérdida de soberanía que ello arrastra; y la concreción del Estado de las Autonomías. Por tanto, lo que ahora procede es actualizar el Estado de las Autonomías, en función a la experiencia acumulada y a la incardinación económica-política de España en Europa.

Analizando el resto de modelos de otros países (cantones suizos, regiones francesas, Länder alemanes y estados de Norteamérica, por ejemplo), el catedrático de la Universidad madrileña inquiere que «la comparación de las estructuras de Estado entre distintas naciones está bien como objetivo referencial diletante, pero es de ineficaz consecuencia. La conformación política de Alemania, Suiza o Francia, por citar ejemplos cercanos, es fruto de pasados históricos diferentes, forjados bajo circunstancias que tienen poca relación con el modelo, mayoritariamente artificial, de autonomías que en España introduce la Constitución de 1978. El modelo español debe ser el propio de sus orígenes, desarrollo y circunstancias», colige González Ballesteros.

Interpelada también María José Molina García, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Europea, señala que la propuesta de una España sin autonomías conlleva preguntarse, dice, «si queremos una nueva idea de España, decidir qué país queremos ser y entraríamos en el debate para asentar un nuevo Estado. Para impulsar una nueva identidad nacional y estatal hace falta consenso, alcanzar un pacto de futuro, unidad y voluntad política para lograrlo. Frente a la ausencia de ese acuerdo, el camino que muchos actores del sistema proponen es reformar la Constitución o los Estatutos. La confrontación tiene más carácter político y económico, no es una cuestión jurídica».

La vuelta de hoja es un sinsentido

No tiene sentido, aduce, replantearse si tiene vuelta de hoja la estructura del Estado cuando «España ha sido referente como proceso de transformación descentralizadora del poder político en Europa y nuestro entorno occidental». No en vano, también subraya la mella que están haciendo «la crisis y la ausencia de consenso político, al poner de manifiesto las insuficiencias y ciertos defectos del sistema territorial de España, así como la gestión del mismo». Para Molina García, «siempre existirá debate entre los partidarios de fortalecer el poder central y quienes pretenden reforzar la esfera de autonomía o independencia de las entidades integradas. Es positiva la discusión, pero siempre con respeto a las reglas del juego democrático. Es inevitable y algo consustancial a la relación entre centro y periferia».

Y zanja con que «la ordenación territorial del Estado español tal y como está configurada hoy día es aprovechable. La estructura es admisible, si bien es necesario recuperar el consenso y acomodo constitucional, purificar nuestra cultura democrática de prácticas corruptas y una visión estratégica que perfeccione nuestra gobernanza territorial». Por ello, sugiere «voluntad y diálogo social que permita superar las posturas encontradas, no consumir las energías colectivas, condicionar ampliamente la política, generar tensión social e incertidumbre respecto del futuro. De este modo, no es posible avanzar en nuestro propio desarrollo». Y remata: «No estaría de más plantear como uno de los retos colectivos más importantes una posible agenda de reformas relacionada con el funcionamiento más eficiente del Estado; mejorar la cooperación multinivel y recuperar la cohesión para lograr el mejor escenario y que esta problemática sea tratada adecuadamente».

Un debate que parte de lo nominal

En cuanto a la comparación entre modelos de Estado, para la profesora de la Europea de Madrid no resulta sencillo «determinar cuál es el sistema más justo, el modelo más plural y el que mejor garantice el futuro de la convivencia en sociedad». El aspecto nominal lleva a que en opinión de «unos seamos un Estado con textura federal, para otros, realmente un Estado federal, otros lo definen como Estado descentralizado administrativamente, otros como Estado autonómico y otros como Estado compuesto pero no federal…». Todas ellas, explica esta experta, «son acepciones para aludir a la organización territorial de un Estado que ha seguido su propia vía en función de sus propios condicionantes histórico-político-culturales. Como originales han sido también otras experiencias de Estados unitarios y Estados federales, véase la evolución de Bélgica, Reino Unido, incluso de Francia, Alemania, las referencias del federalismo clásico de EE.UU. o incluso la asimetría de Canadá». «Sea cual sea el tipo, la aspiración tiene que evolucionar, desarrollarnos más y mejor, ser económicamente sostenibles y perdurables políticamente», concluye.