La Asamblea constituyente ‘Sí Se Puede’ que Podemos ha celebrado este fin de semana en el Palacio de Vistalegre ha aprobado cinco resoluciones con las que se comprometen, entre otras cosas, a trabajar para llevar a cabo una auditoría y reestructuración de la deuda pública, y para conseguir la paralización de todos los desahucios.

Estos cinco documentos, que entran desde este domingo a formar parte de la línea política de Podemos, han sido los más votados del centenar de resoluciones presentadas, que entre el jueves y el sábado se han sometido a una votación en la que han participado más de 38.000 personas.

En concreto, la resolución titulada ‘Auditoría y reestructuración de la deuda: una propuesta para Podemos’, promovida por los economistas de cabecera de la formación Alberto Montero Soler, Bibiana Medialdea García y Nacho Álvarez Peralta ha sido la quinta más votada, al recibir 8.981, votos -23’46 % del total- y defiende, por un lado, realizar una auditoría desarrollada por «expertos independientes» bajo «control ciudadano» que, además, «determine el grado de corresponsabilidad de los gobernantes y acreedores».

1. Reestructurar la deuda

En este punto se expone que «se trata de dilucidar qué deudas pueden considerarse ilegítimas, ya sea en función de su origen (fundamentalmente aquellas derivadas de gastos que favorecieron intereses particulares en vez de generales), a causa de un proceso de endeudamiento irregular (es el caso de las cláusulas abusivas o los problemas de información), o a causa de elementos derivados de su ejecución».

Por otro lado, la resolución destaca que se deberá hacer una reestructuración de la deuda pública que, para que sea «efectiva» deberá abarcar «la renegociación de tipos de interés y, en su caso, periodos de carencia, el alargamiento de los plazos de vencimiento y amortización de la misma y, finalmente, las quitas parciales».

En cuanto a la deuda privada, se establece que la reestructuración de la deuda empresarial y especialmente de la hipotecaria, es lo que puede conducir a un recuperamiento de la demanda interna y «una reducción en el valor facial de las hipotecas de primeras viviendas en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales es un buen punto de partida».

2. Sanidad eficiente y sin copagos

La cuarta propuesta más votada, titulada ‘Por el derecho a la salud: Sanidad pública para tod@s y tod@s», elaborada por Mónica García Gómez, Jesús María Montero Delgado y Juan Antonio Palacios Castaño, ha obtenido un 31’69% de los votos -12.129- y plantea el desarrollo de una financiación sanitaria suficiente y finalista, la universalización de la asistencia con compromiso de atención a toda la población, sin exclusión de inmigrantes irregulares ni ciudadanos españoles.

Además, entre los puntos clave de esta resolución se encuentran también la eliminación de los copagos, la derogación de las leyes de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de ordenación sanitarias de las comunidades autónomas que posibilita la gestión privada de los recursos sanitarios, el desarrollo de un plan que redefina los objetivos de salud y permita la reformulación de la Ley General de Sanidad (1986).

Asimismo, promueve la dotación de recursos para la reducción de las listas de espera y la derivación de pacientes a urgencias, la gestión pública de los recursos, control del marketing farmacéutico y del gasto a través del control de precios y otras estrategias de reducción del gasto farmacéutico, reapertura de los centros públicos de salud mental, acabar con la privatización, la exigencia de transparencia informativa y asegurar derecho a salud de los ciudadanos en el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTCI) por encima de los beneficios empresariales.

3. Derecho a una educación pública

En cuanto a la primera resolución más votada, «Defender la educación pública, nuestro derecho y no su negocio», ha obtenido un 45’17% de los votos -17.289-, y resume la paralización y derogación de la LOMCE, la apertura de un proceso asambleario abierto a toda la comunidad educativa para conseguir una reforma educativa integral, la redacción de nuevas Leyes Orgánicas de educación, el restablecimiento inmediato de los recursos que aseguren el acceso universal a la educación y la articulación de mecanismos de garantía de condiciones laborales dignas.

4. Medidas anticorrupción

La segunda por mayor número de votos, «Medidas Urgentes de Anticorrupción», ha sido elaborada por el ex fiscal anticorrupción y ex eurodiputado de Podemos, Calros Jiménez Villarejo, ha obtenido un 42’28% de los votos -16.186- y sostiene que se eliminen las tasas judiciales, el aumento de las penas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y fraude, la tipificación penal de la financiación ilegal de los partidos políticos.

También, incluye la tipificación expresa como «organización y grupo criminal» de la asociación entre responsables políticos y actores económicos para cometer delitos de cohecho y prevaricación, la eliminación de los aforamientos -salvo para los parlamentarios y jueces, que queda restringida al ejercicio de sus funciones-, la obligación legal de total transparencia de renta y patrimonio para cargos electos y responsables públicos o la redefinición de las instituciones de control.

5. Acabar con los desahucios

Por último, la tercera resolución más votada, avalada por el Círculo de Vicálvaro, ‘Ganar el derecho a la vivienda y acabar con la impunidad financiera’, que ha obtenido un 38’9% de los votos -14.889-, apoya los derechos habitacionales para todas las personas de acuerdo con los estándares internacionales de Derechos Humanos, el derecho a la dación en pago con carácter retroactivo, el establecimiento de unos procedimientos judiciales con todas las garantías y el fin de la impunidad financiera y la apertura de una auditoría social.

Además, promueve el fin de los desalojos forzosos sin alternativa y el reconocimiento del derecho al alquiler social. «Debemos acabar de forma definitiva con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, que vulneran los compromisos internacionales en materia de DDHH. Es necesario reconocer el derecho al alquiler social, y la obligación de garantizar alternativas habitacionales estables en los casos en los que se realice un desalojo forzoso por ausencia de recursos económicos suficientes.

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