A inicios de esta semana, las autoridades británicas informaron que dos yihadistas británicos de la autodenominada organización radical Estado Islámico habían muerto en Siria en un ataque con drones de la fuerza aérea del Reino Unido.
Y, el martes, el ministro de Defensa británico, Michael Fallon, indicó que su paísno dudará a la hora de lanzar más ataques secretos con aviones no tripulados para frustrar «planes terroristas» en su territorio.
«Acto de autodefensa perfectamente legal«, fue la forma en la que Fallon se refirió a la operación.
Image copyrightAFP Getty ImagesEntre los tres combatientes de Estado Islámico que murieron en el ataque de precisión ejecutado en Raqqa, el 21 de agosto, estaban Reyaad Khan, de 21 años (nacido en Cardiff) y Ruhul Amin, de 26 años, oriundo de Aberdeen.
Y el gobierno británico indicó que Khan estaba planeando una serie de ataques en el Reino Unido.
De acuerdo con el primer ministro británico, David Cameron, el Fiscal General de su país coincidió en que existía «una base legal» para atacar a Khan.
Pero ¿cuál es el estatus legal de operaciones de ese tipo?
La pregunta se hace pertinente después de que grupos de derechos humanos y figuras públicas expresaran su preocupación por este tipo de actividades por parte de un país que no está en guerra.
«Artículo 51»
Efectivamente, el exfiscal general Dominic Grieve ha dicho que la decisión de lanzar el ataque podría ser «legalmente revisada o desafiada».
Y para el parlamentario conservador David Davis la acción equivaldría a una«ejecución extrajudicial» sin los controles formales.
Image copyrightPACon el objetivo de justificar su decisión, sin embargo, el gobierno indicó que estaba actuando en el marco del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, la cual indica que los estados miembros tienen «derecho inherente a la autodefensa».
Cameron dijo que había «evidencia clara» de que ataques armados estaban siendo planeados para ser perpetrados en el Reino Unido.
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Arto.51:«Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales».
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En un artículo publicado en el periódico británico The Guardian, el experto en derecho Joshua Rozenberg asegura que el ataque (contra los dos yihadistas británicos) «parece estar dentro de la ley».
Según el especialista, el derecho internacional y la ley inglesa no obligan a esperar a que un agresor ataque antes de tomar represalias siempre y cuando la acción sea proporcionada y necesaria.
Aunque, para Phillipe Sands, profesor de derecho de University College London, en el marco del artículo 51 es necesario demostrar que un ataque armado está ocurriendo o es inminente.
El ejemplo de EE.UU.
Estados Unidos ya apeló al artículo 51 para justificar la muerte, en una operación ejecutada con un dron estadounidense, de Anwar al-Awlaki, un clérigo radical estadounidense de descendencia yemení vinculado con ataques y conspiraciones en diferentes partes del mundo.
La operación militar ocurrió en Yemen en 2011.
Image copyrightAFPTras un intento fallido por hacer estallar un avión mientras volaba por Detroit en 2009, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama autorizó a la Agencia de Inteligencia Central matar a Awlaki.
Su familia dijo que no era un terrorista y lanzó un desafío legal para impedir que Estados Unidos ejecutara a alguno de sus ciudades sin un proceso judicial.
Y después de la muerte de Awlaki, David Barron, asistente del fiscal general de Estados Unidos, citó en una opinión jurídica una decisión de 2006 de la Corte Suprema israelí que establecía que los asesinatos selectivos eran una forma de autodefensa legítima.
Image copyrightAFPPara Sands, sin embargo, la implementación del gobierno británico del artículo 51 representa una «nueva dirección» por parte del Reino Unido, que había previamente tratado casos como este como un asunto criminal y no como un asunto de derecho internacional.
Ahora, asegura, «el paradigma bélico» de Estados Unidos ha sido adoptado por la nación europea.
«Planificar un ataque futuro en un lugar lejano nunca ha sido lo suficientemente convincente para el derecho internacional en lo que respecta al uso de la autodefensa. Tiene que ser inminente y se necesita evidencia (de ello)», señaló Sands.
Y añadió que el fiscal general tenía que clarificar la legalidad de la situación.
Pasado
Los laboristas y los demócratas liberales han hecho un llamado para que los ministros publiquen las recomendaciones jurídicas sobre el tema, pero Downing Street aseguró que no lo hará.
Kat Craig, directora legal del grupo en defensa de los derechos humanos Reprieve, dijo que eso significa que el primer ministro «se ha dado a sí mismo un poder secreto inapelable» para matar a cualquier persona en el mundo en cualquier momento.
Algunos argumentan que el gobierno debería haber pedido una aprobación parlamentaria para ejecutar la acción militar, especialmente después de que la Cámara de Comunes votara contra los ataques aéreos en Siria.
Image copyrightReutersPero pese a que podría haber una convención en relación a la importancia de consultarle al parlamento, no existe un requisito legal de hacerlo, indicó Rozenberg.
El tema continuará dividiendo la opinión pública, como sucedió con el conflicto de Irlanda del Norte, cuando las autoridades británicas fueron acusadas de implementar una política de «disparar a matar».
En 1995, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos encontró que la muerte a tiros de tres miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés) en Gibraltar fue una violación del artículo dos de la Convención Europea de los Derechos Humanos que establece el «derecho a la vida».