El Ayuntamiento de Madrid no renovará los contratos con las agencias de calificación Standard & Poor’s y Fitch, que vencen este jueves y que han supuesto un desembolso para las arcas municipales de más de 100.000 euros en 2015. La decisión, que ya había sido anticipada por el Gobierno municipal que dirige Manuela Carmena, se produce después del enfrentamiento público entre el Consistorio y las empresas a cuenta de la decisiones de la institución.

Madrid justifica la decisión en que supondría una «reducción del gasto en partidas que no benefician directamente a la ciudadanía». En concreto, según ha informado el Consistorio en un comunicado, Fitch ha recibido 50.469,12 euros por sus servicios de este año, mientras que Standard & Poor’s ha cobrado 56.481,55 euros. Además, el gasto total desde 2002, cuando comenzó la relación comercial de ambas agencias con el Ayuntamiento, supera el millón de euros.

El Ayuntamiento ya avanzó hace unos meses su desconfianza con ambas agencias. El coordinador general de Alcaldía, Luis Cueto, afirmó en octubre que estas compañías tienen «muy cuestionada su capacidad» y recordó que poco antes de la quiebra de Lehman Brothers en 2008, que supuso el inicio de una gran crisis financiera mundial, las agencias dijeron «que tenía una solvencia maravillosa».

La función de estas agencias es analizar y otorgar una nota  a los productos financieros de empresas o gobiernos. Para ello, suelen mantener reuniones periódicas con las instituciones a las que fiscalizan. El pasado mes de octubre, la cadena Ser publicó las grabaciones de una de las citas entre el concejal de Hacienda de Madrid y representantes de Fitch. En los audios se escucha cómo los empleados de la agencia de calificación cuestionan algunas decisiones municipales, como la auditoría de la gestión de empresas públicas como Madrid Destino o se interesan por la retirada de una subvención municipal a una escuela de tauromaquia.

El Gobierno municipal ha subrayado su «apuesta por la transparencia y la reducción del gasto en partidas que no benefician directamente a la ciudadanía, concentrando el esfuerzo en el gasto social y la inversión en los distritos». Igualmente, ha reafirmado que no tiene intención de emitir deuda, ya que mantiene como eje fundamental financiar las políticas públicas de gasto con recursos propios sin necesidad de contraer nuevos créditos.

Tras reconocer que las agencias privadas son, por lo general, un requisito a la hora de recibir créditos y, en ocasiones, para negociar las condiciones de pago de los mismos, el Gobierno municipal ha recalcado que no tiene intención de contraer más créditos, «más allá de la cuantiosa deuda que recibió», y que «el margen para negociar el pago de intereses y devolución de crédito es además muy limitado con las condiciones impuestas».

El pago de la deuda, que hasta ahora suponía un 27 por ciento del Presupuesto (1 de cada 4 euros se iban a deuda en 2015) ronda el 15 por ciento en 2016. Además, se respetan las obligaciones contraídas, «pero se da prioridad a la inversión social frente a una amortización anticipada que no revierte en beneficios para la ciudadanía».

A su juicio, es fundamental «el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas públicas con todos los grupos municipales, organismos públicos europeos y estatales, y con la propia ciudadanía», pero ésta «no tiene que pasar necesariamente por el pago a entidades privadas encargadas de emitir valoraciones objetivas y neutrales de los países, empresas y administraciones que analizan».

«Son muchos los ayuntamientos que no mantienen ningún tipo de relación contractual con agencias de calificación», ha concluido el Consistorio.

http://www.eldiario.es/madrid/Ayuntamiento-Madrid-contratos-calificacion-costaron_0_468253322.html