Hoy en Grecia somos testigos de una verdad que la izquierda anticapitalista conoce bien o debería conocer bien: un gobierno que se bate en retirada sobre las cuestiones de economía, un gobierno que se vuelve hacia la derecha en términos de orientación de clase, es un gobierno que retrocede en todos los frentes.
La política del gobierno de Tsipras sobre la crisis de las personas refugiadas es una política que retrocede ante el racismo: las personas refugiadas continúan ahogándose en el mar Egeo. Quienes ha alcanzado el país son “albergados” en condiciones miserables, que se vuelven peores tras las decisión de los países de los Balcanes de cerrar las fronteras, de cerrar el “pasillo de los Balcanes” hacia la UE”.
El “Consejo de jefes políticos” ha sido convocado el vienes 4 de marzo de 2016 por Alexis Tsipras, el jefe de un gobierno griego determinado a aplicar todas las exigencias austericidas de las instituciones internacionales (Troika) y de lo esencial del capital griego. Pero este último podría tener que hacer frente a una crisis interna del ejecutivo a finales de marzo de 2016 con ocasión del depósito de un paquete de leyes: sobre la seguridad social, la ley laboral, la ley sobre los impuestos, etc.
Este Consejo reúne a los dirigentes de los partidos parlamentarios y se celebra bajo la presidencia de Prokopis Pavlopoulos, miembro de Nueva Democracia (ND). El 18 de febrero de 2015, fue elegido Presidente de la República helénica. Un solo voto, el de Ioanna Gaitani -entonces diputada de Syriza y miembro de DEA-, se opuso a su nombramiento. Esta posición ha sido validada por la evolución de la dirección de Syriza y de su aparato gubernamental.
El Consejo de jefes políticos es convocado habitualmente para asuntos particularmente importantes. Oficialmente, la agenda trataba sobre la crisis de las personas refugiadas. En realidad, todo el mundo sabe que el objeto de la discusión era la organización del consenso. Hay numerosas previsiones según las cuales se efectuará una ampliación de la base parlamentaria del gobierno Syriza-ANEL (Griegos independientes), una ampliación que podría llegar a tomar la forma de un gobierno de unidad nacional (con la participación de ND), si el peligro de pérdida general del control de la situación política se afirma.
Solo unos meses después de las elecciones del 20 de septiembre de 2015, Tsipras, que estaba entonces “triunfante”, se vuelve hacia los vencidos para demandarles ayuda. Confiesa así su dificultad para gestionar una crisis social y política profunda.
La credibilidad y la configuración del gobierno se degradan a un ritmo acelerado. Debe hacer frente a un doble problema: de una parte, se encuentra frente a las dificultades de la aplicación del Tercer Memorándum y, de otra, se encuentra frente a la crisis de las personas refugiadas tanto en el plano de las relaciones con la OTAN, Turquía y el ejército, como en el de la incapacidad de responder a ella mínimamente: hay proyectos gubernamentales de organización de verdaderos campos de concentración, rodeados y vigilados por el ejército y otras fuerzas, campos alejados de los centros urbanos… En efecto, ¡el turismo va a hacer su aparición en mayo!
Sin las múltiples acciones de solidaridad de la población, que sustituye en gran medida a las instituciones invisibles, las personas refugiadas conocerían aún una situación más terrible. Esta solidaridad concreta obstaculiza la utilización de la “crisis de los derechos de los refugiados” por los neonazis de Amanecer Dorado, cuya presencia se manifiesta solo en el norte del país donde confluyen la “cuestión macedonia” (es decir un ascenso nacionalista) y la de un número enorme de personas refugiadas abandonadas por el gobierno: hombres, mujeres y niños sobreviven en el barro.
El primer test al que debía enfrentarse Tsipras, tras la mutación de Syriza y la firma del vergonzoso acuerdo del 13 de julio de 2015 con los acreedores y los “euro-führer” (por analogía al calificativo usual alemán de Wirtschaftsführer), era su obligación de aplicar una contrarreforma salvaje del sistema de seguridad social. Las ideas principales de la reforma, planteadas por el Ministro de Trabajo, Georgios Katrougalos, tendrían como resultado la desintegración definitiva del sistema público de seguridad social y, a partir de ahí, el apoyo a la entrada de las firmas privadas en el sector de las jubilaciones y la atención sanitaria.
Estas “ideas” han provocado grandes movilizaciones de los agricultores y de los científicos independientes (“profesiones liberales”) que serían evidentemente las primeras víctimas de la contrarreforma. El gobierno ha intentado, con ansiedad, evitar las movilizaciones de los obreros -consecuencia del éxito de la huelga general del 4 de febrero de 2016- haciendo la promesa de que las jubilaciones de los asalariados no serían tocadas. Todo el mundo sabe que esta promesa es totalmente falsa.
