El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. R. TOWNSEND
El documento, bajo el título El proceso para hacer la consulta sobre el futuro político de Cataluña: un balance, se enviará priorizando los países de la UE y recoge el proceso seguido para «dar respuesta a la voluntad de los ciudadanos de Cataluña de ser consultados», ha destacado el Govern en un comunicado.
El informe –centrado en el periodo entre las elecciones al Parlament de 2012 y el proceso participativo del pasado 9 de noviembre– sostiene que el proceso «se ha realizado de manera pacífica, democrática, garantizando escrupulosamente los derechos fundamentales de las personas e incluso ampliando los derechos de participación de algunos colectivos».
Defiende que se ha desarrollado «buscando en todo momento el diálogo y el acuerdo político con el Estado español y con la voluntad manifiesta de seguir todas las vías legales existentes en el ordenamiento jurídico vigente». «El Estado ha negado de manera explícita la posibilidad de negociación; no ha dado ninguna oportunidad para hablar de ello, y se ha cerrado a considerar ninguna de las vías que jurídicamente habría permitido hacer una consulta acordada», critica.
«Infundada inconstitucionalidad»
Destaca que el Gobierno central ha alegado una «infundada inconstitucionalidad» de todas las vías propuestas por el Govern,menospreciando las exigencias derivadas del proceso democrático.
El documento expone los antecedentes del proceso soberanista, y asegura que «el fracaso político del intento de reforma del Estatut, acompañado de algunas actitudes políticas de altos cargos e instituciones, fue recibido en Cataluña como profundamente humillante«.
El informe, de 53 páginas, recoge el acuerdo para fijar la fecha y la pregunta de la consulta, la negativa del Gobierno central a delegar a la Generalitat la competencia para convocar el referéndum y la aprobación de la Ley de consultas y su recurso al Tribunal Constitucional (TC), entre otros eventos.