IGUALA, México, 23 sep 2015 (IPS) – El comedor de la Parroquia de San Gerardo, en el estado mexicano de Guerrero, está convertido en un memorial del espanto. Largas filas de fotografías cubren las paredes del galerón. Son decenas de rostros de personas ausentes, desaparecidas, raptadas y extraídas de su vida sin dejar rastro.

La mayoría son personas del norte del estado, el más pobre de México y uno de los más asolados por la violencia. La base de datos del comité de búsqueda suma a 350 personas desaparecidas y cada semana se suman más.

En el último año, esta parroquia de Iguala ha sido refugio, cada martes, de familias que han perdido el miedo a denunciar y a buscar a sus desaparecidos en el cementerio clandestino que se descubrió en los cerros que rodean a esta ciudad a partir de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.

Aquella noche, los estudiantes fueron atacados por la policía municipal de Iguala y -según se sabe ahora por la ardua investigación de un grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–  hubo una acción concertada entre distintas fuerzas del Estado, incluidos militares y federales, que duró varias horas y tuvo al menos nueve escenarios.

Los agentes municipales ejecutaron a cinco civiles, entre ellos dos estudiantes; uno más fue torturado y su cuerpo apareció horas después junto a un basurero. Se llevaron detenidos a otros 43 normalistas, como se llaman en México a los estudiantes de magisterio, que en su mayoría cursaban el primer año.

Al cumplirse el primer aniversario del ataque, este sábado 26,  solo se ha localizado a uno hecho cenizas y dentro de una bolsa de plástico, mientras estos días se investiga el probable hallazgo de un segundo.

De los demás, no hay rastros.

El ataque a los normalistas destapó el albañal de la alianza entre políticos locales y grupos criminales y revivió el dolor de los 30.000 desaparecidos que, según las organizaciones de derechos humanos, dejó la estrategia militar de seguridad instauró el expresidente Felipe Calderón en enero de 2007 y visibilizó el Movimiento por la Paz, encabezado por el poeta Javier Sicilia.

Enrique Peña Nieto, en la Presidencia  desde diciembre de 2012, mantuvo la política de seguridad militar, pero sus efectos se hicieron invisibles por una estrategia mediática que concentró sus esfuerzos en promover reformas constitucionales para abrir los sectores de energía y telecomunicaciones a la industria privada.

Solo en el primer año, su gobierno invirtió cerca de 500 millones de dólares en publicidad oficial, según un estudio conjunto del Centro de Análisis e Investigación Fundar y del Artículo 19.

Pero  la violencia se mantuvo y según una investigación del diario El Universal, publicada en esta semana previa al aniversario del ataque a los normalistas, en 2014 las fiscalías del país reportaron más de 5.000 personas desaparecidas. Es decir, 14 cada día.

También destacan casos como el de norteño estado de Nuevo León, donde se han localizado 31.000 restos humanos entre 2011 y 2015, que han llevado a la identificación de 30 personas.

“La diferencia es que ahora las violaciones a los derechos humanos se están dirigiendo también contra defensores de derechos humanos y al movimiento social organizado”, dijo a IPS el activista Héctor Cerezo, quien ha documentado las desapariciones forzadas de defensores y líderes sociales durante los últimos cuatro años.

Durante el mandato de Peña Nieto, “hemos documentado 81 defensores que han sido víctimas de desaparición forzada; en el de Calderón documentamos 55. En total son 133 defensores, de 2006 a la fecha, que está documentado que el Estado se los llevó”, detalló

“Quizá parece poco en un universo de miles de desaparecidos, pero indica un incremento en las estrategias de control social por parte del Estado mexicano”, planteó el activista.

El informe “Defender los Derechos Humanos en México: la represión política, una práctica generalizada”, presentado el 27 de agosto por el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, documenta 860 violaciones de derechos humanos contra activistas y luchadores sociales entre junio de 2014 y mayo de 2015.

El registro de violaciones incluye colectivos –47 organizaciones de la sociedad civil y 35 comunidades—y un aumento de detenciones arbitrarias, que casi se duplicó.

Entre ellas, se cuentan las derivadas de una protesta de jornaleros agrícolas en el norteño estado de Baja California, que trabajan en condiciones de esclavitud, y las movilizaciones de maestros durante el proceso electoral de junio en el sureño estado de Oaxaca y en el suroccidental Guerrero, en las que dos manifestantes fueron asesinados.

Para Cerezo, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa se enmarca en esta estrategia de control social.

“No se explicaría la brutalidad, la dimensión de la agresión y que el gobierno haya asumido tanto costo político solamente por un asunto de drogas. Es una desaparición ‘ejemplificante’ para el movimiento de derechos humanos y el movimiento social”, insistió.

En todo caso, el brutal ataque a los estudiantes ha puesto en evidencia la gravedad de la crisis de derechos humanos en México.

Investigaciones periodísticas documentaron este año al menos 80 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército y la Policía Federal en tres supuestos combates con grupos del crimen organizado, en los estados de México y Michoacán.

En Iguala, las brigadas de civiles que salieron a buscar a sus familiares en los cerros localizaron 104 cuerpos en fosas clandestinas, aunque solo nueve han sido identificados.

“No es solo Ayotzinapa, así está todo el país” dijo a IPS una de las brigadistas, Graciela Pérez, quien busca a su hija desaparecida hace tres años en una zona del sur de Tamaulipas (a 750 kilómetros al norte de Iguala), donde ella sola documentó la ubicación de 50 fosas clandestinas entre enero y febrero de este año.

La crisis forzó una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitada por organizaciones de derechos humanos, que se realizará del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Además, en el Congreso legislativo hay están en espera de discusión cuatro iniciativas para una Ley General de Desaparición Forzada, que permita tipificar el delito.

“La desaparición forzada de un grupo grande de personas, integrantes de un movimiento social, es la primera en su tipo en el México contemporáneo”, dice el informe del Comité Cerezo, en referencia a la desaparición de los estudiantes.

Los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala iniciaron este miércoles 23 un ayuno de 43 horas, un día antes de ser recibidos por el presidente, mientras sábado 26 está convocada una mega marcha en la capital mexicana, en demanda de que aparezcan y se esclarezca el caso.

Editado por Estrella Gutiérrez

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