30CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — El dictamen de la nueva Ley de Aguas, cuya discusión legislativa se ha pospuesto en el pleno de los diputados, estipula que cada mexicano deberá recibir como mínimo 50 litros de agua diarios para sus necesidades básicas.

Eso es menos líquido que lo estipulado en una sentencia de la Suprema Corte y en los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud.

Expertos ambientales y organizaciones consultadas por CNNMéxico coinciden en que esta cantidad viola el derecho humano al agua, pues el mínimo debe ser 100 litros.

Además, no se explica por qué se redujo dicha cantidad.

«La ley lo deja en 50 (litros) que es un acceso intermedio. Nosotros hemos criticado este mínimo vital, porque desconoce una sentencia de la Corte y un estándar de la OMS, y porque no sabemos si existen razones técnicas, científicas o económicas por las que hayan puesto 50», dice en entrevista Anaid Velasco Ramírez, coordinadora del Área de Investigación del Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (CEMDA).

La ley en cuestión ha generado polémica porque legisladores de izquierda y algunas organizaciones civiles consideran que da pie a la privatización de los recursos hídricos.

Los coordinadores parlamentarios decidieron postergar por tiempo indefinido la discusión del dictamen ante el pleno, hasta no escuchar todas las opiniones sobre la propuesta.

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Organizaciones sociales y ambientales, así como diputados federales, han pedido realizar diversos foros, consultas y un diálogo nacional, donde participen la sociedad civil y expertos en materia de agua para enriquecer el dictamen y que se garantice el derecho humano de acceso al líquido.

Una sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2014, señala que cada mexicano debe recibir 100 litros diarios por persona, y que una cantidad menor violaría el derecho humano al agua, apegándose a los estándares de la OMS.

Esta reducción también violaría la Constitución, pues el artículo 1 estipula que se favorecerá  «en todo tiempo a las personas la protección más amplia», por lo que en el caso del agua deberían ser los 100 litros diarios, explica Velasco.

Con los 100 litros, establecido como un mínimo vital universal, “no te mueres de sed pero no es que con eso puedas realizar todas tus actividades domésticas”, dice Brenda Rodríguez Herrera, de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), que integra a 16 ONG y movimientos sociales dedicados a la defensa del agua.

“Si se quedan en los 50 litros sin que tengamos conocimiento de por qué son 50, se estarían violando estándares internacionales”, dice la investigadora de CEMDA, pues México sí cuenta con los recursos hídricos suficientes para dotar del doble de esa cantidad a cada mexicano.

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Jurídicamente, explica Velasco Ramírez, cualquier ciudadano podría demandar – y ganarle – al Estado mexicano para obtener los 100 litros de agua, pues hay un precedente de la Corte y varios tratados internacionales firmados por México sobre el tema.

Priorizar el uso, otra controversia

Las integrantes de ambas organizaciones coinciden en que la ley no prioriza el uso del agua potable para el consumo humano sobre el uso industrial, y da preferencia al segundo.

“(La ley) equipara el uso industrial al uso doméstico y humano. Los equipara al mismo nivel y entonces es importante el agua para actividad industrial como para el uso humano”, dice Rodríguez Herrera.

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La iniciativa define el valor económico del agua como «la aportación económica y ambiental que genera el uso del recurso hídrico en las actividades humanas y productivas; considerando su disponibilidad en cantidad y calidad, su costo de oportunidad, y el costo que representa su extracción, tratamiento y distribución».

Según el documento de la ONU llamado Observación general 15 sobre el derecho al agua, ésta tiene además de un valor económico, uno social, cultural y ambiental.

“La ley ve al agua como un bien económico y no como derecho humano”, explica Anaid Velasco, pues aunque se mencionan los valores del agua éstos no se definen.

“El agua es un derecho humano y un bien común, no es un bien económico y cuando tu haces una ley con enfoque a derechos humanos el centro son las personas y no una mercancías”, dice Brenda Rodríguez Herrera, COMDA.

Asentamientos irregulares, ¿sin derecho al agua?

La ley determina que los gobiernos deberán brindar el servicio de agua potable para el uso público urbano en los «asentamientos humanos y centros de población legalmente constituidos».

Esto es considerado discriminatorio por especialistas, pues en algunos lugares del país hay comunidades tan dispersas que no son consideradas asentamientos.

«(Esta definición) la estamos viendo como una discriminación, el Estado tiene la obligación de brindar el servicio de agua a todas las personas, no importa sí eres regular o irregular.

«Pensemos en asentamientos en suelo de conservación, no se puede meter el tubo pero el Estado tiene que ver cómo le acerca el agua a las personas que viven en los asentamientos irregulares. Hay un error conceptual. Las personas titulares de derechos somos las personas físicas, hombres y mujeres y no las figuras morales”, detalla Rodríguez Herrera, de COMDA.