«La pena de muerte no funciona. No evita que se cometan crímenes, no hace que nuestras calles sean más seguras y causa sufrimiento a todo el mundo, particularmente a los reos y a sus familias».
Así es como ve la situación de la pena capital en California, en el oeste de EE.UU., la esposa de Jarvis Masters, un hombre que en 1990 fue condenado a morir por su papel en el asesinato de un guardia de prisiones.
Un cuarto de siglo después, Masters –quien clama su inocencia, pero fue encontrado culpable de afilar el arma con la que otro preso asesinó al guardia– sigue esperando en el corredor de la muerte de la prisión de San Quintín a que lo ejecuten.
Y la incertidumbre en la que viven él y su esposa –quien accedió a ser entrevistada por BBC Mundo a condición de que no se revelara su nombre– la comparten los familiares de los 734 reos que esperan a morir en California, donde no se ha llevado a cabo una ejecución desde 2006.
Ese año un juez dictaminó que el método de inyección letal que se utilizaba en el estado para administrar la pena de capital violaba los derechos constitucionales de los condenados, por el sufrimiento que podía causarles.
Desde entonces las autoridades no se han puesto de acuerdo a la hora de escoger un método alternativo que permita reanudar las ejecuciones.
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Y en 2014 otro magistrado decretó que la propia pena capital, tal y como se aplicaba en California, era «inconstitucional», debido al «retraso impredecible» de las ejecuciones por causa del complicado sistema de apelaciones de las sentencias.
Falta de capacidad
La suspensión durante cerca de una década de los ajusticiamientos en la prisión de San Quintín –que alberga a los más de 700 hombres condenados a la pena capital en California (20 mujeres esperan a ser ejecutadas en otro centro penitenciario)– ha contribuido que las instalaciones del corredor de la muerte se hayan quedado pequeñas.
Eso llevó hace unas semanas al gobernador Jerry Brown a pedir a la legislatura del estado más de US$3 millones para acondicionar un centenar de celdas en las que albergar a los condenados a muerte.
California es el estado con más condenados a la pena capital de todo el país. Pero desde 1976 -cuando la Corte Suprema de EE.UU. reinstauró las ejecuciones en el país- hasta 2006, tan sólo se ha ajusticiado a 13 presos.
En comparación, en este tiempo han sido cerca de un centenar los que han fallecido en el corredor de la muerte por causas naturales o suicido.
Y según la mujer de Jarvis Masters, la incertidumbre del actual sistema tiene un impacto «enorme» en las familias de los condenados.
«Es un castigo desmesurado. Creo que es similar a la situación que experimentan aquellos que tienen a un ser querido que padece una enfermedad terminal. Saben que va a morir, pero no saben cuándo. Están en su lecho de muerte durante décadas», asegura.
«La vida se detiene. Es una situación extrema. Cada semana oímos informaciones diferentes: que si van a reanudar las ejecuciones, que si quieren acabar con la pena de muerte, que si van a construir más celdas… Es una montaña rusa de emociones».
La esposa de Masters asegura que para los presos la situación también es «extremadamente difícil».
«Es un infierno. Algunos se intentan suicidar. Otros están enfermos. Muchos han perdido la esperanza».
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Frustración
En los últimos años los familiares de las víctimas de los crímenes cometidos por los condenados a muerte también han mostrado públicamente su frustración por manera en la que se administra la pena capital en California.
Los que están a favor de las ejecuciones creen que la larga espera que han enfrentado antes de poder ver que «se hace justicia» no les permite cerrar las heridas que causa la pérdida de un ser querido a causa de un crimen violento, y les impide poder seguir adelante con sus vidas.
Otros familiares de víctimas, contrarios a la pena capital, reconocen también el «sufrimiento innecesario» que enfrentan los reos y sus familias.
Ese es el caso de Aba Gayle, cuya hija murió asesinada en 1980 y quien desde hace años aboga por la abolición de la pena de muerte en EE.UU.
«Cuando mi hija murió, me quisieron convencer de que cuando ejecutaran al culpable, todo mejoraría y nadie me dio una alternativa para que curara mis heridas», explica en conversación con BBC Mundo.
Pero Gayle, quien dejó de ser partidaria de la pena de muerte tras años de «angustia y sufrimiento», se ha reunido en varias ocasiones con el asesino de su hija, quien se encuentra internado en el corredor de la muerte de San Quintín.
«Hay muchos familiares de víctimas de crímenes que no quieren la pena de muerte, entre otras cosas por que la cantidad de dinero que se ha de gastar en juzgar y encarcelar a los criminales».
«Además, a los condenados se les trata como si no fueran seres humanos y eso me parece terrible. (…) He conocido a muchas personas que tienen familiares en el corredor de la muerte y eso me ha hecho darme cuenta de que ellos también son víctimas de nuestro sistema penal», señala Gayle, quien colabora con la organización Death Penalty Focus, que lucha para acabar con la pena capital en EE.UU.
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Estigma
Matt Cherry, director ejecutivo de esta organización, asegura que el limbo en el que se encuentra la pena de muerte en California «supone un enorme sufrimiento para los condenados y sus familias».
«Los condenados viven en unas condiciones terribles de aislamiento, pasando 23 horas la día en sus celdas, sin que se les permita trabajar».
«Los familiares han de hacer frente, además de al estigma de tener a un ser querido en el corredor de la muerte, a la incertidumbre de no saber cuándo estos serán ejecutados, si llega a suceder», apunta Cherry.
En 2012 los votantes californianos rechazaron por un estrecho margen (52% contra 48%) la abolición de la pena de muerte, aunque Matt Cherry se muestra confiado en que próximamente se pueda celebrar un nuevo referéndum sobre el tema.
Y a la espera a que se resuelvan en los tribunales los casos que cuestionan las condiciones de aplicación de pena capital en California, el director de Death Penalty Focus asegura que le gustaría que el gobernador Jerry Brown conmutara todas las condenas a muerte.
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En medio de esta situación de indefinición, desde el Departamento de Prisiones de California (CDCR, por sus siglas en inglés), aseguran que a ellos tan sólo les corresponde hacer cumplir las condenas decretadas por los tribunales del estado, y que no pueden entrar a analizar las condiciones de los presos y sus familias.
«Por ley, los hombres condenados a muerte deben ser albergados en San Quintín. El corredor de la muerte está preparado para albergar a 690 presos, pero hay 734 reos sentenciados a la pena capital, así que las instalaciones están por encima de su capacidad», explicó en conversación con BBC Mundo Terry Thornton, portavoz del CDCR.
«El número de condenados a muerte aumenta cada año (unos 13 anualmente), así que la ampliación del número de celdas disponibles es la solución más adecuada», apuntó Thornton.
