El Gobierno español pretende que la vigilancia de las cárceles pase a manos de empresas privadas de seguridad alegando que es un ahorro para la administración. Los sindicatos denuncian que solo persigue dar negocios a las empresas privadas y que los recortes son de tal calibre que en algunos módulos de prisiones solo hay dos funcionarios por 160 reclusos.

Son el nuevo foco de las privatizaciones: las prisiones. El Gobierno pretende que la vigilancia de las cárceles pase a manos de empresas privadas de seguridad. Ya ha financiado un proyecto piloto en 21 de las 63 que existen en el Estado. Un proyecto que ha supuesto más de siete millones de euros.

El Ministerio del Interior español asegura que este primer paso ha sido todo un éxito, pero para los sindicatos el Gobierno solo persigue dar negocios a las empresas privadas. Por eso esta pequeña protesta del centro penitenciario Madrid VI, en Aranjuez, se ha repetido en más centros por toda España.

Lo que sí están viendo son una merma en la calidad de los servicios. Con cada vez menos medios y sin renovar las plazas de todos los funcionarios jubilados, la situación en el interior de la cárcel es cada vez más complicada.

De las 63 prisiones que dependen del Estado, el Ejecutivo del Partido Popular (PP) pretende implementar la seguridad privada en las 42 que aun no lo tienen. No hay una fecha para esta fase de implementación, pero los sindicatos ya advierten que habrá menos funcionarios trabajando y una merma de calidad en un sector estratégico como es la seguridad en las prisiones.

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