El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está a punto de decidir sobre la denuncia contra una amplia mafia de corrupción judicial que ha logrado anular un proceso contra dos jueces, lo que ha causado consternación, indignación ciudadana, rabia y estupor tras la decisión de la Audiencia Provincial de Las Palmas de dar “carpetazo” a la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La investigación incriminaba a una red de magistrados, catedráticos y abogados corruptos, uno de los cuales había sido ascendido a “jefe de gabinete” (cargo de la máxima confianza de un político) por la vicepresidenta socialista del GobiernoZapatero y también jueza, Teresa Fernández de la Vega, y era compañero de trabajo del ministro socialista de Justicia, Francisco Caamaño. La “anulación de pruebas” del “caso Unión”, protagonizado por el empresarioLuis Lleó para lograr un pelotazo urbanístico en Costa Roja (Lanzarote) mediante la compra de políticos, desencadenó una campaña de acoso y derribo al juez César Romero Pamparacuatro, que había detenido a la alcaldesa María Isabel Déniz, hermana de la jueza Carolina Déniz, la cual había dejado momentáneamente la toga para ejercer como alto cargo de Coalición Canaria.

Los jueces Ángel Aguallo Avilés, también catedrático de la Universidad de Córdoba, e Ignacio Sánchez Yllera, letrados-magistrados del Tribunal Constitucional, el funcionario Ignacio Pérez Royo, jefe de Inspección fiscal del Ayuntamiento de Sevilla, director de Asesores Fiscales del Instituto de Estudios Cajasol y directivo del Betis, María José García Vizcaíno, pareja del magistrado Ignacio Sánchez Yllera, el letrado Manuel Matamoros Hernández, abogado con despacho en Madrid y gerente de la Organización Empresarial Madrileña de Establecimientos del Juego, junto al economista Jerónimo Campón Montero,con despacho en Arrecife (Lanzarote), que incluso formaba parte del Consejo de Administración de la mercantil Costa Roja, son los acusados por la Guardia Civil tras muchos meses de investigación que la propia trama ha echado por tierra.

Se da la circunstancia de que uno de los jueces señalados en el informe de la UCO, Ignacio Sánchez Yllera, era juez de vigilancia penitenciaria en Valladolid cuando dejó en libertad a un preso,Juan Manuel Valentín, pese a que había informes contrarios.

Poco después, el ex presidiario violó y asesinó a una niña de nueve años, Olga Sangrador. Pese a este grave error

judicial, el juez fue nombrado poco después técnico del Consejo General del Poder Judicial, y posteriormente fue jefe de gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno de María Teresa Fernández de la Vega y letrado del Tribunal Constitucional, con destino en la Audiencia Provincial de Madrid.

En cuanto al otro magistrado que asesoró a Lleó, Ángel Aguallo Avilés, pertenece a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo,  es letrado del Tribunal Constitucional y catedrático de

derecho financiero de Córdoba. Fuentes judiciales aseguran que la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está a punto de decidir sobre la queja contra esos magistrados que ha interpuesto el denunciante de esta mafia, el ex consejero socialista en el Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino.

“Investigar corrupción en Canarias es un desafío importante, incluso para los

jueces. El magistrado que condujo los dos primeros años del “caso Unión”, César Romero Pamparacuatro, ahora destinado a un juzgado de La Laguna (Tenerife), ha sufrido en sus carnes el poder y la influencia que ejercen una buena parte de los imputados en la causa”, señala el periodista Carlos Sosa.

Y es que la instrucción, a pesar de acumular más de 30.000 folios, ha sido un calvario, según su descripción: “El juez pidió un refuerzo en el año 2009 pero no se lo dieron. En 2010 se trasladó a Tenerife pero quiso seguir con el caso en comisión de servicios. Le concedieron tres meses, sin relevarle de sus otras funciones, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le denegó la prórroga a pesar de que había seis informes que la aconsejaban. La actual juez, que se dedica exclusivamente al caso, es la quinta que se ha hecho cargo de la instrucción.

