El Gobierno, a través de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha prohibido este martes una manifestación convocada por la Asociación de Ateos de Madrid para este Jueves Santo porque, entre otros argumentos, supone “una evidente voluntad de provocación” hacia las personas religiosas habida cuenta de “la fecha, el lugar y la hora elegidas”, coincidentes con “diversos actos religioso” y con un “día especial de significación para los católicos”.

La Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores de Madrid (Amal) y la Asociación de vecinos La Playa de Lavapiés comunicaron hace unos días a la Delegación dicha marcha, con un previsión de participación de 300 personas, a las 20 horas el 17 de abril entre la plaza de Lavapiés y Tirso de Molina con el objetivo de “sensibilizar a la población sobre el derecho constitucional a la libertad de expresión y la obligatoriedad de que las instituciones protejan la aconfesionalidad del Estado”.

También reclaman que “se devuelva a los ciudadanos” la mezquita de Córdoba y critican la dedicación de “desmesurados gastos para la realización de fastuosas procesiones, en una época de austeridad económica y recortes sociales”. “Ningún privilegio para las iglesias. De nuestros impuestos, a las iglesias, cero”, serían sus lemas. Se trata del cuarto año en el que estos colectivos han pedido manifestarse y el cuarto en el que se les ha vetado.

Los informes que se han empleado como base para la prohibición aluden a que es probable que se produzcan incidencias ese día en cuanto a la movilidad, ya que la ciudad “es objeto de visitas por un ingente número de vecinos de Madrid y turistas”; y también por razones de seguridad ciudadana “por el carácter claramente antagónico” de ambas actividades, “que podría dar lugar a enfrentamientos entre los asistentes a ambas”.

En la motivación de la resolución, la Delegación del Gobierno en Madrid expone motivos similares a los antes aludidos y añade que es “más que probable que la convocatoria de la manifestación, una vez sea conocida por la opinión pública, dé lugar a la convocatoria de contramanifestaciones que puedan provocar incidentes de orden público”.

La Delegación también esgrime que los lugares por los que pretenden marchar los convocantes son calles que “curiosamente presentan nombres relacionados con la simbología católica”, discurren por zonas con muchas parroquias y el lugar de la celebración de la manifestación “constituye un enclave de alto valor patrimonial histórico-artístico”.