Gallardón insiste en su objetivo de prohibir por ley que los medios de comunicación informen sobre un proceso judicial, si el juez se siente “perturbado” o “inquietado”.
FeSP / Tercera Información ::
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha aprovechado el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para, de nuevo, intentar conseguir su objetivo de que los tribunales puedan prohibir a los medios de comunicación que informen sobre un asunto si el juez dice que se siente “perturbado” o “inquietado” por esas noticias.
Ya lo intentó en 2013, en el borrador de anteproyecto del Código Penal Procesal, que sustituirá a la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal. En él se establecía que un tribunal, de oficio o a instancia del fiscal, podría acordar “el cese de la difusión [de la información sobre un proceso judicial], siempre que ésta pudiera comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados”. Al medio se le advertiría de sus“eventuales responsabilidades penales en caso de incumplimiento”.
Ante el escándalo que levantó esa propuesta, no sólo entre las organizaciones de periodistas sino entre las asociaciones de jueces y fiscales, porque atentaba contra el derecho constitucional a la libertad de información, fue retirada del texto. Ahora, el ministro ha utilizado otro anteproyecto de ley para introducir ese mismo artículo y el Consejo de Ministros lo ha aprobado.
Para garantizar la independencia de los jueces, la vigente LOPJ ya establece que cuando los jueces o magistrados se consideren “inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al juez o tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado”.
Al ministro y al Gobierno no les parece suficiente este artículo y, después de haber tenido que retirar su propuesta inicial del otro anteproyecto de ley ya citado, han aprovechado la futura LOPJ para endurecer ese apartado.
El artículo 18 del anteproyecto de ley continúa manteniendo que “los jueces que consideren perturbado su sosiego y ecuanimidad o que se sientan perturbados por algún intento de condicionar indebidamente sus decisiones” lo comunicarán al presidente del Tribunal Supremo y al CGPJ.
Pero en ese artículo se ha añadido: “No se considerarán comprendidas en este supuesto las partes de un proceso, sus abogados y procuradores, cuando sus actuaciones se realicen de acuerdo con las normas procesales y en los términos del derecho de defensa y libertad de expresión que les asisten”.
“El Consejo General del Poder Judicial podrá ordenar a quien perturbe o inquiete a los jueces el inmediato cese en dicha conducta. La continuación o reiteración de tal comportamiento tras recibir la orden de cese será constitutiva de delito contra la Administración de Justicia previsto y penado en el apartado 1 del artículo 464 del Código Penal”.
Esta nueva amenaza del Gobierno al derecho a la libertad de información se suma a su conocido objetivo de restringir la libertad de actuación de los fotoperiodistas en las manifestaciones públicas, incluida en el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que ha provocado el rechazo de todo tipo de organizaciones judiciales, periodísticas y de la sociedad civil en general.
Es de esperar que el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, en los informes preceptivos y no vinculantes que deben elaborar, declaren que ese artículo es contrario a la Constitución porque vulnera el derecho fundamental a la libertad de información.
http://www.diario-octubre.com/2014/04/18/otra-vuelta-de-tuerca-contra-la-libertad-de-informacion/