En su denuncia por la desaparición de los autos del sumario,el juez Pamparacuatro se queja de que los órganos políticos y el CGPJ “no adoptaron las medidas necesarias para garantizar la buena marcha de una investigación judicial de gran envergadura relacionada con la corrupción”. El magistrado pone de manifiesto que Sánchez Yllera y Francisco Caamaño estuvieron al mismo tiempo a las órdenes de De la Vega, uno como jefe de gabinete y otro como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Finalmente, Caamaño ascendió a ministro de Justicia y lo era cuando ese mismo Ministerio denegó el refuerzo que había pedido el juez y había aprobado el Poder Judicial para acelerar el caso. El Ministerio no le dio el apoyo alegando que no se estaba justificaba la «excepcional carga de trabajo» que conllevaba la instrucción”.

Pero no solo De la Vega y Caamaño protegieron a los jueces acusados de corrupción. También lo hicieron sus socios de Coalición Canaria: “A las pocas semanas de iniciada la investigación el juez Pamparacuatro empezó a sospechar que alguien estaba vulnerando el secreto del sumario al avisar de sus intenciones a las personas que iban a ser detenidas. Uno de los encartados llegó a confesar que supo con antelación que esa iba a ser su suerte gracias a la exalcaldesa de Arrecife, capital de Lanzarote,María Isabel Déniz, igualmente involucrada (y detenida) en la causa”, dice Sosa.

Déniz es hermana de la que en aquellos momentos ejercía deviceconsejera de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, Carolina Déniz, juez en excedencia que ya ha retornado a la carrera judicial: “Las filtraciones obligaron al juez instructor a sacar la causa del sistema informático que usa la justicia en Canarias, el programa Atlante, y redactar sus resoluciones en un ordenador sin conexión a Internet.Atlante es un complejo software informático controlado por la Comunidad Autónoma, donde ejercía como alto cargo la hermana de una de las principales encartadas en la operación”.

Anteriormente, la jueza Carolina Déniz ya había tenido que declarar ante el juzgado por un viaje a Marruecos realizado junto a su sobrina, Omayra Déniz, hija de su hermana la alcaldesa, y un acompañante, en diciembre de 2005. El juez se encontró una factura por valor de 10.983 euros emitida porViajes Insular a la empresa FCC Construcción. Se investigaba si la constructora pagó ese viaje y por qué motivo. Como beneficiarios del viaje aparecían tres personas: Omayra Déniz, Carolina Déniz y Roberto Rodríguez, en aquel momento responsable del Grupo de Extranjería en Lanzarote de la Policía Nacional.

Por su parte, el informe de la UCO señala que tanto el juezÁngel Aguallo Avilés como Ignacio Javier Sánchez Yllera,que asesoró a Lleó en “diversos asuntos jurídicos”, pudieron incurrir además en “algún tipo de incompatibilidad”, ya que eran letrados-magistrados del Tribunal Constitucional. Al respecto, señala que la ley impide que los miembros de este órgano compatibilicen ese cargo con “cualquier otra función, destino o cargo, así como el ejercicio profesional y con la intervención en actividades industriales, mercantiles o profesionales, incluso las consultivas y las de asesoramiento”, según denunció “La Voz de Lanzarote”.

Según este diario digital, a la luz de la documentación incautada en los registros durante la Operación Unión, la UCO sostiene que realizaron ese asesoramiento a Lleó y cobraron por ello. Además, según el informe policial, intentaron camuflar esos pagos, evitando que vinieran “reflejados directamente a nombre de la persona que realiza el asesoramiento”. La UCO también señala que “no se puede obviar la posible participación en las presuntas irregularidades desde el punto de vista fiscal realizadas por Residencia Costa Roja, a la vista de las recomendaciones expuestas por Ignacio Pérez Royo y Ángel Aguado Avilés”, magistrado y funcionario de Tributos en Sevilla, respectivamente, que fueron los “autores intelectuales del informe”.

Las otras dos personas que señala la UCO dentro de ese asesoramiento a Lleó son Manuel Matamoros Hernández, abogado con despacho en Madrid, que se encargaba del “asesoramiento jurídico general” a Luis Lleó, y la abogada María José García Vizcaíno, a la que señala como pareja del magistrado Ignacio Sánchez Yllera.

Según el informe policial, todos ellos “se encuentran vinculados a través de los diferentes documentos intervenidos”. En esos documentos, “se aprecia el envío de facturas a la abogada María José García Vizcaíno de los pagos realizados por prestación de servicios relacionados por Residencial Costa Roja a Ignacio Pérez Royo y Ángel Aguayo Avilés y el envío a través de Ignacio Sánchez Yllera de documentos y consultas realizadas por los redactores del dictamen fiscal de Residencial Costa Roja”.

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