El economista Eric Toussaint critica los planes de austeridad impuestos en Europa, que aumentarán la deuda impidiendo, al mismo tiempo, la recuperación económica.

Presidente de la sección belga del Comité para la anulación de la deuda del tercer mundo (CADTM), Eric Toussaint integró la comisión para la auditoría de la deuda creada por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, a raíz de la cual Ecuador decidió anular una parte de su deuda ilegítima.

Toussaint nos explica su análisis de la crisis que afecta actualmente a varios países europeos.

Grecia, Portugal, España e Italia, y ahora Estados Unidos: la crisis de la deuda continúa golpeando a países industrializados. ¿Asistimos a un retorno del rescate de bancos por los Estados, como ocurrió durante la crisis de las subprimes de 2008?

Sí y no. Por supuesto, las deudas públicas en algunos países (Estados Unidos, Irlanda, Gran Bretaña, Bélgica, Portugal) aumentaron fuertemente después del rescate de bancos privados. Eso costó mucho dinero y, para financiar estos planes de rescate masivos, los correspondientes Estados se endeudaron con los mercados y por lo tanto sus deudas aumentaron.

Pero no es la única causa. La otra es la recesión económica que disminuye la recaudación de los Estados y que, por consiguiente, los obliga a multiplicar el recurso a los préstamos.

Pero también es la consecuencia de las políticas aplicadas antes de la crisis financiera de 2007-2008. Fueron 20 años de políticas fiscales neoliberales que consistieron en reducir radicalmente los impuestos pagados sobre sus beneficios por las sociedades privadas, en particular las grandes sociedades, y en los regalos fiscales hechos a las personas más ricas (la clase capitalista), que pagan menos impuestos, ya sea sobre su patrimonio o sobre sus ingresos.

Y como esta parte de la sociedad ha contribuido en menor cuantía a los impuestos, se aumentaros aquellos que afectan a otras capas de la sociedad (los trabajadores), se aumentó el IVA por ejemplo. También, fue necesario durante esos 20 años, al reducirse la carga fiscal sobre los ricos, rellenar ese agujero con los préstamos. Así que la deuda pública aumentó estos últimos 20 años como consecuencia de unas reformas fiscales neoliberales.

Se llega, por lo tanto, a un momento en el que los Estados no podrán seguir manteniéndose artificialmente, y eso tendrá repercusiones sociales…

Sí, los gobiernos están frente a la siguiente alternativa: o emprenden un cambio que lleve a la ruptura con el neoliberalismo y que, paralelamente, adopten medidas para hacer contribuir a la clase capitalista y a las empresas, impongan una nueva disciplina a los mercados financieros y tomen medidas para la creación de empleos, —es evidente que los gobiernos actuales no van en esta línea—. O aprovechan la crisis para aplicar, como diría Naomi Klein, la «estrategia del shock» y profundizar, aún más, las políticas neoliberales.

Estados Unidos quiere elevar el techo de su deuda, que ya alcanza el 100 de su PIB. Más allá de confrontación entre republicanos y demócratas, ¿qué significa ese aumento?

Retomando las dos opciones que ya nombré, la fuente de la crisis de la deuda en Estados Unidos está en la profundización de la ofensiva neoliberal efectuada por el gobierno de Obama, y eso impide tomar medidas para disminuir la deuda pública. Porque es evidente que hay que reducirla. Y se podría hacer favoreciendo a la población: hacer pagar a las instituciones financieras y las personas muy ricas, que poseen una gran parte de la deuda pública, el coste de la reducción de la misma.

¿Cuál es su análisis de los últimos planes europeos de rectificación de la deuda, especialmente respecto a Grecia?

Los últimos planes europeos, y especialmente el plan dirigido a Grecia, cuya filosofía se ha extendido a Portugal e Irlanda, requieren una precisión sobre las situaciones de esos países: éstos sólo pueden pedir préstamos a los mercados financieros a corto plazo, a tres o seis meses. Si quisieran pedirlos a cinco o diez años, y es el caso de Grecia, deberían pagar un tipo de interés de alrededor del 17%. Por lo tanto, Grecia tiene préstamos concedidos por el mercado financiero sólo a tres o seis meses.

¿Y quién le presta a largo plazo? Pues la Troica, o sea, el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Son ellos los que prestan a plazos más largos y se benefician del estado de desamparo de estos países para decirles: nosotros, los buenos guardianes del orden, no os pedimos tipos de interés del 17%, o del 14%, os pedimos (y son las últimas medidas de hace diez días) nada más que el 3,5% o el 4,5%, pero con una condición. Y ésta es la obligación de aplicar drásticos planes de austeridad, constituidos por medidas neoliberales extremadamente duras.

