EE.UU. y sus aliados de inteligencia están trabajando en secreto para promover la eliminación del derecho universal a la privacidad en línea, socavando el proyecto de ley que Brasil y Alemania enviaron a la ONU.
Los diplomáticos estadounidenses están presionando mucho para eliminar la disposición del proyecto brasileño y alemán, que establece que “la vigilancia extraterritorial” y la interceptación de las comunicaciones, de la información personal y de los metadatos pueden constituir una violación de los derechos humanos. Según los diplomáticos, Estados Unidos y sus aliados insisten en que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) no se aplica al espionaje extranjero.
En los últimos días, Estados Unidos ha distribuido entre sus aliados un documento confidencial que hace un llamamiento para cambiar el texto de la propuesta brasileña y alemana en el que las referencias a los derechos de privacidad se refieran expresamente a las obligaciones de los Estados parte en virtud del PIDCP y se elimine la sugerencia de que tales obligaciones se apliquen extraterritorialmente. En otras palabras, EE.UU. quiere asegurarse de que se preserve su derecho a espiar en el extranjero.
Según el diario ‘Foreign Policy’, Estados Unidos quiere limitar la atención mundial sobre su vigilancia. La recopilación de la información sobre decenas de millones de personas en todo el mundo es perfectamente aceptable, decía la Administración Obama en repetidas ocasiones. Está autorizada por la ley de EE.UU., supervisada por el Congreso y aprobada por los tribunales estadounidenses.
La resolución sobre la privacidad, al igual que la mayoría de las decisiones de la Asamblea General de la ONU, no sería aplicable por ningún tribunal internacional. Pero los abogados internacionales dicen que es importante ya que constituye la base de un consenso internacional -conocido como ‘ley blanda’- que con el tiempo haría más difícil para EE.UU. argumentar su vigilancia masiva.
El 1 de noviembre Brasil y Alemania presentaron ante la ONU una resolución conjunta para promover el derecho a la privacidad en Internet, tras las denuncias del espionaje cometido por EE.UU. El documento insta a los Estados miembros a “tomar medidas para poner fin” a la violación de esos derechos y a crear, a través de la legislación nacional, las condiciones para asegurar que cumplen con sus obligaciones marcadas por el derecho humanitario internacional.
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