Una mujer y sus hijos cruzan una zona inundada en el campamento para desplazados internos de Tomping, en Yuba. Crédito: UN Photo/Isaac Billy
– Tras una semana en la que se sucedieron una masacre dentro de un campamento de la ONU y una matanza étnica en una zona petrolera, la comunidad internacional se pregunta si queda alguna posibilidad de salvar vidas en Sudán del Sur.
A puertas cerradas, el Consejo de Seguridad de la ONU observó un reporte filmado en el norteño poblado de Bentiu, donde entre el martes 22 y el miércoles 23 grupos de rebeldes ejecutaron a cientos de civiles en una mezquita y en un hospital.
Luego de tomar Bentiu, los rebeldes se hicieron del control de la radioemisora local desde la que emitieron mensajes reclamando a sus seguidores que se vengaran de los dinkas y los darfuríes, violando a las mujeres de esas comunidades étnicas, según el reporte de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Los miembros del Consejo de Seguridad manifestaron en una declaración el “horror y la rabia por la violencia generalizada en Bentiu” y condenaron el ataque del viernes 18 contra un campamento del foro mundial en la central ciudad de Bor, en el que murieron al menos 48 de las 5.000 personas que se refugiaban en él, la mayoría de la etnia nuer. Una turba armada hasta los dientes ingresó al complejo y abrió fuego contra la población.
Los Estados que forman parte del Consejo de Seguridad “reiteraron su firme demanda de que cesen de inmediato todos los abusos a los derechos humanos y las violaciones al derecho humanitario internacional y expresaron que están listos para adoptar medidas contra los responsables”, dice la declaración.
Esas medidas podrían ser sanciones selectivas contra los jefes de los grupos acusados de cometer atrocidades como las de Bentiu y Bor.
El miércoles 23, la organización Human Rights Watch (HRW) llamó públicamente al Consejo a “imponer sanciones a individuos tanto del gobierno como de la oposición que sean responsables de abusos graves”.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mencionó este mes la posibilidad de prohibir los viajes y de congelar los activos de dirigentes políticos y militares de Sudán del Sur, pero su gobierno todavía debe definir quiénes serían los castigados.
En ocasiones, la simple amenaza estadounidense de acción basta para disuadir, pero las medidas de la ONU deberían ir mucho más allá en Sudán del Sur, dijo Philippe Bolopion, de HRW.
“Las sanciones de Estados Unidos son bienvenidas, pero no serían suficientes porque muchos de los jefes involucrados en la violencia tienen cuentas bancarias en los países vecinos”, dijo Bolopion. “Si las adopta la ONU, constituirán un firme mensaje a todos de que tendrán que pagar un precio por sus crímenes”.
En este novísimo país, cuya vida independiente comenzó en 2011 con la separación de Sudán, la crisis estalló el 15 de diciembre, con un enfrentamiento en la capital, Yuba, entre facciones del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, que desde la independencia conforma el núcleo de las Fuerzas Armadas.
El presidente Salva Kiir ordenó el arresto inmediato de 11 importantes líderes opositores y acusó al ex vicepresidente Riek Machar de orquestar un golpe de Estado. Este negó la imputación y se trasladó a Yuba para asumir el mando de las fuerzas rebeldes.
Kiir es dinka y Machar es nuer. Pero el conflicto, que obedece en esencia a problemas no resueltos de poder y de acceso a los recursos petroleros, ha dividido al país según fronteras étnicas.
En diciembre, el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de 5.500 cascos azules para reforzar la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS, por sus siglas en inglés), que cuenta con 7.000 efectivos militares.
Pero para este mes no habían arribado más de 700 por cuestiones burocráticas, disputas entre estados miembros y la sobrecarga que vive el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz.
Aunque se desplegaran rápidamente los 12.500 cascos azules que debe tener la UNMISS, no está claro qué podrían hacer fuera de las bases y campamentos en los que han prestado refugio a decenas de miles de personas desplazadas desde diciembre.
Pero incluso esta protección quedó en cuestión luego del ataque a Bor. “Ni la misión ni los campamentos se crearon para eso”, dijo a periodistas el portavoz del secretario general de la ONU, Stephane Dujarric.
El Consejo de Seguridad apoya la Comisión de Investigación sobre Sudán del Sur, creada por la Unión Africana, pese a su lentitud para ponerse en marcha.
Este mes, la Comisión anunció que se reuniría con autoridades regionales para discutir sobre el conflicto, incluyendo a los presidentes Omar al Bashir, de Sudán, y Uhuru Kenyatta, de Kenia, los dos bajo investigación de la Corte Penal Internacional.
La Comisión también celebrará encuentros con el mandatario de Uganda, Yoweri Museveni, cuyas tropas han estado peleando junto a las fuerzas gubernamentales de Sudán del Sur, mientras delegados de Uganda intentan facilitar un acuerdo de paz en unas cada vez más fútiles negociaciones en Addis Abeba.
En el marco de esas conversaciones, el 23 de enero se firmó un cese del fuego, violado a las pocas horas.
“Ninguna de las partes parece lista para detener las hostilidades”, dijo a la prensa el jefe de operaciones de paz de la ONU, Herve Ladsous.
“El acuerdo, que se firmó hace tres meses, nunca se ha aplicado. Y no dan señales de que quieran realmente participar en conversaciones de paz”, agregó.
En la ONU se pudo percibir que las ejecuciones en Bentiu habían alterado a delegados acostumbrados al fuego lento, si bien mortal, de una guerra civil que se puede discutir mañana o la semana que viene.
El Consejo solicitó rápidamente a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que envíe expertos a Bentiu para iniciar una investigación.
“Los civiles son sacados de una mezquita y asesinados, se llama a la gente por la radio a violar a mujeres de cierta etnia… hemos llegado a un punto en el que puede pasar cualquier cosa”, dijo Bolopion a IPS.
Pero, pese a las señales de que hay vida en el Consejo de Seguridad, la solución para Sudán del Sur probablemente dependa de los gobiernos de la región que, hasta ahora, no han expresado ni neutralidad ni voluntad de ejercer verdadera presión sobre Kiir y Machar.
La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD por sus siglas en inglés), que reúne a los países de África oriental, ha dicho que tiene intenciones de reemplazar a las tropas ugandesas por una fuerza regional, pero ese plan tampoco se ha materializado y no necesariamente resuelva la falta de imparcialidad hacia las partes en conflicto.
“Estas sanciones pueden ayudar, pero no van a resolver el problema”, dijo a IPS un alto funcionario de derechos humanos que pidió no revelar su nombre. “Los principales jugadores en la ONU saben que la clave es que las potencias regionales se muestren más activas y hagan lo correcto”, añadió.
“La IGAD y los vecinos son cruciales. Si no encuentran una solución política, el conflicto se pondrá mucho peor”, dijo la fuente.
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