Como consecuencia de unas medidas que disminuyen la actividad económica —puesto que disminuyen la demanda global al afectar los ingresos de las personas de ingresos modestos— no habrá una recuperación económica. La deuda pública seguirá aumentando y estos países deberán continuar emitiendo deuda para poder reembolsar. Por lo tanto, tienen un horizonte de diez, quince o veinte años de austeridad y de aumento de la deuda. Lo que puede producir, en los próximos años, cesación de pagos, ya que se llegará a situaciones insostenibles.

En el caso de Grecia, donde la clase dirigente dio prueba de un alto nivel de corrupción, ¿cómo se puede imponer una mejor gestión del dinero público?

¿Cómo se hace frente a la corrupción de los capitalistas y de la clase política local? La respuesta es mediante la auditoría de la deuda. Una auditoría ciudadana que permita mostrar a la población que la deuda no es una especie de mal incomprensible que se abate sobre un país, sino el resultado de políticas deliberadas y perfectamente injustas. Las deudas contraídas en el marco de actos de corrupción son ilegítimas, incluso ilegales, y deben ser anuladas.

Nada obliga a aplicar la austeridad. Si un Estado no quiere que sus ciudadanos paguen la deuda, ¿tendrá los medios para hacerlo?

Por supuesto, es totalmente posible. A causa de la crisis bancaria, los bancos privados tuvieron que anular más de 1,2 billones de dólares (1.200.000.000.000 de dólares) de activos tóxicos de sus balances, es decir de acreencias dudosas, de deudas que otros les debían y que fueron borradas.

Es perfectamente posible continuar la limpieza anulando otras acreencias dudosas. Y las acreencias dudosas son aquellas que los Estados deberían considerar como deudas ilegítimas, y por lo tanto decidirían no pagarlas. Si se observa lo que pasó en los últimos treinta años en Europa, tendremos el argumento: el aumento de la deuda pública es debido a una política deliberada, social y fiscalmente injusta. Esta política consistió en privilegiar fiscalmente a los ya privilegiados por sus ingresos y bienestar.

Pero eso implica, y es evidente, tener gobiernos de izquierda que lleguen al poder con la voluntad de cambiar en forma radical el curso de las cosas. Eso plantea la cuestión de la movilización popular, que es la clave de la solución. Pero, en el plano técnico, es perfectamente posible. Sólo hay que obligar al sector bancario a tomar en cuenta las pérdidas, a poner en pérdidas y beneficios una serie de elementos de sus balances que son acreencias dudosas o acreencias ilegítimas.

¿Cuál será el siguiente paso? ¿Un plan Marshall para recuperar el empleo?

Más que un plan Marshall, el siguiente paso sería, o un New Deal del tipo del de los años 1930, desarrollado por Franklin Roosevelt, o un programa más radical. Pero Roosevelt, en las medidas tomadas durante los primeros meses de su mandato, había aumentado radicalmente el interés del impuesto para la capa con ingresos más elevados, que llegó a ser del 90 %.

Un New Deal impondría una nueva disciplina financiera, como la de prohibir a los bancos de negocios fundirse con los bancos de depósitos, o sea, los bancos donde el público ingresa sus ahorros. Roosevelt había instaurado la Glass Steagall Act, que obligaba a los bancos a separarse en bancos de inversiones y negocios por una parte, y bancos de depósitos por otra. Esa sería una versión keynesiana capitalista de salida de la crisis.

Pero podríamos tener otra versión, una salida más radical, una salida anticapitalista, con medidas, por ejemplo, de nacionalizaciones sin indemnizaciones del sector bancario y de otros sectores claves de la economía.

Esto implicaría no tener simplemente un gobierno tipo Roosevelt, sino un verdadero gobierno de izquierda, un gobierno de los trabajadores. Esta opción es también imaginable en los próximos 5 o 10 años. Por el momento, estamos en un viraje de la historia y los meses y los años próximos nos dirán si las rebeliones, como la de los indignados en España o en Grecia, acumularán fuerzas suficientes y se llegaría a cambios que sobrepasarían los producidos en las urnas.

No afirmo que eso pasará, digo que es una posibilidad abierta, que no hay que descartar. Los movimientos sociales y las personas que quieren con vehemencia un cambio real, deben apoyar estas movilizaciones.

Sebastien Brulez / Diario Le Courrier (Traducido por Griselda Pinero)