Rose Nakanjako es seropositiva pero tuvo suerte de que no la esterilizaran y sus dos hijos nacieron sin el VIH. Crédito: Michael Wambi / IPS
– Monica Mayimuna – no es su nombre real – es portadora del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) desde hace más de 10 años y quiere tener un bebé, pero no puede porque en un hospital público de Uganda le retiraron el útero contra su voluntad cuando fue a dar a luz a su último hijo, ahora de ocho años.
“Me extrajeron el útero en 2007… el médico me preguntó por qué estaba embarazada. Le dije que quería tener un tercer hijo. Y me respondió, ‘ustedes los que viven con el VIH nos irritan porque entienden su situación pero igual vienen a molestarnos”, afirmó Mayimuna.
“Tuve el bebé por cesárea. En ese momento no sabía que me habían quitado el útero. Pasó el tiempo y quise otro bebé. Esperé uno o dos años pero no quedé encinta. Fui al hospital para averiguar por qué. Entonces me lo dijeron… quedé dolida y me pregunté por qué los médicos no me informaron ni me dieron una explicación”, expresó.
Mayimuna es una de las mujeres cuyo caso quedó documentado en una encuesta realizada por la Comunidad Internacional de Mujeres que Viven con VIH/Sida de África Oriental (ICWEA, en inglés), en el marco de una campaña para mejorar los derechos de salud sexual y reproductiva de un millón de jóvenes afectados por el virus que causa el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) en cinco países africanos y asiáticos.
La encuesta abarcó a 744 mujeres seropositivas de Uganda y fue la primera de su tipo en documentar presuntos casos de esterilización forzada. ICWEA y otros grupos también documentaron 50 casos adicionales en Kenia.
Dorothy Namutamba, de ICWEA, dijo a IPS que de las 72 esterilizaciones reportadas en la encuesta, 20 mujeres habían sido obligadas a someterse a la operación irreversible.
“La mayoría de los casos se produjeron en hospitales públicos durante el parto cuando se les practicaba una cesárea. Once mujeres (con una edad promedio de 29 años) fueron obligadas a someterse a la esterilización. Los trabajadores de la salud no les comunicaron correctamente sobre el procedimiento. No firmaron un formulario de consentimiento. Algunas recién se enteraron años más tarde, cuando no lograron quedar embarazadas”, explicó.
“En estos casos se les informaba mal a las madres. Por ejemplo, entendieron que el procedimiento sería reversible, que las trompas (de Falopio) ‘atadas’ podrían ‘desatarse’ más adelante. O los trabajadores de salud las convencían que la esterilización sería la mejor opción”, añadió.
Entre los efectos de la esterilización forzada se incluye el traumatismo psicosocial, la pérdida de la identidad femenina, el abandono de los cónyuges y la violencia de género debido a la incapacidad para concebir hijos.
“Varias mujeres declararon aislamiento social – la incapacidad para encajar en la comunidad y la familia. Las demandas de los maridos de tener más hijos tuvieron gran impacto en su bienestar social”, señaló Namutamba.
Lillian Mworeko, la directora ejecutiva de ICWEA, agregó algunos casos de esterilización ocurrieron en 2014.
Las mujeres que viven con el VIH en Uganda experimentan diversas formas de violación de sus derechos sexuales y reproductivos, que van desde la falta de información, el maltrato durante el proceso de búsqueda de los servicios de salud reproductiva en los centros sanitarios y la esterilización forzada, denunció.
La activista considera que habrá que investigar más para averiguar por qué el personal sanitario coacciona a las madres a aceptar la esterilización. “Nuestro interés se centró principalmente en las mujeres que viven con el VIH. Pero concluimos que la esterilización forzada es una práctica generalizada con incentivos para los trabajadores de la salud”, sostuvo.
La práctica tiene “el apoyo de algunas organizaciones. Funciona así – ‘traigan a las mujeres, que las esterilicen y que los trabajadores de la salud reciban dinero”, aseguró Mworeko.
Se las obligó a la esterilización aunque los avances científicos confirman que las mujeres VIH positivas dan a luz a hijos sin el virus, subrayó.
“No podemos continuar trabajando con políticas concebidas en una época en que no teníamos tratamiento. Debemos avanzar con la ciencia, con la evidencia. Si decimos que las mujeres pueden tener bebés que son VIH negativos, ¿qué están diciendo nuestras políticas?”, cuestionó.
“Como el trabajador de la salud sigue con la idea de que esta mujer es VIH positiva y la única solución es hacer que deje de dar a luz”, expresó Mworeko.
Babirye Joy – no es su nombre real – es otra de las víctimas de esterilización forzada. Tenía 23 años en 2010 cuando personal de la salud, en connivencia con sus hermanas, la obligaron a adoptar este método anticonceptivo permanente.
“Mi hermana me llevó al médico cuando estaba a punto de dar a luz. No solicité la esterilización, pero ella me dijo que el médico la recomendaba. No se me dio información alguna sobre el procedimiento y no tuve oportunidad de formular preguntas”, contó.
“Después descubrí lo que se me hizo cuando fui a… hacerme un chequeo. La máquina reveló que mis trompas de Falopio estaban cortadas. No me lo habían dicho ni firmé un formulario de consentimiento”, manifestó la joven.
John Baptist Wanyayi, el funcionario sanitario a cargo de Mbale, uno de los distritos donde se realizó la encuesta, declaró que en el marco actual la esterilización solo se realiza con el consentimiento de la mujer o la pareja en cuestión.
“En la mayoría de los casos, los médicos consideran los peligros que la mujer embarazada atraviesa en ese período y que pueden ser el factor determinante para esas esterilizaciones en esa etapa. Porque se teme que el próximo embarazo pueda ser peligroso para esa madre y probablemente la condición del VIH no haya sido el factor primordial”, opinó el médico.
Según Wanyayi, en el período prenatal es posible que las mujeres consientan al método anticonceptivo permanente pero después cambien de opinión en otro momento cuando quieren tener otro hijo. Los resultados de la encuesta revelan las contradicciones existentes entre las políticas de gestión y atención del VIH y la planificación familiar en Uganda, añadió.
Patrick Tusiime, el funcionario sanitario encargado de otro distrito donde se realizó la encuesta, dijo a IPS que la esterilización forzada es una violación grave de los derechos de salud reproductiva de la madre.
“Muchos de estos casos son acciones individuales. Pero debemos incluir a las parteras y llamarlas al orden. Porque cuando al personal de enfermería o médico se nos forma en la facultad de medicina no se nos dice que esterilicemos a la gente en contra de su consentimiento”, destacó.
Traducido por Álvaro Queiruga
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