La Unión Europea ha decidido responder con mano dura a la escalada de ‘ciberataques’ que en las últimas semanas se vienen sucediendo contra empresas, bancos y diversas instituciones. Así, y previa aprobación del Parlamento Europeo, aún pendiente, aquellos delitos cometidos en la red considerados graves implicarán sentencias de, al menos, cinco años de prisión.

Igualmente, también se endurecerán las penas para los hackers que se sirvan de redes de ordenadores preparadas, sin consentimiento de sus usuarios, para realizar ataques DDoS o de cualquier otro tipo así como aquellos lleven a cabo robos de identidad o intercepción de datos de forma ilegal.

Europa intentará asimismo desarrollar la infraestructura policial y judicial necesaria para hacer frente a una realidad cada vez más palpable frente a la cual se encuentran prácticamente indefensos. En este sentido se ha planteado la posibilidad de crear una unidad de ‘cibercrimen’ anexa o complementaria a la Europol que trabajaría exclusivamente en este campo. No se ha detallado si se trata de la Agencia Europea para la Seguridad, anunciada recientemente, o de un ente diferenciado.

Queda aún por matizar lo que los 27 entenderán como “delito cibernético” y, más aún, cuales serán considerados graves, para comprender el alcance de esta improvisada iniciativa y como puede afectar al control directo de los estados sobre el uso que los ciudadanos hagan de Internet.