Está bajo sospecha. La Asamblea Nacional Catalana (ANC), el soporte social sobre el que se posiciona la presión en la calle en favor de la consulta del 9-N, tiene agujeros. Sus campañas casa por casa para recabar la opinión de los ciudadanos catalanes están siendo investigadas.
Fue este mismo lunes cuando la Agencia de Protección de Datosestuvo realizando una inspección en la sede central de esta asociación, en Barcelona. Porque durante las últimas semanas, han sido múltiples las denuncias que esta agencia ha recibido sobre la gestión de datos que está realizando la Asamblea ante la convocatoria del 9-N. Según explicaron fuentes cercanas a la agencia, estas denuncias incluían también la sospecha de que el tratamiento de los datos personales que obtienen puede estar siendo utilizado para otros fines contrarios a los informados.
Ante estas sucesivas denuncias, la Agencia se personó este lunes en la sede de la ANC y estuvo recabando información sobre las gestiones que realizan con las dos bases de datos que maneja.
La ANC administra dos ficheros que, según la Ley Orgánica de Protección de Datos, se consideran de «alto nivel». Y se catalogan así porque en ellos se recogen datos sobre la posición ideológica de encuestados, sobre sus decisiones ante preguntas sobre iniciativas políticas, como es el caso de la convocatoria del 9-N suspendida por el Tribunal Constitucional.
Según las denuncias -y es uno de los puntos que está investigando-, estas bases no han estado protegidas con ninguna de las medidas de seguridad que fija la legislación. Cabe recordar la presión que ejerce la Unión Europea sobre el blindaje de los datos de sus ciudadanos, algo que considera muy importante.
La ANC ha tratado de «normalizar» sus bases recientemente, quizá tras conocer que estaba siendo denunciada. Pero las irregularidades cometidas desde el inicio de la confección de las dos bases ya habrían podido poner en riesgo de «máxima vulnerabilidad» la información personal de miles de ciudadanos.
Estas fuentes apuntan que los responsables de la ANC están muy preocupados por el resultado de esta investigación. No en vano, un mal uso de datos personales puede conllevar sanciones económicas cercanas al millón de euros.
La agencia trata de aclarar si la ANC se ha dedicado a recopilar datos personales, «incluyendo cuestiones relativas a su ideología», sin haber blindado el acceso a estas bases donde almacenan los datos.
Las denuncias han partido de ciudadanos catalanes que saben perfectamente cómo se han gestionado los datos. De hecho, algunos de ellos son de miembros de las asambleas territoriales de la propia ANC.
Como apuntan algunos analistas de la seguridad, se puede estar creando un listado ilegal en el que se marque a aquellas personas que son independentistas y a quienes prefieren que Cataluña no rompa con España, lo que ha sido definido como una «barbaridad» y una peligrosa «discriminación» ideológica. Estos especialistas apuntan también su temor a que los datos, además, puedan acabar en internet y se descontrolen por completo.
Otra de las grandes preocupaciones es la reciente campaña «puerta a puerta» puesta en marcha por la ANC y denominada «Gigaencuesta». En ella se realizan seis preguntas a los sondeados, que, de manera encubierta, trata de determinar la orientación política del encuestado.
«Es como si trataran de certificar quién es de los suyos», añaden. Los integrantes de la ANC que han puesto estas circunstancias en conocimiento de la Agencia temen, además, que esos datos puedan ser posteriormente «vendidos» a alguna empresa con claros fines lucrativos una vez haya finalizado la encuesta
Las pesquisas sobre la protección de datos no son las únicas investigaciones a las que se está sometiendo a la ANC. Sus finanzas también están bajo la lupa de Hacienda. De hecho -y por eso su gran preocupación-, los inspectores del Ministerio están revisando todo lo que han sido sus ingresos, sus subvenciones, las aportaciones voluntarias de importante cuantía y los ingresos por merchandising. En el caso de que detectara irregularidades y sancionara, podría dejar a ANC en una situación extremadamente difícil. Si, además, la Agencia de Protección de Datos le multara, podría llegar a la quiebra.
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