La juez instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, considera «imposible» que los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán desconocieran que sus gobiernos usaban un sistema ilegal y opaco para pagar prejubilaciones y ayudas «de forma absolutamente libérrima» a empresas y personas afines a los sindicatos UGT y CCOO y al PSOE.
En la exposición razonada con la que la juez argumenta ante el Tribunal Supremo los indicios delictivos contra nueve aforados, entre ellos los dos ex presidentes, Alaya sostiene que éstos se encontraban al tanto del fondo de reptiles, ignoraron las advertencias sobre su ilegalidad y conocían el pago de sobrecomisiones.
Al tiempo que argumenta que los ex presidentes sabían del «sistema ideado» y que éste obedecía a una «directriz política», la magistrada exime de responsabilidad al Parlamento de Andalucía, al que una de las partes había intentado involucrar alegando que los diputados tuvieron conocimiento del presupuesto anual desde el momento en que son ellos los que, con sus votos, lo aprueban.
La exposición razonada recuerda que el presupuesto no se elabora en la Cámara sino antes y que, además, cuando fue remitido a los diputados para su aprobación, entre 2002 y 2009, se «utilizó, probablemente de manera intencionada, un lenguaje oscuro, ambiguo y difuso, con expresiones equívocas, de forma que en ningún documento presupuestario se exponía con claridad» cuál era el sistema para conceder las ayudas.
La juez Alaya recuerda que la Intervención General de Hacienda de la Junta de Andalucía advirtió «hasta el hartazgo» y «hasta la saciedad» de que la Consejería de Empleo estaba concediendo subvenciones de manera ilegal, al utilizar la figura presupuestaria de la transferencia de financiación.
La explicación técnica es simple: estas transferencias sólo pueden ser utilizadas por las consejerías para cubrir pérdidas de sus entes u organismos dependientes. Por eso, ese flujo interno de dinero de uno a otro departamento de la Junta de Andalucía está sometido a unos controles muy laxos. Por ello, cuando los interventores observaban que la Consejería de Empleo transfería fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o a la Agencia Idea mediante esa figura -que en la cuenta general y en el presupuesto se identifica con el código numérico 440- se limitaban a comprobar que la cuantía que salía de una cuenta se ingresaba en la otra y nada más.
No podían sospechar que, en realidad, esas transferencias no iban destinadas a cubrir pérdidas en el IFA o la Agencia Idea sino que enmascaraban el pago de subvenciones que concedía la Consejería de Empleo y de las que no se tenía noticia porque se concedían sin concurrencia y no se publicaban en el Boletín Oficial de la Junta. Para poder recibir las transferencias de financiación, según la juez, la Agencia Idea «falseó» su presupuesto inventándose pérdidas y así no despertar las sospechas ni de la Intervención ni del Parlamento.
La falta de controles dio pie a que se concedieran ayudas por más dinero del que había disponible, generando un déficit presupuestario de 38,3 millones de euros en 2003, de 93,6 millones en 2004 y 95,5 millones en 2006. Es «imposible» según la juez Alaya que ese hecho «no generara la alarma» del consejero de Innovación, Francisco Vallejo, o que el presidente Chaves y su entonces consejero de Hacienda Griñán «no trataran el importante menoscabo de fondos públicos por actuaciones realizadas al margen del control de la Intervención».
La magistrada considera que ambos tuvieron puntual conocimiento del presupuesto anual de la Junta de Andalucíacomo miembros de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, un órgano de alto nivel en el que se discutía el presupuesto antes de ser remitido al Parlamento para su aprobación. Y se muestra convencida de que en dichas reuniones se trató el «importante» desfase en las cuentas.
«Con toda lógica», señala la magistrada, Griñán tuvo conocimiento de las advertencias de la Intervención sobre la ilegalidad del sistema de concesión de ayudas y «con toda lógica», añade la juez, también Chaves conoció dichas advertencias mientras fue presidente. Y no sólo porque existiera «la normal comunicación» con el consejero de Hacienda sino porque la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que Chaves presidía recibía también los informes del interventor general.
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