El Centro para la Seguridad Alimentaria de EE.UU. presentó a mediados de diciembre un escrito legal en apoyo de una demanda, amparada por varias organizaciones norteamericanas, en contra de la decisión de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) de aprobar el uso de sulfoxaflor: un tipo de insecticida químico de la familia de los neonicotinoides que se asocia con la muerte en masa de las poblaciones de abejas, insectos vitales para la polinización de un tercio de los cultivos mundiales.

De hecho, la Unión Europea ya ha prohibido los neonicotinoides con base en estudios científicos que han vinculado su uso con la erradicación súbita de colmenas enteras, un fenómeno llamado ‘Trastorno de colapso de la colonia’ (CCD, por sus siglas en inglés).

Esta es la primera demanda con base a la Ley de Especies en Peligro de Extinción de EE.UU., presentada para proteger a las abejas. “La EPA considera de manera inadecuada, o ignora por completo, el daño de sulfoxaflor a los polinizadores y los importantes costes que se impondrán en la economía agrícola, la seguridad alimentaria y los ecosistemas naturales”, alega el Centro para la Seguridad Alimentaria y otros grupos afines en un escrito legal adjunto a la demanda.

Desde el año 2006, el CCD ha causado la devastación de cerca de 10 millones de colmenas, con un valor promedio de 200 dólares cada una, según un informe redactado en mayo por el Departamento de Agricultura estadounidense. El invierno pasado, la población de abejas domésticas se redujo un 31,1% (algunos apicultores reportaron pérdidas de entre 90 y el 100% de la población de sus colmenas).

Científicos norteamericanos están preocupados de que el ‘holocausto de abejas’ pueda causar el colapso de la industria agrícola en el país, ya que más de 100 cultivos estadounidenses –incluyendo manzanas, calabacines, aguacates y ciruelas– dependen de las abejas para polinizar.

El nuevo pleito –que incluye a muchos apicultores gravemente afectados por la reciente ola del CCD– se suma a una demanda previa presentada en marzo en la Corte Federal por el Centro para la Seguridad Alimentaria con fin de bloquear la utilización de otros dos plaguicidas neonicotinoides populares: la clotianidina y el tiametoxam.

Ambas solicitudes afirman que la EPA violó la Ley de Especies en Peligro de Extinción por no considerar suficientemente el impacto de los pesticidas en las abejas y otros animales salvajes en peligro. La citada ley prohíbe a las agencias gubernamentales adoptar cualquier medida que pueda amenazar a una especie en peligro antes de consultarlo con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS, por sus siglas en inglés). No obstante, la EPA no siguió el protocolo adecuado.

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