La tenencia consuetudinaria de la tierra apuntala la pequeña agricultura de subsistencia para muchos habitantes de las islas del océano Pacífico. Crédito: Catherine Wilson/IPS.
– Para muchos habitantes de las islas del océano Pacífico, las tierras ancestrales son la fuente de vida, identidad y seguridad social. Sin embargo, la mayoría de los estados insulares son pobres, y los gobiernos sostienen que se requieren reformas agrarias para mejorar el desarrollo económico y las infraestructuras.
Con ese objetivo, se promueve el registro de las tierras de tenencia consuetudinaria, sistema de propiedad predominante, para estudiar opciones que permitan subarrendarlas al Estado y a constructores.
“La tenencia consuetudinaria se considera a menudo una barrera al desarrollo de la tierra”, dijo Inoke Ratukalou, director de la División de Recursos Agrarios en la Secretaría de la Comunidad del Pacífico en Suva, Fiyi.
“Las incertidumbres sobre la propiedad y las dificultades para llegar a un acuerdo consensuado pueden desalentar las inversiones y el desarrollo de recursos basados en la tierra”, explicó a IPS.
La tenencia consuetudinaria representa entre 80 y 90 por ciento de la tierra en los estados insulares del Pacífico.
El derecho consuetudinario, no escrito, determina los derechos de herencia y sobre la tierra para los miembros de clanes o familias extendidas.
La tenencia tradicional desempeña un rol vital en las naciones del Pacífico sudoccidental, donde el sector formal genera apenas 15 por ciento de empleo y la mayoría de la población depende de la agricultura de subsistencia y de la de pequeña escala para sobrevivir y obtener ingresos.
Joel Simo, de la Alianza Melanesia de Defensa de las Tierras Indígenas (Milda, por sus siglas en inglés) en Vanuatu, sostuvo que la tenencia consuetudinaria es “un sistema para compartir” que “satisface las necesidades de todos”.
“En muchas áreas, el desarrollo puede tener lugar en tierras ancestrales que no tengan ningún registro”, dijo. “En la mayoría de los países del Pacífico, la tierra es de acceso público, para la supervivencia, y no está vallada por el sistema legal”, añadió.
Sin embargo, en el siglo XXI, la tierra es objeto de crecientes presiones financieras, por una mayor inserción de los isleños de la economía monetaria, el rápido aumento demográfico y la urbanización.
Las infraestructuras públicas de mala calidad, como el caso de las carreteras, también obstaculizan el crecimiento de los recursos locales y el acceso a educación y servicios de salud.
Solo entre cinco y 30 por ciento de las carreteras en Tonga, Vanuatu, los Estados Federados de Micronesia, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón están asfaltadas.
Según la Secretaría de la Comunidad del Pacífico, el desafío es que los países mejoren sus vínculos con el manejo y la tenencia de la tierra, con la protección formal de la propiedad consuetudinaria, mediante el registro y la facilitación de acuerdos en esos predios.
Quienes ocupan tierras no registradas, por ejemplo, a menudo no pueden obtener financiamiento para establecer empresas.
Existen registros de tierras en Fiyi y Palau, pero muy pocos en Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón e Islas Marshall.
En Papúa Nueva Guinea, recientes programas estatales de manejo agrario han perjudicado a las comunidades rurales. Tanto en uno por el cual los dueños ancestrales de la tierra la arriendan al Estado, mediante un título que sirve para subarrendarla a un tercero, como en otro de Arrendamientos Agrícolas y Empresariales Especiales (SABL, por sus siglas en inglés).
Maria Linibi, presidenta de la Fundación de Papúa Nueva Guinea para el Desarrollo de las Mujeres en la Agricultura, reconoció que se requiere una mejor administración, pero rechazó que la reforma agraria privilegie el facilitar las inversiones extranjeras o que el Estado compre tierras ancestrales.
La desconfianza de los tenedores de la tierra sobre la reforma agraria se aviva por la corrupción estatal y el hecho de que los grandes proyectos orientados a las exportaciones no lograron mejorar el desarrollo humano o los estándares de vida para la mayoría de los isleños del Pacífico.
