La maquinaria del Estado se ha puesto en acción para evitar que, por primera vez en la historia, un miembro de la familia real española se siente en el banquillo de los acusados. La estrategia es discreta pero implacable, no está impresa en documento alguno, afecta a los ministerios de Interior, Justicia y Hacienda, además de la Fiscalía del Estado, y cuenta con el respaldo del principal partido de la oposición. Ha existido una coordinación que ha permitido eliminar obstáculos y respaldar la actuación de un hombre, la llave de la operación, el fiscal Pedro Horrach, personalmente convencido de que no hay pruebas contra la Infanta. El objetivo final era no recusar la decisión del juez José Castro y aceptar que una declaración de la Infanta en sede judicial “colmaba las aspiraciones de la sociedad española”.

Aceptar que la segunda imputación no debía ser recurrida ha sido la hipótesis de trabajo que ha terminado por imponerse. Para ello había que superar la propia resistencia de la Infanta y las dudas del abogado Miguel Roca, en quien la Casa del Rey había depositado la dirección de la defensa jurídica en abril de 2013. Defender a Cristina de Borbón eficazmente significaba aislar sus intereses de los de su marido, Iñaki Urdangarin, y aceptar que ella fue utilizada como una pantalla para ocultar los beneficios obtenidos por Urdangarin y su socio Diego Torres. La estrategia dejaba a un lado a la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, cuya imputación, mantenida contra toda lógica por la defensa de Urdangarin, resultó ser el detonante de una guerra de correos que terminó encaminando al juez hacia la Infanta.

La infanta Cristina llega a la sede de La Caixa en Barcelona en abril del año pasado. / G. NACARINO (CORDON PRESS)

El despacho de Roca Junyent & Abogados había cerrado un acuerdo, dos meses antes de recibir el encargo oficial de la defensa de Cristina de Borbón, con el bufete Molins & Silva, un pequeño despacho con 14 abogados penalistas, especializado en aportar una defensa a medida del cliente: denominado en el argot como “boutique”, este tipo de despachos cuentan con pocos clientes y ofrecen un servicio integral, evitan los litigios y saben moverse en las gestiones extrajudiciales, según opiniones recogidas en el sector. La primera parte de la defensa de Cristina de Borbón se saldó con un relativo éxito:la imputación fue revocada por la Audiencia de Palma, pero esta orientó al juez Castro a investigar si la Infanta había cometido delito fiscal. La investigación ha durado ocho meses.

Durante ese tiempo, el caso Urdangarin se convirtió en el caso Cristina de Borbón. Algunos hechos fueron sucediendo por el camino. Sin mediar una explicación convincente, Mari Ángeles Berrocal, la abogada que representaba los intereses del Gobierno balear, personado en el caso como afectado, funcionaria, con experiencia en casos de corrupción y eficaz colaboradora tanto del fiscal como del juez, fue relevada por otra jurista, Antonia Perello, de conocida militancia en el PP. La causa oficial fue así de indescriptible: “Una redistribución de funciones para optimizar recursos”. El hecho se produjo en julio de 2013.

Dos meses antes, Beatriz Viana, directora de la Agencia Tributaria, no atendió la petición expresa del juez Castro de mantener en auxilio judicial a un funcionario de Vigilancia Aduanera que había colaborado estrechamente en las investigaciones del caso Palma Arena y en la parte que derivó en la pieza separada número 25, que era el caso Urdangarin. Hacienda nombró a dos inspectores de su delegación de Barcelona en calidad de peritos, dos profesionales experimentados, de sólida formación, pero que no han llegado a contar con la confianza absoluta del juez por diversas razones. En el mes de julio, Beatriz Viana dimite por el escándalo de las 13 fincas atribuidas erróneamente a la Infanta. En su lugar era nombrado director Santiago Menéndez, hermano de Adolfo Menéndez, secretario general de la Fundación Príncipe de Asturias.

Los peritos han realizado hasta diez informes sobre las sociedades del entramado creado por Urdangarin y Torres y se han mantenido firmes en su tesis de que “eran sociedades pantalla que no tenían verdadera entidad societaria, por lo que las rentas derivadas de las actividades supuestamente delictivas debían de imputarse a las personas físicas que se ocultaban tras ellas y no a las personas jurídicas que utilizaban como pantalla”, reza un documento interno. Una de esas pantallas era Aizoon, una patrimonial formada al 50% por Urdangarin y su mujer. Si Cristina estaba puesta como pantalla [“Les advertí que era peligroso ponerla en una sociedad expuesta a muchas cosas”, dijo ante el juez el notario Carlos Masiá, a quien le respondieron que era “un escudo ante Hacienda”] era para ocultar a los verdaderos defraudadores, Urdangarin y Torres. Esa es la tesis de los peritos y donde discrepa el juez. Este es el punto fundamental de la imputación de la Infanta, que se sitúa en el ejercicio de 2007, que por un año no está prescrito. El propio juez Castro escribe que “no parece probable” y que es “escasamente probable” que la cuota defraudada por la infanta Cristina supere los 120.000 euros, la frontera que determina la existencia de un delito. Hacienda había hecho su trabajo.

