El juez de Sevilla que investiga a UGT Andalucía cuenta con un aluvión de pruebas sobre los desvíos de subvenciones a través de una presunta trama de facturas falsas, de la que EL MUNDO viene informando desde el pasado verano. En esa documentación se incluyen correos electrónicos tan elocuentes como el enviado por la responsable de contabilidad de la empresa proveedora Publicar, la misma que facturó al sindicato 700 maletines falsificados en Asia. «¿Queréis una factura por su importe real, o por otro?», pregunta la administrativa Diana Corredera a la entonces responsable del departamento de compras de UGT, Lola Sánchez. Ambas fueron detenidas y están imputadas en la investigación que sigue Juan Jesús García Vélez.
El correo electrónico en el que queda constancia de la manipulación de las facturas siguiendo instrucciones de UGT, junto a un sinfín de emails más, testimonios de trabajadores del sindicato y documentos contables, se incluye en el sumario de más de 3.000 folios en poder de EL MUNDO, en el que también aparecen las informaciones publicadas por este diario el último año.
Los emails han sido interceptados por los investigadores del grupo de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil, al analizar la información que contenían los discos duros que UGT guardaba en su sede de Sevilla y que fue registrada el pasado diciembre.
El sindicato utilizaba las facturas falsas para justificar subvenciones ante la Administración
La pregunta de Publicar a UGT para saber si tenía que confeccionar o no una factura irregular demuestra que el sindicato exigía a sus proveedores que le hicieran recibos falsos que luego utilizaba para justificar subvenciones ante la Administración, a pesar de que, en sus declaraciones judiciales, los ex dirigentes sindicales acusados y algunos proveedores lo han negado.
Otros, en cambio, sí han admitido que UGT les reclamaba facturas que «no tenían nada que ver con el servicio realmente prestado», como reconoció ante el juez la imputada Diana Corredera, la misma que firma el correo electrónico.
Esta encargada de la contabilidad de la empresa de Madrid Publicar es una de las 14 personas detenidas el pasado 24 de junio durante la segunda fase de la operación Cirene contra la financiación irregular de UGT en Andalucía, en la que también fue arrestado el ex dirigente sindical Federico Fresneda, responsable de las cuentas del sindicato durante los últimos 15 años.
Maletines falsificados
La proveedora que pregunta si el sindicato quiere una factura por el «precio real o por otro» es la misma que proporcionó los 700 maletines falsificados en fábricas de Asia copiados de un modelo de Salvador Bachiller que UGT regaló a los delegados que asistieron al congreso regional de 2009, en el que salió reelegido el entonces secretario general Manuel Pastrana. Publicar lleva un año cerrada.
Además de exigirles que confeccionasen facturas falsas, UGT reclamaba a sus proveedores el pago de comisiones o mordidas, que eran «enmascaradas» -dicen los investigadores de la UCO- como rappeles, que son descuentos a clientes, habituales en las relaciones comerciales. Sin embargo, en este caso no lo son porque se aplican a facturas para justificar las subvenciones. La Administración abona la suma que refleja el recibo, la empresa cobra una parte y el sindicato se embolsa un porcentaje que puede ir del 4% al 20%.
El pago de estas comisiones era una «condición ineludible o indispensable» y una «obligación impuesta» por UGT a sus proveedores si querían trabajar con el sindicato. Así lo declaró ante el juez y ante la UCO el imputado José Luis Casas, de la empresa Siosa, también detenido en la última redada. Las comisiones eran una «condición necesaria», dijo Mónica Corredera, administradora de la empresa Publicar. Su hermana Diana alegó que pagaban las mordidas por «temor a perder el cliente».
Maletín original (i) y la falsificación por la que optaron desde el sindicato.
La Guardia Civil ha recabado testimonios de trabajadores de UGT-A que ponen de manifiesto la intencionada laxitud de la auditora amiga del sindicato -Gabinete Interaudit SL, administrada por Francisco Briones- a la hora de revisar las ayudas de la Junta.
«Firmaba los informes de auditoría sin realizar ninguna comprobación o revisión«, declaró a los agentes policiales un antiguo empleado del departamento de Administración de UGT-A.
De forma más elocuente se refirió al auditor la entonces responsable del departamento de Justificaciones de UGT-A, María Dolores Sánchez, en un correo enviado al secretario de Administración, Juan María Martínez, después de que éste mostrara su malestar por el retraso del auditor en la entrega de documentación. «[Briones] hacía todas las auditorías; bueno, las firmaba», escribe Sánchez.
Los agentes llaman la atención sobre un email que pone de manifiesto cómo un empleado de UGT envió por mensajero al domicilio del auditor la documentación para que éste procediera a su firma.
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