El gobierno recurre todo por vía judicial.

Parece que el poder ejecutivo no encuentra otro sistema de luchar contra las iniciativas de las Comunidades que , pasarle la pelota al poder judicial. Ahí dónde se dice:  esto no, por que yo lo digo(En base a unos magistrados dependientes del PPSOE) y listo.

¡¡Cómo es posible que una democracia la gobiernen los jueces a golpe de sentencia!!

Nada de consultas populares porque no interesan, sobre todo cuando se sabe que el resultado no va a gustar al gobierno.

Pero claro no le vamos a dejar todo el petroleo a los marroquíes.

Para una vez que encontramos algo van estos y nos quieren quitar el negocio.

«»»A mi que me importa el ecosistema, el turismo, lo que piensen los ciudadanos, el planeta… lo único que se es que las compañias del petroleo dicen algo y es preciso obedecer.

O si no véase los EEUU con el Ártico.

Estos canarios a la jaula»»»»»

Este es un buen ejemplo de la «democracia» que vivimos, donde el juego de la macroeconomia aplasta los territorios, islas, o ciudadanos y mientras???

Los que no somos canarios

¿Vamos a decir, a mi esto no me importa, yo no soy de esa comunidad?

Seguramente a muchos se les pase ese pensamiento.

Eso es lo que traen las divisiones, las nacionalidades y las autonomías, 

LA SEPARACIÓN DE LOS CIUDADANOS, porque lo que es la macroeconomia, esa está a nivel mundial y muy unida.

DESPERTEMOS

maestroviejo

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado este viernes de que el Consejo de Ministros ha acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) los dos decretos del Ejecutivo de Canarias a través de los cuales se pretende celebrar una consulta en esa comunidad para saber si los ciudadanos aceptan o no las prospecciones de petróleo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Sáenz de Santamaría ha indicado en rueda de prensa que el Gobierno ya ha recibido sendos dictámenes del Consejo de Estado favorables a los recursos de inconstitucionalidad. Según ha explicado, las dos impugnaciones se plantean con invocación del Artículo 161.2 de la Constitución, que permite que se produzca la suspensión automática de los preceptos que se recurren desde el momento de la admisión por parte del TC, así como las actuaciones de preparación de la convocatoria.

El Gobierno solicitó informe urgente al Consejo de Estado el pasado día 10 de octubre y el órgano consultivo aprobó su dictamen este jueves. En concreto, le pidió opinión sobre un decreto del 25 de septiembre, que contiene el reglamento para celebrar consultas ciudadanas «en asuntos de interés general de competencia de las comunidades».

En cuanto al otro decreto, del 2 de octubre, pone fecha y contenido a la consulta sobre prospecciones, que será el 23 de noviembre y se planteará la siguiente pregunta: «¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?».

La vicepresidenta no ha precisado cuándo se registrarán los recursos ante el Tribunal Constitucional ya que es algo que corresponde hacer a la Abogacía del Estado, pero ha dicho que la solicitud del Consejo de Ministros al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que se impugnen los decretos ya está firmada.

ARGUMENTOS EN CONTRA

El Gobierno entiende que las calificadas como consultas ciudadanas mediante pregunta directa «constituyen materialmente un auténtico referéndum», al contemplar una consulta al cuerpo electoral «a través de un verdadero procedimiento electoral», e insiste en que la potestad de regulación y autorización de referendos corresponde «exclusivamente al Estado, de acuerdo con los artículos 23, 81, 92 y 149.1.32ª de la Constitución Española».

Además, indica que esta regulación está recogida en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, y en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

En este caso, se impugna la regulación de las preguntas directas recogida en los Capítulos I (artículo 4) y III (artículos 9 a 26) del Reglamento, aprobado por el artículo único del decreto del 25 de septiembre, así como las Disposiciones derogatoria y finales de dicho decreto, en cuanto se refieran a las preguntas directas reguladas en los citados Capítulos I y III.

Por otra parte, respecto a la pregunta realizada, el Ejecutivo apunta que debe tenerse en cuenta que la competencia en materia energética corresponde al Estado en virtud de las reglas 13ª y 25ª del artículo 149.1 de la Carta Magna, «sin que la competencia de Canarias sobre régimen energético alcance el mar territorial», citando en este punto una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013.

Recalca asimismo que, como también ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, (Auto 87/2011), «en ningún caso podría la Comunidad Autónoma convocar una consulta sobre materias que no son de su competencia».

Sáenz de Santamaría ha afirmado que el Gobierno respeta la autonomía de la Comunidad de Canarias, que, «en el marco de sus competencias, puede tomar las decisiones que estime oportunas».

Pero en el caso de la consulta convocada para el 23 de noviembre «estamos hablando de un referéndum que tiene que autorizar el Estado y del ejercicio de una competencia» –en materia energética– «que la Constitución atribuye al Estado», ha subrayado. «Sobre esas competencias no hay capacidad de negociación», ha recalcado la vicepresidenta, que ha añadido que «otra cuestión es no respetar el marco competencial».

http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-acuerda-recurrir-tc-dos-decretos-canarias-consulta-prospecciones-20141024145809.html

 

Campesinos colombianos contra British Petroleum por daños ambientales

Un grupo de 73 campesinos colombianos insiste este viernes en su demanda contra la multinacional British Petroleum (BP) por los daños ambientales que sufrieron sus fincas, luego de que las atravesara uno de los oleoductos más extensos del país.

Esa agrupación, que busca una compensación de 28,6 millones de dólares, llegó a una de las altas cortes inglesas (The Technology and Construction Court), tras seis años de gestiones dentro de un proceso considerado entre los más importantes en la historia del derecho ambiental, reseña el periódico El Espectador.

El oleoducto Ocensa es una red de tuberías de 790 kilómetros que pasa por 45 municipios, con capacidad para 620 mil barriles de crudo al día.

Según conocedores, es la primera vez que BP debe rendir cuentas sobre sus acciones en el extranjero ante un tribunal del Reino Unido, hecho que podría abrir un camino para otras comunidades de países en desarrollo las cuales han sufrido por acciones de la compañía, reveló la misma fuente.

Los abogados argumentamos que la compañía británica Equión Energía (antes BP Exploration Limited o BPXC) manejó con negligencia la construcción de Ocensa durante la década del 90, causando serios daños a las tierras de los labriegos, explicó Ruth Barry, una de las juristas involucradas en la denuncia.

Lamentablemente -agregó- los agricultores no entendían el significado de los contratos firmados pues algunos eran analfabetos, ellos no recibieron una compensación justa, ocurrió una severa erosión del suelo, la vegetación se redujo al igual que las fuentes de agua, como resultado disminuyó significativamente la productividad de las fincas.

Rogelio Vélez, uno de los labriegos que está en Londres, tiene una vega de 47 hectáreas en Segovia, Antioquia, cultiva yuca y maíz, cría cerdos, gallinas y peces.

Ahora no hay suficiente cantidad de agua para mantenerlos, después de la tubería, nuestras fuentes se llenaron de lodo, cuando la gente se entera de que tengo un oleoducto, nadie quiere comprar mi terreno, manifestó en un texto publicado por el rotativo.

En estos momentos sólo resta esperar a que el juez encargado dé un veredicto en febrero de 2015, que podrá ser apelado ante una corte sólo si es autorizado, de lo contrario será un fallo definitivo, añadió Barry citada por El Espectador.

PL

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