El Juzgado número 7 de Parla (Madrid) y la Fiscalía Anticorrupción han comprobado en los últimos días que actuar contra un bastión de la economía china, como es el banco ICBC, trae más quebraderos de cabeza a los funcionarios de justicia que cualquier otra sobre blanqueo de capitales. La delegación diplomática china ha puesto el foco en la excarcelación de la directora adjunta de la entidad, Xiuzhen Wang, considerada por los investigadores la representante del Partido Comunista Chino en la entidad bancaria.

El último episodio ha sido el rechazo por parte de Anticorrupción del recurso que pedía la excarcelación de Wang alegando una supuesta enfermedad mental que, sin embargo, no le impedía ser la número dos de la entidad en España. Los investigadores creen que se trata simplemente de una argucia y, en este sentido, Anticorrupción se ha opuesto a la excarcelación. El escrito de la Fiscalía es del pasado jueves y está pendiente de que sea resuelto por la jueza. Las fuentes consultadas apuntan a que Wang seguirá en prisión provisional.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al ICBC (Banco Industrial y Comercial de China, en sus siglas en inglés) tuvo su punto álgido el pasado 17 de febrero, cuando los agentes detuvieron a seis responsables de la entidad bancaria. Entre ellos el director general en España, Wei Liu, y su número dos, la citada Wang. Ellos dos y un tercero, Liu Wang, exdirector general del banco para toda Europa, fueron enviados tres días después a prisión incondicional por la jueza de Parla. Los tres detenidos restantes, de menor responsabilidad en el banco, pudieron pagar una fianza de 100.000 euros cada uno y salir en libertad provisional.

Pero desde esa decisión de la jueza, las presiones públicas que arrancaron en el momento de la detención se multiplicaron con discreción. Diplomáticos chinos trasladaron a Anticorrupción argumentos de todo tipo sobre la necesidad de excarcelar a Xiuzhen Wang cuanto antes. Entre ellos, uno tan peregrino desde el punto de vista jurídico como que tiene una hija de 17 años. Finalmente, en el recurso contra la decisión de la jueza optaron por el de la enfermedad mental.

Para entonces, la hiperactividad china en este sentido ya había llegado al Juzgado. Dos días después de la operación, el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hizo pública una nota en la que aclaraba que, “a efectos judiciales, el banco se encuentra operativo”. “La entrada y registro se produjo en el estricto marco de las diligencias previas de investigación y, por tanto, no existe intervención judicial alguna sobre la entidad bancaria”, decía la nota. Las fuentes consultadas por eldiario.es aseguran que la aclaración es fruto de esa presión ejercida por las autoridades chinas y que los investigadores acumulan indicios de que la propia actividad del banco está diseñada para blanquear.

La operación Shadow, como fue bautizada por la UCO, se encuentra bajo secreto de sumario, pero ha trascendido que es consecuencia de las investigaciones con motivo del golpe a una red de blanqueo de capitales chinos efectuada en mayo de 2015 y en la que fueron detenidas 32 personas. Junto a otras 47, que no fueron arrestadas pero igualmente imputadas, estaban acusadas de integrar una organización que habría cometido los siguientes delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Aquella operación fue bautizada como Snake.

La organización desarticulada se saltaba los impuestos de aduanas y el IVA en la importación de material para los bazares que hay en España. Las ganancias tampoco eran declaradas y ahí es donde arranca la operación Shadow. Según fuentes de la investigación, el ICBC era uno de los mecanismos que utilizaba la red para blanquear las ganancias y enviarlas a China sin pagar impuestos.

El ICBC es una entidad estatal, considerada a nivel financiero la más grande del mundo. En su último balance de resultados, correspondiente a los primeros nueve meses de 2015 y recogido por El País, declaró 70.000 millones de euros en ventas, 30.600 en beneficio y más de 3 billones de euros en activos. A España no llegó hasta 2011, con una primera sucursal en Madrid a la que siguió la apertura de otra en Barcelona, un año después.

La importancia de la operación policial es tal para el banco, de titularidad estatal, que su director para toda Europa, Chen Fei, se desplazó a las 48 horas a Madrid. La Embajada en España advirtió desde el principio que seguía “muy de cerca” el operativo, al tiempo que remarcaba: “El Gobierno chino siempre exige a las sucursales de empresas chinas acreditadas en el extranjero un riguroso acatamiento a la ley y las estipulaciones tanto de China como del país donde trabajan”. “Según los datos que obran en nuestro poder -añadía-, estas sucursales en España han podido actuar según esta exigencia”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, tuvo que recibir al embajador chino y recordarle que el procedimiento cuenta con «todas las garantías de que que se hace por un juzgado independiente» y que en España «rige la separación de poderes».

«Amenazas» por Gao Ping

Pero el carácter estatal no explica, por sí solo, la reacción china. En la operación Emperador se desarticuló un grupo que se enriquecía en España y que defraudaba hasta 300 millones de euros anuales. Ningún funcionario chino o entidad pública del país resultó afectada, pero eso no evitó el tono de las advertencias, directamente “amenazas”, según recuerdan algunos investigadores, de la Embajada china cuando se desplegó la operación contra la red de Gao Ping.

Esa embestida no afectó a la operación dirigida por el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional. El presunto líder del grupo estuvo  en prisión incondicional dos años y tres meses y tuvo que abonar una fianza de 400.000 euros para poder salir en libertad provisional.

Por otra parte, China logró que España reformara su Ley de Enjuiciamiento Criminal para acabar con la justicia internacional. Una enérgica protesta de sus autoridades por las órdenes de busca y captura dictadas desde la Audiencia Nacional contra un grupo de jerarcas del régimen chino, en relación con los crímenes del Tíbet, llevó al Grupo Popular en el Congreso a tramitar por la vía de urgencia una propuesta de reforma, aprobada con los votos de la mayoría absoluta del PP la pasada legislatura.

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