Poco a poco Luisiana se está sumergiendo en el golfo de México. En los últimos 80 años más de 5.000 kilómetros cuadrados de su territorio quedaron bajo el agua, denuncian los científicos. Calculan que para el año 2100 Nueva Orleans estará cubierta completamente por el agua. Según los expertos, hay tres causas principales que influyen en la situación: la red de diques que pone remedio a los desbordamientos del Misisipi pero también impide el flujo de sedimentos traídos por el río y que inicialmente formaron el suelo de la línea costera, el deshielo global y las actividades industriales que tienen lugar en la zona.

En cuanto a este último factor, cabe decir que Luisiana es uno de los mayores centros nacionales de extracción del gas y petróleo. Es decir, los gigantes energéticos han excavado miles de kilómetros de canales a través de los humedales locales para transportar su equipamiento y estos canales han permitido que la línea costera se derrumbara y que el agua salada se filtrara hacia el interior, matando las plantas que ‘anclaban’ el suelo. Por otra parte, el propio suelo se habría hundido después de que empresas extrajeran el petróleo y el gas de los pozos subterráneos.

No todos los lugareños están satisfechos con esta situación. «Hay pocos casos en la historia de EE.UU. en los que un daño medioambiental genera un riesgo humano tan significante. Nueva Orleans y sus alrededores desaparecerán en gran medida en los próximos 50 años si no se hace nada al respecto. Eso no es una charla jurídica o política. Es la realidad», comentó experto en la legislación medioambiental Oliver Houck a ‘The New York Times‘.

Una de las personas que decidió actuar fue John Barry. Cuando la Legislatura de Luisiana decidió crear un grupo regional responsable de monitorear todos los proyectos antihundimiento en la zona, la Autoridad de Protección de Hundimientos de Luisiana del Sureste, Barry solicitó un asiento en la institución. En 2007, lo consiguió y se convirtió en el portavoz del grupo: todo ello para descubrir que la organización no posee ningún poder real. El activista ha decidido elegir otra vía y solicitar apoyo jurídico.

Según Barry, en teoría se podría demandar a todas y cada una de las empresas de petróleo y gas que han dejado cicatrices en los humedales locales durante el último siglo, pero el problema es la complejidad del caso. Los abogados tendrían que determinar quién excavado cada metro de los 16.000 kilómetros de canales y tuberías y luego cuantificar, en dólares, el grado en que cada uno de las compañías puso en peligro el sistema de defensa antiinundaciones de Nueva Orleans. Según contó a ‘The New York Times’, los centros académicos y grupos ambientalistas con los que contactaba simpatizaban inicialmente con la causa, pero perdían el interés cuando estimaban el volumen de trabajo que comportaba y las multimillonarias inversiones en peritajes que suponía. Finalmente la oficina privada de Gladstone N. Jones III aceptó el caso.

Jones y su equipo de expertos costeros, biólogos y abogados finalmente concluyeron que fueron 97 las corporaciones que violaron las normas de explotación de la línea costera de Luisiana. En julio de 2013, Barry oficialmente anunció en una rueda de prensa que lanzaría una demanda oficial contra los gigantes petroleros. Ese mismo año creó un grupo para promover su demanda entre la población local.

En marzo de 2014, el gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, inició una batalla en la Legislatura de Luisiana para aprobar un proyecto de ley que convierta en imposible siquiera la mera posibilidad de presentar ante los tribunales la megademanda ecológica.

Los medios de Luisiana lanzaron una campaña de apoyo al ‘extremista ecológico’, condenando el esfuerzo por ‘enterrar’ su demanda. De acuerdo con varios sondeos, le apoya también una gran parte de la población local, que está viendo como sus tierras no cesan de desaparecer, incluyendo tres exgobernadores del estado.