El fiscal Horrach viaja con alguna frecuencia a Madrid. También lo hace a Barcelona. A diferencia de otras ocasiones, ahora se le escucha. Tiempo atrás estaba convencido de que un acuerdo con Torres y Urdangarin era posible. El caso habría quedado zanjado y nada habría salpicado a la Infanta. Zarzuela no quería pactos, y eso que las relaciones entre el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, e Iñaki Urdangarin se torcieron varios años atrás. Horrach se reúne con Antonio Salinas, su superior en la Fiscalía Anticorrupción. Informa a Eduardo Torres-Dulce, fiscal general, que sostiene la inocencia de la Infanta en cada acto al que acude. A nadie se le escapa que Spottorno está informado.

La estrategia tuvo su desenlace una vez hecho público el auto de 227 páginas del juez Castro imputando a Cristina de Borbón. Aunque estaba preparada la redacción del recurso, Spottorno se encargó de superar las últimas resistencias. La versión oficial señala una reunión Roca-Infanta en Barcelona, visitas de Roca a Zarzuela, asunción por parte del Rey de que lo correcto es no recurrir y petición del Rey a la Infanta de que acepte la decisión Horrach.

En el entreacto se producen algunas salidas de tono. Roca deja traslucir su opinión favorable al recurso mientras su socio Jesús María Silva se deja llevar por los focos y suelta que la Infanta actuó por amor y de que “amor, matrimonio y desconfianza son incompatibles”, que no sientan muy bien en la Casa del Rey, muy preocupada por el factor mediático. Silva ya había deslizado en alguna entrevista su teoría sobre la “condena de telediario” y una frase poco acertada al calificar al juez Castro como “un magistrado que ejerce el poder judicial en nombre del Rey”.

El fiscal, que había refrendado en sus escritos al juez su teoría de que“no se puede castigar a nadie por ser quien es”, culminaba la estrategia con la petición de una citación a los peritos de Hacienda y a siete empresas. La intención de esta citación, celebrada ayer, era fijar los términos del interrogatorio a la Infanta y llevar al juez a un callejón sin salida. Ese sería el episodio final no escrito de una estrategia de Estado, que le llevó a Rajoy a decir en una entrevista por televisión: “Estoy absolutamente convencido de que a la Infanta le irá bien”.

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Presunción de inocencia, ja, ja, ja

En una sociedad clasista, hay que ser muy inocente para creer en la presunción de inocencia, un tecnicismo jurídico, muy democrático en apariencia, que sirve fundamentalmente para acolchar las responsabilidades delictivas de imputados pertenecientes a la elite política, social y financiera.

El caso de la hija del rey de España resulta paradigmático para ilustrar lo antedicho. Las instancias más importantes del régimen se están movilizando a fondo, incluyendo a la fiscalía y Hacienda, para exonerar de cualquier tipo de conducta censurable, cuando menos irregular, a Cristina de Borbón. El fallo está cantado detrás de una maraña de informes que se contradicen y se anulan entre sí, dando como resultado un no lugar imposible de aprehender u ocupar por la herramienta judicial. De esta manera, se encontrarán los vericuetos adecuados para que tras una representación escénica formal, la sangre real no llegue al río de la justicia igual para todos.

La presunción de inocencia no es más que una conveniencia del sistema judicial para hacer tabla rasa de una horizontalidad social inexistente en la vida cotidiana. La realidad indica que todos somos sospechosos mientras no se demuestre lo contrario; todos, por supuesto, a excepción de las gentes acomodadas de bien. ¿Ejemplos? Ahí va uno y muy significativo: siempre que se llevan a cabo redadas por parte de la policía se realizan en barrios pobres o de gran presencia de inmigrantes o en zonas urbanas de tránsito popular, nunca en oficinas bursátiles o bancarias, sedes de multinacionales o urbanizaciones de lujo.

Un inmigrante, por el solo hecho de parecerlo, ya es un sospechoso genuino y esencial a los ojos del sistema capitalista. Y un gitano. Y una mujer con minifalda insinuante. Y un indigente. Y un ateo. Y un simple trabajador. Los prejuicios sociales, racistas y de clase operan sibilinamente como un detonante mental ético contra los estereotipos citados, a pesar de que en las profundidades psicológicas se piense que los verdaderos delincuentes visten traje y corbata, ocupan puestos de relevancia empresarial o política, viajan en clase business y se alojan en hoteles vips. Con sus decisiones políticas y empresariales, ellos son los que obligan a la gente común a saltarse la ley con pequeñas escaramuzas para llegar a mañana o a final de mes.

