La reforma local del Gobierno, concebida para clarificar el reparto de competencias entre comunidades y ayuntamientos, puede quedar sin efecto por el boicot de las autonomías a su aplicación. En apenas cuatro meses, entre marzo y julio de este año, hasta 11 regiones han aprobado normas específicas para intentar zafarse de la ley estatal. En siete de ellas –Castilla y León, Aragón, Galicia, La Rioja,Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid– gobierna el Partido Popular. Las otras cuatro son País Vasco, Andalucía, Cataluña yAsturias.

La Ley de Racionabilidad y Sostenibilidad de la Administración Local estableció una nueva división de funciones siguiendo la filosofía de una Administración, una competencia. Los municipios han perdido la prestación de los servicios en educación, sanidad y servicios sociales, que no les correspondían y que pasan a ser exclusivos de la comunidad autónoma. Sólo en el caso de que se suscriba un convenio, con el que las regiones aporten su parte de dinero correspondiente, los ayuntamientos podrían seguir prestándolos.

Las normas impulsadas por las comunidades rechazan este nuevo estatus, al disponer que las competencias que venían prestando los municipios como propias, reguladas en leyes autonómicas de régimen local o en leyes sectoriales, continúen siéndolo, con independencia del cambio dispuesto por el Gobierno.

El Decreto 1/2014 de 27 de marzo aprobado por el Gobierno de Castilla y León no puede ser más clarificador. Su nombre es «de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos» en esta comunidad, ante la entrada en vigor de la reforma local. En él se apela al Estatuto de Autonomía para fijar que corresponde a la región «velar por los intereses financieros de los entes locales de su territorio y ejercer la tutela financiera sobre ellos».

El resto de leyes aprobadas son muy parecidas, siguiendo la estela de ésta y de la del País Vasco, que fue la primera. En todas se intenta obstruir la entrada en vigor de la Ley estatal, que obliga a las comunidades a financiar las competencias que son suyas pero que ejercen los ayuntamientos. La actuación de estas 11 regiones genera un grave conflicto jurídico, ya que están obligadas a cumplir la legislación estatal. De hecho, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Iñigo de la Serna, ya ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que actúe con contundencia ante estos claros intentos de contradecir la ley.

La reforma local tardó más de un año y medio en salir adelante y acumuló más de 40 borradores antes del texto definitivo. Pero con su aprobación, en diciembre de 2013, no se acaba la batalla. Los socialistas han planteado un recurso de inconstitucionalidad porque, sostienen, merma la autonomía municipal. Sin embargo, no estaba en el guión la oposición de las comunidades del PP.

En el fondo del conflicto radica el debate en torno a una nueva financiación autonómica. La pasada primavera, cuando se aprobaron las leyes que boicotean la reforma, algunos dirigentes aún albergaban la esperanza de un cambio del sistema. Pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha cerrado todas las puertas con el anuncio de que el modelo de financiación no se modificará esta legislatura.

En las leyes de boicot aprobadas por las distintas comunidades incluso se apunta a este problema. Aunque la ley estatal regulaba un calendario para que los gobiernos regionales asumieran todas las competencias en educación, salud y servicios sociales, las normas autonómicas decretan que esto no se producirá (seguirán en manos de los ayuntamientos) hasta que no haya un nuevo sistema de financiación.