Los equipos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ya tienen sobre la mesa su particular misión imposible. Una de la que probablemente ni el mismísimo Tom Cruisepodría salir bien parado: se trata de identificar una por una a las empresas de la provincia de Tarragona que tengan contacto -como producto base, subproducto o desecho- con un listado de 550 sustancias (las denominan en jerga técnica disruptores endocrinos) que la Unión Europea conoce o sospecha que pueden haber deteriorado la calidad del esperma de los tarraconenses.

Lo que a primera vista parece una diligencia bastante surrealista para el común de los mortales no lo aprecia del mismo modo Joaquín Elías, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, ni laFiscalía de Medio Ambiente, bajo cuya petición se ha reabierto un antiguo caso que nace de una denuncia de 2010 y que ya se había archivado en dos ocasiones. El auto del juez ha devuelto el protagonismo a un viejo informe del Instituto Marqués de Barcelonaque aseveraba que el semen de los tarraconenses es uno de los peores.

Los propios autores del estudio científico que acredita la atrofia de los espermatozoides de la población de Tarragona y sobre el que se asienta la citada denuncia, un equipo médico coordinado por la doctora Marisa López Teijón, certifican la imposibilidad práctica de imputar responsabilidades a empresas concretas bajo el principio de causa-efecto: «Nosotros probamos científicamente en 2002 que los efectos contaminantes de la industrialización en Tarragona eran un factor decisivo en la pérdida de fertilidad y adjuntamos el listado de sustancias que la UE considera que deterioran la calidad de vida en general; de ahí a señalar el nombre de una empresa media un abismo», explica a EL MUNDO el doctor Ángel López, integrante del equipo investigador.

Dicha denuncia, presentada por la organización ecologistaL’Escurçó, señala directamente a la potente industria petroquímica de Tarragona, que ha preferido no emitir ningún comunicado oficial. Fuentes de la Asociación Empresarial Química de Tarragona(AEQT) han revelado que hasta la fecha no han recibido ningún requerimiento de información por parte de la Guardia Civil y han recordado que cumplen «a rajatabla todos los controles exigidos por la normativa medioambiental, con certificaciones de calidad que incluso están muy por encima de esa exigencia legal».

La AEQT admite que «con un listado tan amplio y tantas empresas en la provincia» es posible que existan centros de producción en Tarragona en los que se trabaja con los disruptores endocrinos que el Instituto Marqués y la UE señalan como potencialmente peligrosos, pero también considera el informe poco concluyente «con una base de 405 muestras en 150 kilómetros de territorio». Aunque el catálogo es enorme, las sustancias pertenecen básicamente a las familias de los ftalatos (plastificantes), bisfenoles (endurecedores y aglutinantes de plásticos, pinturas, lacas, colas, etc), estireno y agroquímicos (pesticidas, insecticidas, herbicidas y desinfectantes, entre otros usos).

Además de la denuncia de L’Escurçó, cuyo portavoz, Joan Manel Olivella, no ha ocultado su sorpresa por el giro judicial de una causa que consideraban agotada, en Tarragona han surgido otras iniciativas con el objetivo de responsabilizar a la industria química -también a la nuclear-, hasta ahora sin éxito, de cuadros clínicos anómalos que se aprecian en la provincia. En 2011 se presentó, con el apoyo delColectivo Ronda de abogados, la Asociación de Afectados Químicos y Ambientales (AQUA) para exigir el tratamiento de personas con Sensibilidad Química Múltiple a través de la Seguridad Social. «Toda la costa mediterránea, y especialmente zonas industriales como los polígonos químicos de Tarragona, son zonas de riesgo para personas hipersensibles a los productos químicos», denunció el abogado de Ronda, Jaume Cortés.

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