El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado que las grandes empresas puedan denunciar las leyes de los Estados del bloque comunitario en tribunales privados, dentro de un acuerdo negociado en secreto con Estados Unidos.
“Una vez más los intereses económicos y comerciales están por encima de los derechos humanos. Se trata de una traición pura y simple”, resume en su condena de la decisión tomada el jueves por el PE la campaña “No al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión”, apoyada por más de 250 organizaciones y plataformas españolas.
Con la votación conjunta de conservadores, socialistas y liberales (28 votos de 41), la Comisión de Comercio Internacional del PE aprobó así continuar las negociaciones secretas con Estados Unidos para instaurar un área de comercio desregulado, bautizada como Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés).
La resolución aguarda ahora ser confirmada por una votación del pleno de la Eurocámara en Estrasburgo, “previsiblemente el próximo 10 de junio”, informa un comunicado de prensa del PE.
El TTIP, poco conocido por el gran secretismo de las negociaciones, despierta la hostilidad de la gran mayoría de los ciudadanos europeos que conoce su existencia. Su mecanismo más polémico fue rechazado a principios de enero por el 97 % de los 150.000 participantes en una encuesta realizada por la Comisión Europea, que prefirió despreciar la opinión pública.
Aun así, más de 1,5 millones de europeos han firmado un manifiesto electrónico contra el TTIP (1.955.071 firmas, en el momento de redactar esta noticia).
El controvertido mecanismo, conocido por las siglas inglesas de ISDS, consiste en crear tribunales de arbitraje privados que juzgarán en pleitos contra los Estados, lanzados por los grandes bufetes de abogados de las empresas transnacionales, cuando estas juzguen que cualquier decisión política perjudica sus intereses, pudiendo obtener indemnizaciones milmillonarias.
ISDS corresponde, en español, a Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados, y el mecanismo ha sido controvertido incluso entre las clases dirigentes europeas.
“Esta nueva jurisdicción paralela es gravísima, supone un nuevo quiebre en la noción misma de soberanía”, dijo el miércoles en el debate parlamentario el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán.
Urbán ha denunciado tras la votación la coincidencia en “poner la soberanía a los pies de las grandes corporaciones” del Partido Popular (PP), de Ciudadanos y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a pesar de que este último había dicho que rechazaría el mecanismo ISDS.
En efecto, tras meses criticando la polémica cláusula de “blindaje” de las multinacionales, los socialistas europeos han preferido votar una resolución, presentada por el socialdemócrata Bernd Lange, que evita mencionar el ISDS, en lugar de votar otra que lo rechazaba explícitamente, destaca el diario electrónico español Público.
En su lugar, el texto aprobado “recomienda” a los negociadores europeos defender la creación, “a medio plazo”, de un tribunal público internacional de arbitraje, pero no rechaza los privados.
A pesar de que su texto no recomienda en ningún momento a los negociadores rechazar los tribunales privados, Lange —presidente de la Comisión— ha sostenido después de la votación que la resolución se opone a ellos e, incluso, que están “muertos”.
Sin embargo, la eurodiputada conservadora británica Emma McClarkin ha defendido la resolución diciendo que “no era ahora el momento de tumbar el ISDS, puesto que se está en plenas negociaciones. Lo correcto es dejar que la Comisión Europea tenga diferentes opciones sobre la mesa”.
El TTIP ha sido calificado como un “golpe de estado encubierto” de las grandes empresas por la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez. Por su parte, Marina Albiol, eurodiputada de Izquierda Unida, ha denunciado que el acuerdo “impedirá que se pueda elegir una política de izquierdas”.
HispanTV
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