Por el momento, estamos en una situación de tregua de las movilizaciones. Las direcciones reales de los agricultores y de las “profesiones liberales” han retrocedido finalmente, tras las promesas de Tsipras de organizar un “diálogo”.
A propósito de esto, la posición del KKE (PC) ha jugado un papel importante: en los sindicatos de trabajadores, votaba a favor de la huelga general pero… planteándola para más tarde. De esta forma daba al gobierno el tiempo necesario para organizar sus maniobras para preparar el fin de marzo. El papel del KKE ha sido peor frente a los agricultores. Ha aceptado participar en el “diálogo” con Tsipras, y luego ha propuesto detener las movilizaciones prometiendo recuperarlas… más tarde. Una vez más, está demostrado que nuestro juicio sobre el papel de cada fuerza efectiva de la izquierda debe estar fundado en la constatación de sus acciones y no en sus declaraciones.
A pesar de esto, todo el mundo sabe que la tregua de las luchas será breve. El gobierno debe presentar la ley sobre la Seguridad Social a finales de marzo o comienzos del mes de abril de 2016 como muy tarde. Y entonces, deberá enfrentarse, de nuevo, con una movilización general.
Lo peor para Tsipras es que los acreedores, con la intensificación de la crisis, demandan cada vez más. La Troika exige bajadas generales de las jubilaciones (¡y las caracteriza como “demasiado generosas”!) mientras que el FMI declara que la condición para continuar su participación en el “programa de ayuda” griego implica la toma de las medidas adicionales de “rigor” que equivalen a 7,5-9 mil millones de euros, ¡incluyendo la bajada del miserable salario mínimo! Es muy difícil para el gobierno de Syriza -a pesar de todas las contradicciones entre su retórica y su política real- asumir una política así.
Hoy en Grecia somos testigos de una verdad que la izquierda anticapitalista conoce bien o debería conocer bien: un gobierno que se bate en retirada sobre las cuestiones de economía, un gobierno que se vuelve hacia la derecha en términos de orientación de clase, es un gobierno que retrocede en todos los frentes.
La política del gobierno de Tsipras sobre la crisis de las personas refugiadas es una política que retrocede ante el racismo: las personas refugiadas continúan ahogándose en el mar Egeo. Quienes ha alcanzado el país son “albergados” en condiciones miserables, que se vuelven peores tras las decisión de los países de los Balcanes de cerrar las fronteras, de cerrar el “pasillo de los Balcanes” hacia la UE.
En estas condiciones, Tsipras ha invitado a la OTAN para que la flota militar tome la misión de “rechazar” a las personas refugiadas hacia Turquía, donde tres millones de ellas están amontonadas. La presencia de la Marina de la OTAN en el Egeo complica la cuestión de la crisis de las personas refugiadas dada la guerra en Siria. En efecto, hay ya una fuerza naval rusa en el sudeste del Mediterráneo. Se añade también el factor importante del antagonismo entre Turquía y Grecia por el dominio en esta región poblada de islas (y de recursos en gas y petróleo). Hoy, el antirracismo está estrechamente ligado a la lucha antiimperialista y antiguerra.
El gobierno de Tsipras no puede gestionar efectivamente la combinación de estos problemas. Así, se abre de nuevo una crisis política profunda. Una crisis que puede llevar a un gobierno de unidad nacional o al escenario incontrolable de nuevas elecciones, obligatorias.
La Unidad Popular intenta reaccionar en estas condiciones. La UP fue derrotada en las elecciones del 20 de septiembre de 2015 (no logró el 3% necesario para entrar en el Parlamento; solo el 2,82%). Pero ha reunido a un gran número de militantes, reagrupados en organizaciones locales en todo el país. Fuerzas militantes que disponen de una experiencia en la organización de las luchas. Es una realidad que nadie puede negar.
DEA (Izquierda Obrera Internacionalista) milita en las filas de la UP. De cara a la conferencia de fundación de la UP (probablemente en mayo de 2016), llevamos a cabo abiertamente una batalla de idas por una política de la izquierda anticapitalista verdaderamente radical, pero también por la constitución y al funcionamiento democrático de la UP y su ampliación.
Actualmente, la Red Roja (en relación con DEA) organiza discusiones en todo el país. Defendemos en ellas la necesidad de reunir a toda la izquierda anticapitalista radical alrededor de la UP: desde Antarsya hasta los grupos radicales que abandonaron Syriza pero que no se han integrado en la UP. Discutimos sobre el programa de transición necesario para hacer frente a la UE y a la necesidad de perfilar, a partir de los combates presentes, una perspectiva socialista, de la izquierda radical (que va a la raíz de las necesidades sociales de la mayoría popular) de la que tenemos necesidad hoy.
Pero somos conscientes de que no tenemos tiempo de sobra. Los acontecimientos en Grecia van muy probablemente, de nuevo, en la dirección de una gran crisis social y política.
Antonis Ntavanellos
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