El portavoz de Podemos, Pablo Iglesias, ha apelado desde la Eurocámara el apoyo de otros partidos políticos españoles representados en el Parlamento Europeo para que el Gobierno de España suspenda los desahucios. | La austeridad de Pablo Iglesias: hoteles a kilómetros de Estrasburgo.
Este lunes, el portavoz de Podemos invitó a una reunión a todos los demás portavoces de partidos en la Eurocámara con la intención de «alcanzar un acuerdo que permita plantear al Gobierno la posibilidad de acabar con algo que desean todos los ciudadanos españoles independientemente de cada opción política».
Iglesias dijo que el objetivo es exigir al Gobierno que acate la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sobre ejecuciones hipotecarias y para que suspenda todos los desahucios en España.
¿Una cuestión de Estado?
El eurodiputado se mostró «seguro» de que los europarlamentarios de otras formaciones «primarán que se trata de un tema de Estado» y «dejarán a un lado los intereses partidistas».
En la reunión también participará el abogado experto en derecho hipotecario Rafael Mayoral, que explicó que el Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado que la actual ley española, que venía a modificar la anterior normativa hipotecaria, «deja claro que España viola sistemáticamente los derechos humanos» en referencia a que se incumpliría el artículo 47 de la Carta de Derechos Humanos de la UE.
El letrado dijo que tras las recientes sentencias del Tribunal de Luxemburgo, los jueces españoles «tienen la obligación de cumplir con el Estado de Derecho y suspender la aplicación de la ley española» y parar los desahucios.
Mayoral hizo mención a la reciente respuesta de ese Tribunal ante una cuestión prejudicial planteada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón en relación con las posibilidades que una persona afectada por un proceso de ejecución hipotecaria tiene para oponerse a determinadas decisiones judiciales.
El Tribunal Europeo ha estimado que los ejecutados también deben tener el derecho de oponerse a una decisión judicial desfavorable. Sólo los bancos podían ejercer hasta ahora ese derecho.
La última revisión de la norma hipotecaria española se produjo después de que en marzo de 2013 la Corte declarase «abusivas» las cláusulas hipotecarias españolas con una sentencia que fue bautizada con el nombre del demandante, Mohamez Aziz.
La Troika, el BCE, el FMI
Iglesias lamentó que la propia Comisión Europea no haya impulsado la paralización de la aplicación de las ejecuciones hipotecarias tras las sentencias de Luxemburgo contra la ley española y lo achacó a que el Ejecutivo comunitario forma parte de la troika, en que también están el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
«Es evidente que ninguna de las instituciones de la troika han estado a la altura a la hora de responder a los desafíos democráticos de Europa en un momento en que muchos derechos de los europeos han sido vulnerados», señaló el eurodiputado.
Agregó en ese sentido que la obligación de los eurodiputados, «que representan a los ciudadanos y no a los poderes financieros», es «reivindicar esta Eurocámara como espacio en que no se abandone a los ciudadanos».