El Departamento de Justicia ha alcanzado acuerdos con Google, Microsoft, Yahoo, Facebook y LinkedIn, lo que, en teoría, resolverá los problemas jurídicos de esas empresas ante el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Las empresas habían pedido a los jueces que les permitieran revelar datos sobre las órdenes de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) recibidas en virtud de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. 

El secretario de Justicia, Eric Holder, y el director de la seguridad nacional, James Clapper, precisan que estos grandes grupos estarían autorizados a revelar “más datos que nunca”, como por ejemplo la cantidad de cuentas de clientes vigiladas. 

“Conforme a las directivas del presidente [Barack Obama] en su discurso del 17 de enero”, estos nuevos métodos permiten hacer pública la cantidad de solicitudes que recibieron del Gobierno nacional, la cantidad de órdenes que salieron del tribunal secreto encargado de administrar las informaciones de la seguridad nacional y la cantidad de cuentas de usuarios que eran vigiladas, precisa Holder en una carta dirigida a los responsables jurídicos de las empresas en cuestión. 

Las cinco empresas se mostraron satisfechas con el acuerdo, pero dijeron que aún queda mucho por hacer. “Estamos satisfechos con que el departamento de Justicia haya aceptado que nosotros y otros grupos podamos difundir estas informaciones”, dijeron en un comunicado conjunto, precisando que “el público general tiene derecho de saber el volumen y el tipo de pedidos por parte de la seguridad nacional”. “Aunque este procedimiento sea alentador, seguimos exhortando al Congreso a tomar medidas adicionales para aprobar las reformas que creemos necesarias”, añaden. 

No obstante, pese a que el acuerdo parece ser una victoria del Gobierno por la transparencia, muchos creen que en realidad apenas arrojará luz sobre la naturaleza o la extensión de las solicitudes del Gobierno de datos personales. “Es un aumento absurdamente pequeño en la transparencia”, tuiteó Julián Sánchez, investigador del Instituto Cato, que se centra en las cuestiones de privacidad y las libertades civiles, según recoge la revista ‘Mother Jones’. Las empresas de tecnología, explica, no sólo siguen excluidas de la posibilidad de presentar informes de las solicitudes que reciben en tiempo real —hay un retraso de seis meses—, sino que, además, la información que ahora se les permite revelar le dice poco a los estadounidenses sobre las peticiones del Gobierno.

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