“La gente puede registrar sus tierras y de todos modos seguir siendo pobre”, dijo Simo.
El compromiso de Milda por proteger los valores melanesios, que promueven un uso sostenible de la tierra a largo plazo, incluye la oposición al registro consuetudinario de tierras o a su subarrendamiento, que se percibe como funcional a los intereses de las elites extranjeras y locales.
“La prevalencia del fraude y la corrupción dentro del sistema de administración de tierras (de Papúa Nueva Guinea) significa que se pueden emitir, alterar o destruir títulos fácilmente”, reportó Aidwatch en 2010.
El año pasado, el Oakland Institute, con sede en el occidental estado estadounidense de California, reveló que la escalada de confiscaciones de tierras en Papúa Nueva Guinea representó en la última década 5,5 millones de hectáreas, 12 por ciento de la superficie del país, debido a la manipulación fraudulenta de los SABL.
En vez de generar proyectos de desarrollo agrícola, que beneficien a las comunidades rurales, las SABL han servido para la tala por empresas internacionales, ayudadas por funcionarios estatales corruptos, causando un aumento en la deforestación, y muchos propietarios consuetudinarios perdieron el control de sus tierras tradicionales.
Las declaraciones oficiales sobre “liberar tierras para el desarrollo” han enmascarado “robos a la luz del día, la traición de las protecciones constitucionales de la población y la pérdida de patrimonio y tierras para millones de habitantes de Papúa Nueva Guinea”, señala el Instituto en su informe “On Our Land” (En nuestra tierra).
Aidwatch agrega que los títulos legales de propiedad de la tierra son “una receta para el fracaso” en naciones donde los tenedores de tierra locales no poseen educación ni conocimientos legales. De ahí que en Papúa Nueva Guinea, donde el analfabetismo rural llega a 85 por ciento, los programas de subarrendamiento de tierras tengan el potencial de exacerbar las desigualdades.
El año pasado, el gobierno de Vanuatu introdujo nuevas leyes que ponen los poderes de toma de decisiones sobre los subarrendamientos de tierras en manos de un independiente Comité de Manejo y Planificación de Tierras y las autoridades consuetudinarias, eliminando la discreción de las aprobaciones del ministro de tierras estatales.
La estrategia busca reducir la corrupción y hacer que la tenencia de tierras sirva a los pueblos indígenas y a la economía interna basada en la agricultura.
Las evidencias sugieren que, en Papúa Nueva Guinea, los pequeños productores de alimentos frescos pueden ganar ingresos más sustanciales que las personas que poseen empleos formales. Un estudio de 2008 sobre vendedoras ambulantes en la provincia de Madang concluyó que 50 por ciento ganaban más del triple del salario mínimo.
“La propiedad consuetudinaria de la tierra es muy importante para nuestros sustentos, ingresos y seguridad alimentaria, porque sin ella no sobreviviríamos”, declaró Linibi.
Pero aunque el registro de tierras no es una barrera para aumentar la actividad económica local, muchos estados insulares del Pacífico lidian con la tarea de identificar mecanismos efectivos de resolución de disputas agrarias.
Reconciliar la seguridad de la tenencia de la tierra en el marco del derecho consuetudinario informal y de los modernos sistemas judiciales y legales presenta desafíos. Las disputas de los tenedores consuetudinarios con otros sectores sobre la propiedad de la tierra, o sobre los beneficios del desarrollo y los daños ambientales, inciden en la persistencia de la pobreza rural.
También hay una necesidad urgente de una mejor planificación urbana en ciudades de rápido crecimiento en la región. En los asentamientos informales viven 35 por ciento de los habitantes de Honiara, la capital de Islas Salomón, y 45 por ciento de los de Suva, en Fiyi.
La acelerada expansión de los asentamientos, como ocurre en Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, donde el ritmo es de 7,8 por ciento anual, se produce la invasión de las circundantes tierras ancestrales y las autoridades municipales deben afrontar como mejorar servicios públicos como carreteras, agua y saneamiento.