Lo que late bajo la ideología hegemónica no suele hacerse patente con facilidad porque la tela de araña cultural y consuetudinaria impide decir a las claras lo que de verdad se piensa. Y si se dice públicamente, la elite siempre tiene a su disposición medidas cautelares o de presión basadas en un derecho al honor antediluviano que corta con celeridad el fuego de la fundada sospecha o de indicios más que razonables. El procedimiento judicial y sus intricados laberintos procesales siempre juegan en el bando de los poderosos. Tanto tienes, tanto vales. No se puede litigar en igualdad de condiciones ya que la ley impone restricciones pecuniarias casi insalvables para defenderse de una contraparte con recursos inalcanzables para un ciudadano corriente. Si por un casual sucediera que un juez o magistrado fuese entero moralmente hablando, el sistema corporativo se lanzaría a la yugular para desactivar su salida crítica de tono.

En España, la independencia de poderes entre lo político, lo judicial y lo legislativo, en connivencia con las sombras fácticas financieras, represivas e ideológicas, esto es, los mercados, el ejército y las fuerzas de policía, y la iglesia católica, es una quimera, papel mojado o virtualidad doctrinal que sirve a los intereses de las castas dominantes. Si algún personaje miembro, amigo o testaferro de la elite sufre un tropezón legal, siempre les quedará la gracia del indulto. La nómina de indultados de la jet set mundanal, económica y política está ahí para demostrar aseveración tan rotunda y concluyente. No importa el color del gobierno de turno: tanto PSOE como PP han abusado del indulto a su antojo discrecional, sin dar explicaciones de su trato de favor hacia personalidades de la cumbre condenadas por delitos, entre otros, contra la salud pública, evasión de capitales, apropiación indebida de fondos públicos y corrupción. (*)

El Estado, aunque se atavíe de seda democrática y funcionamiento frío y equidistante de las disputas sociales, jamás es neutral. El entramado estatal representa al poder establecido, en el régimen capitalista a la patronal, los bancos, los emporios transnacionales, los grupos mediáticos de presión y los políticos a sueldo del sistema imperante. Por mucha apariencia o fachada democrática esta realidad resulta insoslayable. La red punitiva solo mete en la cárcel, con excepciones menores, a los pobres, a los marginados y a los trabajadores. Verifíquese para corroborar este aserto la composición demográfica y sociológica de la población reclusa, aquí en tierras hispanas o en otros países de corte capitalista. (**)

La tesis central sería que los ricos son inocentes salvo que se demuestre lo contrario, mientras que los trabajadores y gentes asimiladas son sospechosos automáticos que deben argumentar convincentemente que no son culpables de los hechos de que se les acusan.Como éstos tampoco tienen recursos pecuniarios suficientes, ante la madeja jurídica que se les viene encima sus capacidades efectivas de defensa son escasas, caso contrario al de las elites que pueden alargar los procesos sine die a través de trabas técnicas y añagazas de filibusterismo jurídico hasta conseguir sus propósitos de sentencias blandas o absolutorias favorables a sus intereses particulares.

Volviendo al principio, la infanta Cristina es ahora mismo un signo-testigo elocuente de la gente guapa que detenta el poder desde la transición posfranquista. El edifico constitucional urdido en aquella época presenta grietas más que evidentes que provocan una reunión de intereses de la elite para que los cimientos no se vengan abajo con estruendo colosal. El poder político institucionalizado ya ha saltado a la palestra para menoscabar y linchar mediáticamente al juez Castro, al tiempo que extiende en la opinión pública ideas emocionales estrafalarias pero bastante eficaces: Cristina de Borbón es una víctima inocente, una esposa abnegada y una mujer sencillamente enamorada de su marido. En el envite se juega su razón de ser el bipartidismo tradicional o clásico de toma y daca, PP-PSOE, ahora yo y después tú y viceversa.

Si la Monarquía quedase manchada por un borrón en el currículo de la hija del rey, toda la farsa del consenso democrático podría venirse a pique definitivamente, sin embargo los presuntos delitos o faltas de guante blanco prescriben en la memoria colectiva de modo muy rápido. Las urgencias diarias por sobrevivir son el mejor antídoto para que la clase hegemónica se vaya de rositas como y cuando quiera, preferentemente de week end a un paraíso fiscal exótico. En España, seguirá siendo mucho más grave no poder abonar la cuota de la hipoteca a su debido tiempo, robar una gallina para saciar el hambre, quemar un puto contenedor callejero o ser trabajador, inmigrante o pobre. Te pillen in fraganti o te detengan como sospechoso habitual de las categorías sociales apuntadas, no hay eximentes para tales conductas sociales. Un ladrón robagallinas o carterista callejero es más culpable en el capitalismo que un emprendedor de una casa de prostitución o un magnate global traficante de armas o explotador de fábricas sin derechos laborales enclavadas en el Tercer Mundo. Cuestión de escalas. Eso se llama lucha de clases, pese a quien pese.

http://www.diario-octubre.com/2014/01/27/presuncion-de-inocencia-ja-ja-ja/