Una empresa canadiense pide reparación de daños después de que se paralizase un proyecto de explotación de una mina a cielo abierto por problemas ambientales
Por Deirdre Fulton, 28 de julio de 2015
Es una severa advertencia de cómo las empresas pueden hacer uso de acuerdos comerciales como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP), colocando las decisiones democráticas y al medio ambiente en una difícil situación: una empresa canadiense solicita la reparación de daños a Rumanía después de que se paralizase un proyecto de explotación de una mina de oro a cielo abierto por las preocupaciones que está provocando entre los ciudadanos.
La Empresa Gabriel Resources Ltd anunció la semana pasada que había presentado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial, un organismo no muy diferente de esos tribunales secretos quehan sido criticados por ejemplo por la senadora Elizabeth Warren (D-Mass).
Rosia Montana ( Montaña Roja) es una mina de oro a cielo abierto y ha visto paralizada su producción después de una serie de protestas en Rumanía durante 2013, exigiendo su clausura. Como ya informó Common Dreams en su momento, residentes rumanos y activistas ambientales se opusieron a la mina desde el comienzo, cuando se presentó el proyecto en la década de 1990, alegando que destruye el suelo de las montañas, impide la consideración de la zona como Patrimonio Mundial de laUNESCO y obligaría al desplazamiento de los residentes de la ciudad de Rosia Montana y de los pueblos cercanos. En particular, las comunidades locales están en contra del uso de cianuro en el proceso de extracción.
En el año 2013 se produjeron protestas generalizadas, obligando al Parlamento rumano a que rechazase el proyecto de ley presentado por el Gobierno, que habría permitido la explotación de la mina.
Ahora la Empresa Gabriel Resources, que posee una participación del 80% en Rosia Montana Gold Corporation, dice (pdf) que se han violado los tratados internacionales. Bloomberg ya informó que en el año 2013, Gabriel Resources ya amenazó con solicitar una reparación de 4 mil millones de dólares si los legisladores rumanos paralizaban los proyectos de explotación de oro y plata en el país.
Pero como ha dicho Claudia Ciobanu, una periodista rumana independiente que vive en Varsovia: “La Empresa Gabriel está tratando de obligar a los rumanos a que paguen por haber presionado a los legisladores para que hiciesen lo correcto.
Con el previsible aumento en el uso de las Controversias Inversionistas-Estados como consecuencia de una posible firma del tratado TTIP… los rumanos y el resto de europeos sólo pueden esperar más casos como éste. Según algunos análisis, el TTIP y otros acuerdos comerciales ampliarían la cobertura de los arbitrajes Inversionistas-Estados del 20% al 80% de los flujos de inversión hacia y desde Estados Unidos y la UE. Además, ya hay experiencias en los países en desarrollo, que han sido blanco de las Corporaciones.
El reciente caso abierto por Gabriel Resources contra Rumanía sirve de presagio de lo que en un futuro puede esperar a Europa, sin que de nada sirvan las protestas de sus ciudadanos”.
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