La presidenta Cristina Fernández entrega el sable de teniente general al jefe del Ejército, César Milani, en un acto en la Casa de Gobierno el 19 de diciembre. Crédito: Presidencia de Argentina
BUENOS AIRES, 7 ene 2014 (IPS) – La ratificación como jefe del ejército de Argentina de un militar acusado de complicidad en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, reabrió el debate sobre la delgada línea entre responsabilidad moral o jurídica de quienes se exculpan en la obediencia debida.
El Senado aprobó el 18 de diciembre el ascenso de César Milani a teniente general, lo que implicó su aval como jefe del Estado Mayor General del Ejército, pese a las sombras sobre su pasado, como subteniente en la norteña provincia de La Rioja durante la dictadura.
El ahora teniente general renunció el 3 de este mes como director general de Inteligencia castrense, cargo que había retenido tras su designación en julio para la máxima jefatura militar, lo que avivaba la polémica sobre su figura y su inédito poder.
Milani asegura que “ignoraba qué ocurría” en el riojano batallón 141, donde estuvo destacado.
El periodista Guillermo Alfieri, preso político en La Rioja entre 1976 y 1980, no le cree. “Milani no esgrime la ingenuidad de Heidi (protagonista del cuento infantil homónimo), sino la hipocresía de Tartufo (el impostor y oportunista de la obra del dramaturgo francés Molière)”, dijo a IPS.
La última dictadura militar (1976-1983) dejó 30.000 muertos y desaparecidos y 500 niños robados en el país, según organismos humanitarios.
Milani se justifica con que era joven y acataba órdenes, por lo que no supo de abusos a los derechos humanos en esa provincia. Pero está involucrado en tres procesos abiertos por familiares de víctimas de la dictadura.
Una de ellas es por la desaparición del soldado riojano Alberto Ledo.
Milani firmó el acta de la supuesta deserción de Ledo de su batallón. El soldado fue visto por última vez en 1976 en la también norteña provincia de Tucumán, durante el Operativo Independencia, que con el pretexto de aniquilar un contingente guerrillero terminó en una represión generalizada.
Ese caso indigna a Alfieri, quien en su autobiografía “Ver de memoria” califica de “terrorismo de Estado” la represión en La Rioja, donde conoció a Ledo por amigos comunes.
“Era un muchacho simpático, respetuoso y respetado, con vocación de historiador, músico que animaba reuniones, con ideas de izquierda que expresaba con mesura”, recordó.
El ascenso de Milani fue aprobado en el Senado con 39 votos a favor y 30 en contra, después de su designación en julio como máximo jefe militar por el gobierno de izquierda moderada de Cristina Fernández, que esgrime “el principio de presunción de inocencia”.
“No puedo, sobre simples sospechas, ejecutar o linchar a un general”, argumentó el senador Aníbal Fernández, del gobernante Frente para la Victoria.
Diferentes organizaciones humanitarias y el Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, lo consideraron un retroceso, por volverse a argumentar la obediencia debida, a la que se acogieron militares de bajo rango para exculpar su participación en atrocidades.
El caso Milani causa sorpresa y escozor porque los gobiernos del ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández, su esposa y sucesora, fueron artífices de una activa política de derechos humanos, con énfasis en la recuperación de la memoria histórica.
Ellos anularon las leyes de amnistía y respaldaron los juicios contra los violadores de derechos humanos. Desde 2003, fueron sentenciados 515 de ellos.
“Me ofende que el gobierno proteja y promueva a un miembro de ese aparato criminal, que pretendió ubicar a Ledo como desertor”, lamentó Alfieri.
El no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) objetó en julio el nombramiento de Milani, por su supuesta participación en casos de violación de derechos humanos.
El jefe militar pidió explicarse ante el CELS, promotor del enjuiciamiento de violadores de derechos humanos, y en respuesta a un cuestionario argumentó el 13 de diciembre que en La Rioja la represión fue “pasiva y de baja intensidad”.
Alfieri aseguró, en cambio, que allí “se registró el mayor número de capturados del país, en proporción a la cantidad de habitantes de la provincia”.
“En La Rioja se desató una intensiva caza de brujas, con tormentos sistemáticos, traslados infernales y prisiones convertidas en campos de concentración”, dijo.
“Hasta el gimnasio del Batallón de Ingenieros 141 se empleó como centro de detenidos a granel en los primeros días de implantación de la dictadura”, puntualizó, antes de indicar que Milani no pudo no enterarse.
Aliados políticos y sociales de Fernández han criticado el ascenso de Milani.
Cuestionan lo que la legisladora Gabriela Cerruti, del aliado grupo parlamentario Nuevo Encuentro, define como “el umbral entre la culpa judicial, política, moral y social”.
El presidente del CELS, el también periodista Horacio Verbitsky, consideró que su nombramiento fue “un grave error político”, aunque subrayó que “afirmar que eso invalida la política de derechos humanos de la última década revela un sesgo deliberado”.
Para el ensayista y analista político Alejandro Horowicz, autor del libro “Los cuatro peronismos”, hay que remontarse a “la lógica operativa de la represión militar” y a sus patrones.
“Los combatientes irregulares carecían de cualquier derecho, se los podía torturar, violar y asesinar sin que los responsables tuvieran que hacerse cargo de su comportamiento”, dijo a IPS.
Según Horowicz, con los Grupos de Tarea para reprimir a la guerrilla, la cadena de mandos queda suspendida o subordinada a los jefes operativos.
A su juicio, el nombramiento de Milani debe entenderse en el contexto de los diferentes enfoques de la “responsabilidad personal” para juzgar crímenes de lesa humanidad.
“El primero deja en un segundo plano el carácter institucional de cada comportamiento personal, para poner bajo la lupa las acciones del incriminado”, explicó.
“En el segundo, como todos son inocentes hasta que no se prueba lo contrario, los oficiales que no han sido juzgados resultan inocentes en una institución que no lo es”, dijo.
“El tercero: los que no ocupan cargos de alta visibilidad, pasan desapercibidos y cubiertos por el ancho manto de falta de imputación”, puntualizó.
Para Horowicz, que Milani proclame su adhesión al proyecto democrático “no significa demasiado políticamente” y su declaración al CELS “permiten entrever que no está dispuesto, al igual que el resto de la oficialidad, a hacerse cargo de nada”.
Esto llevaría, analizó, a un planteo más profundo, relativo a “la reconstitución democrática de una fuerza militar en descomposición”.
“Basta mirar el comportamiento de las Fuerzas (Armadas) en todos estos años, incluso después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, para comprobar la voluntad de hacer más de lo mismo”, dijo.
También sirve, aseguró, “para comprender que no se trata de nombres propios sino de una ausencia decisiva: una política armada genuinamente democrática”.
La pregunta aún sin respuesta es qué razón tuvo un gobierno comprometido en materia de derechos humanos, para decidir pagar este costo político.
¿Fue un error político? ¿O acaso es una pieza clave para garantizar la gobernabilidad, en momentos de crisis política, por denuncias de corrupción, elevada inflación y levantamientos policiales con el argumento de demandas salariales?
Las respuestas quizás tengan que ver con la confianza que adquirió Fernández en Milani desde que asumió la inteligencia militar.
A falta de explicaciones, “las interpretaciones navegan por la tozudez, la estrategia de convertir al ejército en un nido de espías, o el sueño irrealizado de que los uniformados se alineen con sectores populares para promover el bienestar general”, respondió Alfieri.
En cualquier caso es un arma de doble filo, según Horowicz, porque “disminuye su capacidad de maniobra frente a la crisis”.