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DIAGONAL | Pablo Rivas | “Esto no tiene ni pies ni cabeza, es una ley hecha para cobrar a Google, y éste ha sido el primero en irse para no pagar”. Así define Txarlie, reconocido hacktivista, la actual situación respecto a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) –heredera de la malograda Ley Sinde, finalmente Ley Sinde-Wert– que entró en vigor el 1 de enero tras ser aprobada en el Congreso a finales del octubre pasado con los votos del Partido Popular en solitario. La normativa incluye en su artículo 32.2 la conocida como Tasa Google o Canon AEDE, por su principal beneficiario inicial, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), junto al Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), organización que agrupa a autores y editores de publicaciones y que se encarga de gestionar sus derechos de propiedad intelectual.

El objetivo del Gobierno con el nuevo ordenamiento, alentado por el lobby de los grandes editores, eraintegrar un nuevo peaje para gravar determinados enlaces en agregadores de contenidos tales comoGoogle News, Menéame, Scoop.it, Digg o Barrapunto, además de otros sitios web, dinero que iría a las arcas de los viejos conocidos de la industria editorial. Sin embargo, “va a pasar exactamente lo contrario de lo que sus autores intelectuales pretendían”, apunta Pablo Soto, desarrollador informático y una de las caras más conocidas de los movimientos por la cultura libre. Tal como indica a Diagonal, “el Gobierno quería bunkerizar los apoyos de los grandes grupos mediáticos de prensa escrita mediante el cobro de unas cantidades millonarias provenientes de la industria de internet en concepto de canon a sitios como Google News. De ahí sacarían millones y se los repartirían entre los socios de AEDE y CEDRO, pero se les ha caído todo abajo. No van a ver nada, y encima han perdido tráfico [por el cierre del agregador de noticias del gigante estadounidense, además de por las distintas campañas de boicot puestas en marcha]”.

Interrogantes

Google News, en una decisión sin precedentes en el mundo, echaba el cierre en el Estado español el 16 de diciembre en protesta por la probación de la LPI y con ello se esfumaban la inmensa mayoría de los millones que las patronales editoriales ya veían acercarse. Además, Txarlie tilda de “absurdo” el modo de hacer del Ejecutivo popular: “Google no ingresa nada a través de Google News, con lo que la única opción viable que tenían era cerrar, porque ni siquiera se sabe a cuántos tendría que pagar ni cuánto. No iban a tener como un generador de gasto infinito algo que Google definía como proyecto social que no genera beneficio directamente”.

Aunque la LPI ya está en vigor, el Gobierno aún ha de desarrollar su reglamento, con lo que a día de hoy son muchos los interrogantes: ¿Qué tipo de enlaces serán motivo de pago? ¿Copiar o enlazar una declaración de una persona en un medio estará amparado por el derecho de cita? ¿Qué porcentaje de un texto se podrá reproducir? ¿Un bloguero que inserta un enlace deberá pagar por ello?

“Es una ley muy difuminada, un cajón de sastre donde no queda claro qué es el derecho a cita”, indica Txarlie. “Enlazar es la acción más habitual de internet, por ejemplo, si estoy escribiendo un artículo y lo enlazo a una declaración aparecida en los mass media. Ese enlace incluye cierto contenido para contextualizar e indicar a dónde va. El problema es que no sabemos hasta qué punto esto está dentro o no de la ley y puede ser motivo de canon”, explica.

Esta indefinción legal abre la puerta a todo tipo de escenarios, mientras usuarios y empresas se mantienen expectantes ante una decisión que podría perjudicarles. Para Soto, lo que se va a producir en cualquier caso es “una situación de injusticia de empujar a la marginalidad a las producciones libres con licencias creative commons”. Si el reglamento sigue el espíritu de la ley, argumenta el programador, nadie que no sea socio de CEDRO o AEDE –algo que implica delegar derechos en dichas organizaciones– podrá tener derecho a compensación y remuneración. “Todos los que quieran ceder esos derechos o dejarlos libres no van a cobrar”, apunta. Y es que una de las características más llamativas del ordenamiento, única en el mundo en una ley como ésta, es el concepto de irrenunciabilidad.

“La ley obliga a pagar un canon a los medios y un medio no se puede negar a recibir esa compensación”, explica Txarlie, con lo que “ni siquiera se puede hacer una lista negra de los que tienen canon porque a los medios que no son AEDE también les tienes que pagar aunque no quieran cobrar”. Y de ahí salen las últimas grandes incógnitas que se revelarán a lo largo del año en lo que respecta al futuro de la libertad en la red de redes: quiénes tienen derecho a ese canon, quién o quiénes lo van a recaudar y cuál será la forma de repartir esos supuestos futuros ingresos. “Sabemos, por experiencias previas en procesos como el de la Sociedad General de Autores y Escritores (SGAE), que el dinero se queda en una cuenta separada y que tarde o temprano termina dentro de las cuentas de la entidad de turno”, opina Txarlie. Está por ver si la AEDE o CEDRO, como patronales del sector, son finalmente las grandes beneficiarias de la LPI.

Resistencias en la red al Canon AEDE

La reforma de la LPI y su Canon AEDE ha levantado ampollas en la comunidad de internautas, que se ha alzado contra el ordenamiento. Hace meses que los usuarios de Menéame no permiten que ningún contenido de un medio miembro de AEDE llegue a la portada del agregador de noticias, lo que hace que disminuyan considerablemente sus visitas, y por ende sus ingresos de publicidad. Plugins para navegadores web o plataformas de blogging que bloquean enlaces a sitios integrantes de la AEDE ya están disponibles en la red con notable éxito. Además, plataformas como la Coalición ProInternet o Stop #CanonAEDE agrupan a usuarios y colectivos con el fin de hacer frente de forma conjunta a una ley que “afecta a valores democráticos esenciales y limita el libre acceso a la información y la cultura”, tal como indican desde la segunda. Asimismo, acciones como el hackeo y el bloqueo de webs, o el ‘bombardeo masivo’ de perfiles de medios AEDE en redes sociales, han contribuido a presionar a la patronal editora y al Gobierno.

Original: Diagonal
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