¿Libre mercado? Empresas petroleras pactan precios de carburantes en España

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 32 millones de euros a cinco petroleras, entre las que figuran Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil, por pactar precios, indicaron a Europa Press en fuentes del sector.

En concreto, la sanción se emite por prácticas prohibidas en la coordinación de precios de los carburantes, así como por pactos de no agresión e intercambios de información realizados entre las empresas.

De los 32 millones, las compañías que deberán asumir el grueso de la sanción son Repsol y Cepsa. La primera ha sido multada con 20 millones y la segunda, con 10 millones.

La resolución de la CNMC es consecuencia de las inspecciones realizadas por la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNC) el 22 y 23 de julio de 2013 en las dependencias de varias compañías del sector.

Como parte de estas indagaciones se abrieron dos expedientes, uno de tipo “horizontal”, en el que se estudiaba posibles coordinaciones entre empresas competidoras, y otro “vertical”, en el que se analizaba la posible fijación de precios a estaciones de servicio a través de condiciones comerciales.

Aparte de la sanción de este miércoles y la resolución del expediente “vertical”, la CNMC también tiene cerrado el expediente acerca de los incumplimientos por parte de Repsol, Cepsa y BP de una resolución de 2009 sobre la fijación indirecta de precios a empresarios independientes.

Este expediente dio origen a sendas peticiones de recusación del presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, y de dos consejeras planteadas tanto por Cepsa como por Repsol. La segunda de estas peticiones fue rechazada el pasado viernes por el Pleno de la CNMC, mientras que la primera quedó desestimada en la Sala de Competencia del organismo.

Repsol había pedido que se apartase de un expediente sancionador en su contra tanto a Marín Quemada como a las consejeras María Ortiz e Idoia Zenarrutzabeitia por mostrar una “enemistad manifiesta”, una “pérdida de imparcialidad objetiva” y un “sentimiento personal de rechazo”.

EP

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