La crisis ha sacado a la luz los claroscuros de un país que presumía de ir viento en popa. Con ella llegaron los recortes y los copagos. Pero esta crisis es para muchos sinónimo de una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. La situación de la sanidad española, transferida en su mayor parte a las 17 comunidades autónomas, es un reflejo de lo que ha pasado en otras áreas de la economía. Tras años de derroches, donde las fotos de las inauguraciones de centros sanitarios florecieron por doquier, ahora la insostenibilidad del sistema es una amenaza constante. Y muchos se preguntan:¿Qué hay que hacer para que la atención siga siendo pública, universal y gratuita? ¿Se ha resentido la salud de los españoles por culpa de la recesión?
«Pese a la crisis, el estado de salud de la población en general ha continuado mejorando. Tampoco se ha notado en un número mayor de suicidios. Pero sabemos que hay 3,7 millones de parados de larga duración, que la nutrición es peor y que la desigualdad y la pobreza infantil son mayores, algo que impactará a la larga. El cuadro global es presentable pero el pronóstico es preocupante», afirma Vicente Ortún, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universitat Pompeu Fabra y especialista en Economía de la Salud y en la Gestión Sanitaria.
El hecho de que la mayoría de las personas siga teniendo un acceso gratuito o casi gratuito al sistema sanitario ha sido crucial para Pilar García Gómez, presidenta de la Asociación Española de Economía de la Salud (AES). Además, añade, «en España, la población más enferma es la que tiene más de 65 años y la renta de este colectivo ha estado bastante protegida».
Ortún sostiene que, hasta ahora, la población no ha percibido los recortes presupuestarios en sanidad porque estos no han afectado a la calidad del servicio gracias al esfuerzo de los profesionales. «Ellos son la interfaz del sistema. Si mantienen el ánimo, la población estará contenta», afirma.
En cuanto a si la crisis ha modificado la forma en cómo se gestiona la sanidad española, Ortún señala que «no ha habido cambios. La meritocracia está atenuada o ausente de la gestión sanitaria. Y no tendremos mejor gestión hasta que tengamos mejor política«. Porque ha sido esa influencia (de los intereses políticos) la que ha generado, según este experto, un crecimiento desmesurado de ofertas de centros y servicios. «Pero esa excesiva proliferación es reversible y hay que cambiarla porque una mayor concentración de servicios genera una mayor calidad de la atención médica y además se ahorra».
No sólo problema de las transferencias
Con la multiplicación de centros de referencia, hospitales, servicios especializados, etc. tal y como ha venido ocurriendo hasta ahora, «el sistema no sería sostenible porque los ingresos de las CCAA no serían suficientes para soportar el gasto sanitario», afirma José María Abellán, profesor e investigador del Grupo de Trabajo en Economía de la Salud y Evaluación Económica de la Universidad de Murcia.
Para Abellán, no se trata de un problema de transferencias (de la Sanidad a las CCAA) pues «en otros países, como Reino Unido, también toman decisiones muy locales. El hecho de la descentralización por sí solo no condena al sistema. La cuestión es que falta coordinación y evaluación de resultados. Sin esto, no se puede aprender de las iniciativas que salen bien y, por tanto, no se pueden implantar en otras comunidades donde los resultados son más pobres».
Además de la evaluación, se echan en falta medidas estructurales.«El sistema está orientado hacia el tratamiento de procesos agudos pero la gestión óptima de la cronicidad es menos buena. Esto es un elemento clave para la sostenibilidad. También serían necesarias políticas de salud pública, porque ahora sólo se emplea en éstas entre el 1% y 2% del gasto sanitario», explica Abellán.
Andalucía y País Vasco son las comunidades más avanzadas en el manejo de la cronicidad. «Desde 2002 tenemos en marcha el proceso asistencial integrado de las personas con pluripatologías. Se trata de establecer un vínculo entre el hospital y los centros de salud para que los cuidados no se interrumpan cuando el paciente es dado de alta», explica Andrés Cabrera, profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública. No obstante, esta estrategia todavía no se encuentra instaurada en todos los distritos sanitarios de la región, «las zonas rurales son el gran handicap«, ni escapa de los puntos negros del sistema como el desfile de caras de médicos por la carencia de contratos prolongados que hace que el paciente vea cómo, cada poco tiempo, su médico de cabecera cambia.
Salud, más allá de la sanidad
Para hacer una mejora de calado, «habría que focalizarse en el bienestar de la población, no en la salud. La mejor política sobre la salud está en el fomento de la educación básica y las políticas activas de empleo», enfatiza Ortún. En la misma línea se manifiesta la presidenta de AES, quien insiste en que «el estado de salud no sólo depende de lo que se haga en el sistema sanitario. Hay que dar un paso más allá».
Si no se llevan a cabo intervenciones y políticas alternativas, con una perspectiva de salud poblacional y evidencia científica, la crisis terminará generando un gran impacto negativo en la salud de los ciudadanos. De momento, sólo hay esbozos como el efecto en la salud mental: entre 2006 y 2010, los trastornos depresivos han aumentado un 19,4% en España, los de ansiedad un 8% y la dependencia al alcohol un 5%.
Para llevar a cabo estas intervenciones, todos los expertos consultados insisten en que es fundamental la transparencia, si se pretende que sean estrategias sostenibles. Tal y como se expone en el Informe SESPAS Crisis económico-financiera y salud en España uno de los aspectos clave es cómo se realiza la incorporación de tecnologías y fármacos en la cartera de servicios sanitarios, algo que hasta ahora se ha venido realizando de una manera lenta y bastante cuestionable.
«El Real Decreto de 2012 tenía vocación de impulsar la evaluación de las tecnologías pero, en la práctica, no ha cambiado», apunta Abellán. Algo que confirmaba hace unos días José María Amate, jefe del Área de Informes Internos y Evaluación Integral de Productos de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III. En una charla dentro de la jornada Iniciativas para la mejora de la eficiencia en el SNS, organizada por Unidad Editorial Conferencias, Amate reconocía que dos de los tres niveles establecidos en el decreto de 2012 para la cartera de servicios todavía están «pendientes de desarrollo», algo que se quiere regular próximamente en otro decreto.
Pero la excesiva burocratización de este sistema de evaluación y su gran dependencia política hacen que en lugar de tomarse decisiones objetivas, basadas en la evidencia científica, «estén muy politizadas», afirma Abellán. Con un sistema transparente, basado en evaluaciones de expertos independientes, «se podría ahorrar dinero y gastar más eficientemente«. Sin embargo, apunta, en España «falta una cultura evaluadora en la sanidad, y en todas las políticas públicas en general. Ni políticos ni profesionales sanitarios ni ciudadanos están motivados o acostumbrados a exigir un cambio. Es la tormenta perfecta. Aunque creo que la crisis ha generado un cierto revulsivo, en el ámbito sanitario no se han producido cambios sustanciales». Conclusión a la que llega no sólo este experto sino el resto de los consultados por este periódico.
https://selenitaconsciente.com