El Acuerdo Transpacífico, negociado de forma ultrasecreta, blindará a los grandes inversionistas extranjeros y a los monopolios de la salud en Perú.

 Hace pocas semanas, justo en el inicio de las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, cuya sede fue Lima, conocimos la noticia de que se habían cerrado las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés).

 Así, se dieron por finalizadas las largas y al parecer interminables negociaciones del TPP, acuerdo que se negoció durante varios años entre Estados Unidos y once países (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam). Cabe mencionar que el Perú ya tiene acuerdos comerciales con por lo menos seis de estos países (Estados Unidos, Canadá, Chile, Japón, México y con Singapur), según la página web del ministerio de Comercio Exterior y Turismo. ¿Por qué otro acuerdo con países con los que ya tenemos acuerdos?

El TPP es un nuevo tratado de libre comercio (TLC ) que busca establecer un nuevo estándar internacional, mucho más exigente con las reglas de comercio que lo que ya se tiene, y que le permita a Estados Unidos enfrentar -y sobre todo frenar- a China. Esta lógica, al parecer, calza perfectamente con la política peruana de protección y promoción de las inversiones.

Este acuerdo, como otros ya negociados, va nuevamente más allá de los asuntos meramente comerciales; es decir, es un tratado que pretende abarcarlo todo en diferentes campos desde una perspectiva liberalizadora: agricultura, servicios e inversiones, compras públicas, políticas de competencia, reglas para la transparencia, mecanismos de solución de controversias, estándares ambientales y laborales, propiedad intelectual, entre otros temas.

Ya desde 2012 teníamos noticias sobre las pretensiones de Estados Unidos de incluir medidas en beneficio de los grandes inversores, como mecanismos de protección para las inversiones en medicamentos biológicos no vigentes en el Perú, que fortalecerían los monopolios de la gran industria de medicamentos, así como también en la transmisión de información a través de Internet, o protecciones aún mayores en el ya existente mecanismo inversionista-Estado.

Es decir, en el TPP desde un inicio se ha presionado por incluir medidas que ya fueron rechazadas en otras negociaciones para otros tratados en el Perú. Lo mismo ha pasado en otros países durante la negociación.

Para los peruanos y peruanas no ha sido fácil seguir este acuerdo comercial. En realidad no lo ha sido para ningún país en el mundo, ya que hablar de las negociaciones del TPP es hablar del secretismo con el que se han llevado a cabo.

 Se puede decir sin ninguna duda que durante las negociaciones del TPP se retrocedió en los pocos mecanismos de transparencia e información con que contaba la población peruana para conocer lo que se estaba negociando con este acuerdo comercial.

 En las conversaciones del TLC con Estados Unidos se podía acceder a los textos, con muchas restricciones, pero al menos se podía saber de qué hablábamos.

En las negociaciones para el TLC con la Unión Europea había una diversificada convocatoria para las reuniones.

Y así podrían citarse otros puntos que evidencian el retroceso en la transparencia y el acceso a la información de las y los interesados de la sociedad civil, gremios, organizaciones civiles, y la población en general.

Desde el ministerio de Comercio Exterior y Turismo podrán hablar de sus múltiples convocatorias y colocar a la RedGE como ejemplo de una organización no gubernamental que ha participado en la mayor parte de las reuniones, pero eso de ninguna manera valida un ejercicio de transparencia.

No se han buscado realmente espacios de diálogo para discutir sobre lo mejor para el país, no se ha informado debidamente más allá de indicar los porcentajes de avance de las negociaciones, siempre aludiendo a que este tipo de cuestiones no pueden ser reveladas porque se trata del interés nacional.

Si no fuera por WikiLeaks y los aliados internacionales no hubiéramos podido estar informados de nada.

Debe abrirse un espacio de discusión pública acerca de los temas que se negocian en los acuerdos comerciales, que incluya a la mayor cantidad de organizaciones representantes de los diferentes sectores; de lo contrario no podemos hablar de transparencia y acceso a la información.

“Superderechos” de los inversionistas vs. capacidad reguladora del Estado

La política de apertura comercial no es nueva. En el Perú viene facilitándose la normativa en aras de la atracción de inversiones desde la década de 1990, y los TLC son el resultado perfecto de un blindaje de la inversión extranjera. En esta lógica calza perfectamente el TPP.

El capítulo de inversiones es clave para el Perú.

 El hecho de que en este acuerdo se haya contemplado un capítulo de protección de las inversiones y la incorporación de un mecanismo de arbitraje es preocupante.

Este tipo de mecanismos permite a los inversionistas demandar a los Estados ante tribunales internacionales sin pasar por la justicia nacional; aunque a decir verdad esto no es nuevo.

 Este tipo de «súperderechos» surgen con los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y los TLC, que establecen que la inversión extranjera puede recurrir a tribunales internacionales, tales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés).

Además, este mecanismo bloquea la capacidad reguladora de los Estados en función de los propios intereses de los países en diversos temas como salud o ambiente, que son claves para el caso peruano.

Perú ya tiene millonarias demandas amparadas en acuerdos comerciales y otras latentes y, aunque el ministerio responda que la mayoría de arbitrajes los ha ganado el país, ¿no sería más serio evaluar este mecanismo a la luz de la experiencia de los TBI y TLC?

¿Acaso debemos seguir reforzando y, peor aún, ampliando este modelo de atracción de inversiones?

¿No somos testigos de los problemas que viene generando este mecanismo a los Estados?

Quizás aún haya tiempo para corregirlo pero todo va en contra del optimismo, sobre todo cuando también se pretenden ajustar las normas nacionales en beneficio de las grandes inversiones.