Los Defensores del derecho a la tierra en numerosos países del mundo están siendo atacados por los“depredadores económicos”, ávidos de un desarrollo desenfrenado, informó el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos del FIDH, el 2 de diciembre al adelantar su informe para elForo Anual de las Naciones Unidas.
El Presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Karim Lahidji, definió con estas palabras a los responsables de los asesinatos, hostigamiento judicial y detenciones arbitrarias por este motivo.
Los observadores situaron “en el epicentro del problema” a las políticas de desarrollo y los proyectos de inversión. En ello se incluye la participación de los legisladores, el poder judicial e incluso de algunos sistemas judiciales poco independientes, ya que el “95% de las vulneraciones de derechos contra los defensores y las defensoras quedan impunes”.
El informe publicado en Filipinas, México, Honduras, Sudáfrica e Indonesia, reveló que entre 2011 y 2014 “el Observatorio documentó 43 casos de asesinatos de defensores del derecho a la tierra y 123 de hostigamiento judicial, en ocasiones acompañado por detenciones arbitrarias”.
Estos asesinatos predominan especialmente enColombia, Guatemala, Honduras, México y Filipinas.
“Estos números solamente reflejan una parte ínfima de una realidad que afecta a todas las regiones del mundo yperjudica especialmente a Asia y Latinoamérica”, señala el documento.
En el caso de México, “el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) contó más de 50 casos de ataques, incluyendo asesinatos contra defensores del derecho a la tierra y de los derechos medioambientales, en 17 estados”, cita eldocumento.
Héctor Regalado Jiménez, miembro de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco APPJ, fue asesinado el 21 de julio de 2013, y es solo uno de los ejemplos. Los miembros APPJ reciben amenazas y son víctimas por sus protestas contra la construcción de parques eólicos por parte de la empresa española Gas Natural Fenosa. (Ver casos de México y Colombia)
La mayoría de las víctimas están vinculadas a denuncias de proyectos de minería y de explotación forestal, pero también hay casos vinculados a proyectos turísticos, inmobiliarios, hidráulicos y de infraestructura para el tráfico, informa FIDH.
El Observatorio exige que de ahora en adelante se realicen verdaderas consultas a la población afectada con las ocupaciones de tierra, “que garanticen la participación directa de los afectados por los proyectos y que se reconozca a los defensores de derechos humanos como interlocutores legítimos para prevenir los conflictos y frenar las violaciones graves de derechos humanos”.
Por otro lado, advirtió que es necesario “reforzar la capacitación y la independencia de los sistemas judiciales”. Esto último incluso debe ser “en los Estados en los que se encuentran las sedes de las empresas responsables.
Respecto a la participación de los órganos judiciales, relató que “numerosos Estados se sirven delhostigamiento judicial y de la detención arbitraria para intimidar a los defensores y las defensoras”.
La FIDH denunció que “en cumplimiento de leyes liberticidas o incumpliendo la legislación, los Estados encarcelan a toda persona que consideran molesta.«Terrorismo», «propaganda engañosa», «atentado contra la seguridad del Estado», «alteración del orden público»… No faltan acusaciones abusivas que pueden acarrear severas penas de prisión”.
“En los países en los que tienen lugar estas vulneraciones se caracterizan por la ausencia de independencia, de medios o de pericia. A menudo, cuando es posible presentar demandas contra las empresas para responsabilizarlas de las violaciones de derechos humanos, los procesos judiciales son largos, peligrosos, irregulares y costosos”, continúa el relato.
Lahidji, declaró que “este informe ilustra la lucha diaria de los defensores del derecho a la tierra, que a menudo se enfrentan a verdaderos “depredadores económicos” ávidos de un desarrollo desenfrenado. Los defensores del derecho a la tierra a menudo viven en zonas aisladas y alejadas de los actores influyentes, lo cual facilita que se ejerza violencia en su contra; una violencia a la altura de las sumas desmesuradas que están en juego”.
Leyes para cumplir
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que para respetar y cumplir el artículo 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que reconoce el derecho a la propiedad, hay unos estándares mínimos en virtud de los cuales los Estados han de realizar consultas con los pueblos indígenas en relación con cualquier desarrollo dentro de los límites de las tierras y territorios que tradicionalmente ocupan y usan.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)afirmó, en el marco del caso López Ostra contra España que, ante la ausencia de un control estatal de la contaminación industrial conculcaba el artículo 8 en los casos en que hubiese una interferencia suficientemente grave en el disfrute del hogar y la vida privada.
Casos de Ecuador
Sobre Ecuador el informe de FIDH destacó que el 10 de abril de 2014 la policía nacional detuvo, sin que se hubiese emitido una orden de detención, a Darwin Javier Ramírez Piedra, presidente de la comunidad de Junín, en la zona de Intag, en la provincia de Imbabura, en Ecuador.
«Lo detuvo cuando regresaba a Intag después de intentar asistir con varios líderes de la comunidad a una reunión organizada por el Ministerio del Interior en Quito sobre cuestiones relativas a la tierra».
En otro caso de Ecuador, el 4 de diciembre de 2013 “el Ministerio del Ambiente de Ecuador disolvió la Fundación Pachamama, una ONG de defensa de los pueblos indígenas y de los derechos medioambientales que se oponía a los proyectos petrolíferos del sur de la selva Amazónica”.
El informe destaca que “esto se pudo gracias al artículo 26 del Decreto Presidencial Nº 16, adoptado el 20 de junio de 2013 con el objetivo de controlar cualquier forma de organización social y prohibir las «actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos […] que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o, que afecten la paz pública»”.
Denuncias contra la justicia en Chile
En Chile, el pueblo Mapuche y sus líderes han sufrido una criminalización y un hostigamiento judicial continuos por su lucha contra la ocupación y la explotación comercial de sus tierras ancestrales, afirma la FIDH.
“La emblemática del 30 de julio de 2014 sobre el caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por haber usado su legislación antiterrorista contra los líderes y los miembros de la comunidad Mapuche que luchaban pacíficamente por la defensa de sus tierras ancestrales», señala el reporte.
La corte reveló que en las sentencias de 2001 y 2002 contra los tres Lonkos (líderes espirituales Mapuche) Juan Ciriaco Millacheo Licán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, y numerosos otros mapuches privados de libertad.
Denuncias sobre Nicaragua
Sobre Nicaragua, el informe de FIDH citó a los mineros de Santo Domingo, Chontales, y sus líderes llevan desde 2012 denunciando irregularidades en el proyecto de la empresa minera canadiense B2Gold y su impacto negativo en sus tierras.
12 líderes de Salvemos Santo Domingo (SSD) fueron trasladados a una prisión de Chipote, en Managua: Boanerges Luna Suárez, en 2013 donde estuvieron incomunicados durante un mes y las autoridades los presionaron para que dejasen de protestar a cambio su libertad.
Informe de FIDH “Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollodesenfrenado
http://www.lagranepoca.com/34253-fidh-defensores-del-derecho-tierra-son-victimas-depredadores-economicos